El Congreso local dio entrada al proceso de desafuero contra
alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, que promovió la Procuraduría
General de Justicia (PGJE) a quien señala como presunto autor
intelectual del asesinato del diputado federal del PRI, Moisés
Villanueva de la Luz y de su chofer, Érick Estrada Vázquez, hechos
ocurridos el pasado 4 de septiembre en Tlapa, región Montaña.
A partir de este jueves se le dio curso al procedimiento de desafuero
y para lo cual el poder Legislativo emplazará al alcalde a partir de
este viernes para “continuar con el ofrecimiento de pruebas, el desahogo
de éstas, la formulación de alegatos, la valoración de las pruebas y la
emisión del dictamen de conclusiones acusatorias o inacusatorias, (y)
de aprobarse las primeras, se tendría que erigir el jurado de
procedencia”.
Por unanimidad de votos -33 de 46 diputados- y en sesión de trámite,
el pleno del poder Legislativo aprobó la tarde de este jueves a favor el
juicio de procedencia que presentó la Comisión Instructora en funciones
de examen previo con lo cual oficia oficialmente el proceso de
desafuero contra el alcalde priista.
Para la aprobación del dictamen de procedencia el pleno del poder
Legislativo realizó dos sesiones con la asistencia de 33 diputados
quienes en votación nominal aprobaron el juicio, ningún legislador fijó
postura al respecto.
El vocal de esa comisión, el diputado perredista, Catalino Duarte
Ortuño, fundamentó el dictamen de valoración previa del juicio para la
declaratoria de procedencia número JPR/LIX/001/2011, que promovió el
subprocurador jurídico y de atención a víctimas del delito, César de los
Santos Mendoza, contra Reyes Ramos por su probable autoría intelectual
en el doble asesinato.
Duarte Ortuño, afirmó que los integrantes de la Comisión Instructora
en funciones de examen previo, admitieron y declararon “procedente la
solicitud de juicio para la declaratoria de procedencia” derivado del
“cúmulo de constancias contenidas en el expediente” que aportó la PGJE.
Con los elementos presentados –dijo- “se da la convicción de la
existencia del tipo penal de homicidio calificado, previsto por el
artículo 103 y sancionado por el artículo 108 fracciones l, ll, incisos
a), b), c), y d), y fracción III del código penal vigente en el estado
de Guerrero, así como la probable responsabilidad de Willy Reyes Ramos,
presidente del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort”.
No obstante, aclaró que ese dictamen sólo determina la existencia o
no de los requisitos que debe cumplir cualquier denuncia o requerimiento
acerca del desafuero constitucional, “en otras palabras esta comisión
analizó que se cumplieran con los tres requisitos; ser servidor público
en los términos del artículo 113 de la Constitución Política local; que
exista una conducta por parte del servidor público que se adecue a
alguno de los tipos penales establecidos por el código penal federal o
local y que exista una probable responsabilidad del servidor público en
los hechos delictuosos. Requisitos que se tuvieron por comprobados”.
En el dictamen de la Comisión Instructora y en la fundamentación del
legislador perredista, se desglosó un recuento de las declaraciones
ministeriales de los cuatro detenidos inculpados en el homicidio del
legislador federal y de su chofer, Florencio Jiménez Chino y Antonio
Jiménez Chino alias “El Baleado”, Juan Miguel Martínez Plácido alias
“El Pequeño” y del director de la Policía Preventiva de Tlapa, Francisco
Flores Lorenzo, quienes señalan –según la PGJE- al alcalde priista como
autor intelectual de los hechos.
También se incluyeron las declaraciones de los “testigos de identidad
cadavérica”, Lucía Leyva Rojas y Christian Apolinia Villanueva de la
Luz, esposa y hermana del extinto diputado federal, así como las de
Anahí Morán Gálvez y Minerva Vázquez Neri, esposa y madre
respectivamente de Érick Estrada Vázquez, quien fuera chofer del
legislador.
El diputado Duarte Ortuño afirmó en la fundamentación del dictamen
que con esas “confesiones el órgano investigador pretende acreditar la
probable responsabilidad del presidente municipal de Tlapa, Willy Reyes
Ramos, en calidad de autoría intelectual en calidad de prueba
indiciaria”.
En entrevista, Marco Antonio Leyva Mena, presidente de la Comisión
Instructora, estableció que con la aprobación del juicio de procedencia
en contra de Reyes Ramos “no significa que sea culpable” del doble
asesinato, sino que, le da entrada al proceso de desafuero.
Se negó a establecer un plazo para desaforar al alcalde pues señaló
que se deberán cumplir todas las etapas del descargo de pruebas y
alegatos que presenten ambas partes, “lo que sí puedo decir es que en la
medida de que hagamos con mayor rapidez el juicio, será mucho mejor
para todos”.
“Es un juicio donde se van a demostrar a favor o en contra las
pruebas pertinentes, es un juicio que tiene sus tiempos y momentos” y
estableció que el Congreso resolverá de manera rápida sin afectar los
derechos del inculpado.
Se le preguntó sobre los desplegados que salieron publicados en
medios de comunicación impresos donde Willy Reyes pretende demostrar su
inocencia y expuso, “sí él piensa que mediáticamente va a resolver su
asunto, es una decisión personal”, no obstante, invitó al alcalde a que
enfrente a las instituciones y ante ellas demuestre su inocencia. (IRZA)
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