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Por
Jorge Romero Rendón
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Las muy anticipadas precampañas
que violan la ley, pero que mañosamente disfrazan de “informes” algunos funcionarios
estatales, legisladores locales y federales para posicionarse como aspirantes a
nuevos puestos de elección popular, no
son retiradas por el Instituto Electoral estatal (IEEG), porque los consejeros
tienen miedo de “molestar” a futuros influyentes, mientras que los partidos
políticos se desentienden de su obligación de poner orden.
En el ambiente de una adelantada lucha por las candidaturas a senadores,
a diputados federales y locales y a alcaldes, varios de ellos están violando la
ley al hacerse propaganda mediante spots
de radio y televisión, carteles y lonas espectaculares, con el sobado
recurso de presentar sus “informes” legislativos.
Los informes de los legisladores son válidos, pero la ley es muy clara
al especificar que solo podrán
publicitarse 7 días antes y 5 días después del acto mismo del informe, y no
deben rebasar el ámbito regional de su distrito –ahí está el caso de Armando Ríos Piter, por ejemplo, que se
salió de la Costa Grande e invade todo el estado con su publicidad-. Por eso es
que los diputados y senadores que hacen propaganda evitan mencionar la fecha de su informito, precisamente para evitar
sanciones.
Sin embargo, lo que debe quedar claro es que toda la propaganda que han
difundido ciertos aspirantes está violando
tanto la Ley Electoral como la Constitución General del Estado de Guerrero, y
podrían ser sujetos de juicio político si la autoridad electoral y si el
Congreso del Estado se decidieran a tomar cartas en el asunto. Porque
pueden actuar de oficio, sin
necesidad de esperar a que alguien presente quejas al respecto.
Lo malo es que los consejeros electorales se escudan en que debe haber
denuncias, como lo ha expresado el consejero presidente del IEEG, César Gustavo Ramos Castro. A lo que se
opone el consejero responsable de atender las quejas, Arturo Pacheco Bedolla, quien reconoce que ese órgano electoral sí
tiene facultades legales para actuar de oficio contra aspirantes anticipados y
sobre todo para retirar todos los mensajes de propaganda, pero tampoco actúa.
Y menos cuando la permanencia de
los consejeros ha dependido del favor de los partidos, de los diputados y de
los alcaldes. Son demasiados favores que
agradecer…
Lo peor es que los consejeros electorales se resisten a entablar
polémica con los partidos políticos, bajo el argumento de que “hay violaciones
de la ley por parte de personajes de todos los partidos”, por lo que ningún
dirigente se atreverá a tirar la primera piedra. ¿Todos coludos?
Y en el colmo de la paradoja, diputados del Congreso local se aventaron
la puntada de hacerle un exhorto al
IEEG para que detenga las campañas anticipadas… cuando al menos una docena de
los diputados que lo firmaron están haciendo propaganda de precampaña y
violando la ley. ¿Cinismo o candor?
Poniendo
las cosas en orden…
Si usted revisa la legislación electoral y los documentos básicos de los
partidos políticos, se encontrará tres sorpresas
que confirman cómo se pueden detener las precampañas que NO quiere tocar el
IEEG:
1.- Las precampañas sí están
reguladas por la Ley Electoral, y por los propios partidos.-
Independientemente del método que cada partido político decida aplicar para
asignar las candidaturas que serán votadas en julio del 2012, existe un
calendario electoral en el que se tiene previsto
un período oficial de precampaña con duración de 21 días, ceñido al ámbito y a
los espacios de cada partido, y que puede llevarse a cabo entre enero y junio
del 2012.
Las fechas concretas en que podrán hacerse esas precampañas oficiales
las determinará cada partido en la
convocatoria pública respectiva. De ahí en fuera, todo acto anticipado de
campaña (así se le denomina a las precampañas en boga) viola la ley, y quien lo
haga puede ser sancionado de
diversos modos, incluyendo la negativa para ser registrado en un proceso
interno e incluso la negativa de otorgársele la candidatura a que aspire.
2.- Los partidos políticos
también pueden detener las precampañas anticipadas.- Por ley, los partidos
tienen la obligación de vigilar a sus militantes –esto le debe interesar a Efrén Leyva del PRI y a Carlos Reyes del PRD, principalmente-,
por lo que en estos momentos deberían tomar cartas en el asunto de los actos
anticipados de campaña, ordenando a sus aspirantes que retiren su propaganda e imponiendo la disciplina interna.
En caso contrario, los partidos políticos también pueden ser sancionados
conjuntamente con los aspirantes, con multas y hasta con la negativa de
registro de ciertos candidatos.
3.- Los funcionarios públicos que
aspiran a candidaturas deben ser vigilados por la Contraloría General del
Estado.- Toda promoción personal de servidores públicos en el contexto
preelectoral es un acto anticipado de campaña que viola la ley, y que debe ser
regulado o hasta sancionado por la Contraloría. Con mayor razón al existir el riesgo de que se usen
recursos públicos, pues en este caso no solo se viola la Ley Electoral,
sino la Constitución del Estado y la sanción puede llegar incluso al juicio
político.
Pero ¿quién tirará la primera
piedra? El IEEG debe asumir una posición firme, apegada a la ley, para
actuar en forma equitativa para evitar
desorden, ilegitimidad y desconfianza en el proceso electoral que se
avecina.
Ramos Castro y Pacheco Bedolla junto al resto de los consejeros electorales
ya lograron quedarse en sus puestos por otro año. Pero ¿valió la pena tanto esfuerzo legal y parlamentario para mantenerlos
allí y para que sigan cometiendo los mismos errores y desprestigiando más a la
autoridad electoral?
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