Conspiraciones
Por Jorge Romero
Rendón
El inminente cese del secretario
de Finanzas estatal, Jorge Salgado Leyva no sólo responde a los problemas
que le ha creado al primer círculo del gobernador Ángel Aguirre, sino a su desmedida ambición por obtener comisiones y
negocios personales a costa del presupuesto estatal… a espaldas de su jefe.
Un ejemplo de esas maniobras está en un caso que ya le adelantamos desde
el pasado mes de mayo, pero que se ha confirmado de fuentes empresariales:
Sin Licitación, ocultando las
condiciones pactadas, y con una jugosa comisión multimillonaria, Salgado Leyva
contrató unilateralmente una Póliza de Seguro contra Desastres Naturales a
nombre del Gobierno del Estado de Guerrero, por más de 100 millones de pesos
con la empresa Banorte Generali Seguros, el mes de agosto pasado.
De acuerdo con la nueva Ley del Fondo Nacional contra Desastres
Naturales (FONDEN), todos los gobiernos
estatales deben contratar ese tipo de seguros, para cubrir su propia
infraestructura local, ya que ese organismo solo se hace cargo de responder
a los daños sufridos por la infraestructura federal –principalmente caminos,
carreteras y puentes- si no cuentan con seguro propio.
El FONDEN solo apoya a los estados que hayan sufrido algún tipo de
desastres, como sequías, inundaciones, sismos o huracanes –a los que es muy
sensible nuestra entidad- en términos de
cooperación, es decir, siempre y cuando cada gobierno estatal tenga una
cobertura propia de al menos 200 a 300 millones de pesos –avalada por un
seguro contratado con empresas privadas de seguros o reaseguros-. En caso
contrario, cada entidad se rasca con sus propias uñas y el FONDEN cubre solo lo
que le toca.
En ese marco, el gobierno de Guerrero debió haber comprado su Seguro
contra Desastres Naturales el pasado mes de mayo –que es cuando inicia la
temporada oficial de lluvias y huracanes-, pero por desavenencias de Salgado Leyva con la gerencia de ABA Seguros de
Monterrey, la operación se canceló, y hubo que esperar –con todo y el
riesgo de que hubiera sucedido algún imprevisto qué lamentar sin seguro- tres
meses más para que al fin el secretario de Finanzas pudiera llegar a un acuerdo
sobre su principal interés: la comisión.
Una
operación leonina…
De esa forma, Seguros Banorte le
vendió al gobierno de Ángel Aguirre una Póliza de entre 9 y 12 millones de
dólares –se desconoce aún el monto exacto, pues el contrato no se ha
divulgado ni se ha difundido en la página oficial de internet del gobierno, es
secreto de Estado-, que le dejó a Jorge
Salgado una comisión de entre 2 y 3 millones de pesos.
Hay que decir que lograr esas comisiones personales tan altas se pacta
de alguna de tres maneras: o se le impone un sobreprecio a la Póliza, o
se pacta la disminución del tipo de riesgos o se incrementa el monto de los
deducibles. En cualquiera de esas tres opciones, la empresa le deposita la
diferencia al funcionario en la cuenta bancaria que se indique.
Y precisamente para lograr esas condiciones leoninas para los intereses
de la población del estado, es que la
negociación del contrato se hizo en secreto y hoy la Póliza está guardada
bajo siete llaves.
Pero al hacerlo, Jorge Salgado
Leyva cometió diversas irregularidades y delitos, por lo que tiene
responsabilidad administrativa y penal en tres aspectos principales:
Primero, asignó el contrato por
más de 100 millones de pesos de manera directa, cuando la Ley dicta que para
esos montos debe hacerse una Licitación pública oficial, incluso de
carácter internacional, pues es común que los seguros vendidos en México también
pasan al mercado internacional de reaseguros, donde los adquieren empresas
trasnacionales con base en Inglaterra o Alemania.
Salgado operó a través de un
agente o bróker de reaseguro de la empresa GER, que a su vez se apoyó en otra
denominada Interprotección, y de ahí a Banorte. Lo que agrava las cosas,
pues al no haber competencia, los costos son más altos, sobre todo si se
incluyen operaciones que aparten dinero para comisiones. Además del tema del
deducible alto, que si llega por ejemplo a los 5 millones de dólares, la
responsabilidad de los gastos será del gobierno y no de la empresa.
¿ Y sabe usted para qué se hizo toda esa operación? Para poder disponer de los 100 millones de pesos que existían en un
fideicomiso para contingencias formado con aportaciones de 20 millones de pesos
anuales que se hizo durante el pasado gobierno de Zeferino Torreblanca. De
hecho esos recursos estatales sirvieron para atender la contingencia de las
lluvias atípicas que afectaron a Chilpancingo a principios del 2010. Entonces,
si había dinero para siniestros ¿para qué comprar el seguro? Para sacar el
dinero y obtener una millonaria comisión por debajo de la mesa.
Segundo, el monto de la operación
y su secrecía hacen suponer que se elevó el monto de los deducibles y además no
se incluyeron diversas coberturas, tanto para disminuir el riesgo para la
empresa como para asegurar la comisión alta. Lo que supone un fraude, pues no
se cumple con el objetivo del seguro ni con la normatividad de la Ley del
FONDEN.
Y tercero, se pone a la población
en riesgo, ya que al no haber cobertura por daños a la infraestructura
física estatal en diversos rubros, el gobierno estatal tendrá que pagar de sus
propios recursos cualquier daño, hasta por 3 o 5 millones de dólares, antes de
que la empresa de verdad tenga qué cubrir algún daño.
Que
exhiban la Póliza…
Todos estos detalles pueden ser
confirmados al divulgarse la Póliza adquirida por Salgado, pues en ese
documento pueden cotejarse el monto pagado, las cláusulas sobre riesgos y
responsabilidades para cada una de las partes, y obviamente las prestaciones,
como el monto de los deducibles y el tipo de siniestros que cubre.
Hay que decir que este tipo de fraudes han generado escándalos en otros
estados, como en Nuevo León, donde el exgobernador Natividad González Parás tuvo que cancelar una póliza de 10 millones de
dólares precisamente por las inconsistencias que demostraron que su
secretario de Finanzas cometió un fraude que cuando menos lo llevó a renunciar
al cargo.
Otro caso lamentable es el de Tabasco, donde las inundaciones han obligado al gobierno de Granier a
desembolsar varios millones de dólares, mientras que la empresa aseguradora no
ha puesto ni un peso, pese a tener una supuesta cobertura de hasta 20
millones de dólares –como la de Guerrero, supuestamente-. Aquel gobernador
mejor tuvo que cancelar el seguro, mientras que no se sabe a dónde fueron a
parar las comisiones que llevaron a un contrato leonino que solo benefició a
funcionarios, pero que le está costando carísimo al gobierno estatal de puros
recursos públicos.
De manera que este tipo de
operaciones convierten ya al secretario de Finanzas estatal, Jorge Salgado
Leyva en un lastre para el gobierno de Aguirre, que no quiere ser
identificado como promotor o cómplice de corruptelas que atentan contra su
imagen y contra los intereses de la población.
¿Será este otro caso sin atender
por parte del Llanero Solitito –porque siempre va solo, soloooo en sus
locuras-, el contralor general del
Estado, Julio César Hernández Martínez, que atiende la corrupción del
pasado pero que se le van TODAS las del gobierno con el que trabaja? ¿De qué
nos sirve así un contralor que es todo faramalla y nada fiscalizador de un
gobierno que se autodenomina “democrático”?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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