Por Rodrigo Huerta
Pegueros*
El
problema de la inseguridad pública no es exclusiva de una parte de la sociedad
sino de toda en su conjunto. Igual como le puede suceder algo fatídico a un
pobre lo puede sufrir un acaudalado, un político, un legislador, un gobernante
o un simple ciudadano de la zona urbana o rural del estado de Guerrero.
La inseguridad pública que se sufre en la
entidad es igual para todos. Claro que algunos tendrán posibilidades para
obtener un resguardo mayor al de un simple ciudadano de a pie que tiene que
caminar metros o kilómetros para abordar un autobús, una camioneta de pasajeros
pirata, un taxi clonado o un autobús urbano destartalado como los que circulan
en esta ciudad y puerto de Acapulco, sin dejar de lado a los míseros taxis de
cualquier color que se encuentran en deplorables condiciones físicas y que
deberían estar ya entre los autos chatarra retirados de circulación.
Solo
en eso se diferencia la inseguridad de un rico al de un pobre. Lo cierto es que
hoy por hoy es la mayor calamidad que sufrimos todos los mexicanos y no solo
los guerrerenses.
Pero
esta problemática se ha incrementado en forma vertiginosa por causas que tienen
que ver con la delincuencia común y no organizada y esta se refiere
explícitamente al daño que causa la extorsión
y que afecta no solo la convivencia pacífica de los ciudadanos de esta ciudad y
puerto sino de otras ciudades o comunidades que sufren el mismo flagelo, sin
que ninguna autoridad haya hablado en forma explícita y directa sobre este
nuevo fenómeno que causa verdaderos estragos en la economía local, regional y
nacional.
No
pocos han sido los ciudadanos que nos han informado sobre cómo operan las
bandas de delincuentes que se dedican a la extorsión
y que sin ningún freno llegan a lugares privados o públicos para exigir su
cuota a los empresarios, a los vendedores fijos, semifijos o ambulantes y no
han dado tregua siquiera a quienes hacen los trabajos mas humildes y pesados
como son los vendedores de raspados o churros o que en las banquetas venden pan
o bolillo. Estos humildes comerciantes son también víctimas de la criminalidad,
la cual todo ciudadano ve, pero ninguna autoridad molesta.
Y
es que si los maestros, los médicos, los profesionistas están siendo víctimas
de la extorsión por parte de
bandas de delincuencia común y no organizada, luego entonces, el gobierno en
sus tres niveles, debería de aplicar un programa específico para que se combata
de forma frontal, con prontitud y a fondo a estos delincuentes que están causando
mas daño—más que los que infringen los vendedores de drogas—al tejido social.
Si
un gobernante fuese sensible y preguntara a bocajarro a cualquier ciudadano de
la comunidad o ciudad, colonia o barrio donde visite, sobre si sabe de algún
pariente o amigo que sea víctima de los extorsionadores, estamos seguros que se
llevaría una gran sorpresa al revelársele frente así y sin ninguna
intermediación lo que en la prensa o en las redes sociales se denuncia a diario
y por lo que se demanda la acción inmediata de los procuradores de justicia, de
los encargados de la prevención del delito y de los que están capacitados para
investigarlos y combatirlos.
Los
maestros no han ido al paro por gusto. No inventaron las extorsiones. No se
imaginaron lo que les sucede sino que lo viven a diario y por ello se han
dispuesto a no acudir a sus fuentes de trabajo sin que tengan a bien una
protección real de los gobiernos. Ya se comentó que se harán acciones
tendientes a proveerlos de seguridad igual que a los médicos.
Pero
lo que no se ha dicho es ¿que harán para proveer de seguridad a la ciudadanía
en general? quien vive hoy como castigo divino la extorsión por parte de las bandas de delincuentes que en
forma por demás abierta y sin ningún recato actúan a todas horas y en todas
partes sin que haya autoridad que los detenga o contenga.
El
gobernador Aguirre puede tener todas las buenas intenciones para otorgar
garantías de seguridad a la ciudadanía, pero las fuerzas del orden público no
han preparado plan alguno para enfrentar a los extorsionadores. Hoy todo se
centra en combatir a la delincuencia organizada, esto es, a los vendedores de
drogas, pero no se han percatado que los extorsionadores han rebasado ya los
límites de tolerancia de una sociedad agraviada, temerosa, que vive en la mas
aberrante impunidad, en la inseguridad galopante y en la plenitud de la
incertidumbre.
Acapulco,
cuando menos, esta ciudad y puerto, vive situación similar a la que vivió hace
unos meses atrás ciudad Juárez. No solo por la violencia y por los muertos que
a diario aparecen en todas partes, tiroteados, decapitados o desmembrados. Sino
también sufre una situación de extorsión igualmente dañina o más que la que
vivían los juarenses.
Ahí
se aplicaron dispositivos especiales para atacar este flagelo. En Guerrero
todavía no lo hacen y ni siquiera lo han abordado menos lo van a anunciar. Pero
que la extorsión, después de la violencia es lo que tiene ocupado y preocupado
a la ciudadanía guerrerense, es innegable.
Habrá
que demandar a la autoridad estatal que ponga atención a este flagelo de la extorsión y que no solo trate de
dar protección a los maestros o a los médicos que lo demandan, sino a toda la
ciudadanía que hoy es víctima de la delincuencia común que representan los
extorsionadores.
Respuesta
inmediata antes de que sea demasiado tarde.
No
queremos que se empiece a promover el rumor de la falta de un cambio de mando,
porque sería lo peor que nos podría pasar.
Periodista y Analista
Político*
------------------------------------------
VISITA TAMBIÉN MI PÁGINA WEB: www.trasfondoinformativo.com
TIENE NUEVAS ENCUESTAS, NUEVAS SECCIONES, EL CLIMA, Y ESTÁ MEJOR ORGANIZADOS. GRACIAS.
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?