Conspiraciones
por
Jorge Romero Rendón
El que todavía cree que puede
salvar algo de su “buen nombre” –así lo llama él- es el exprocurador Alberto López Rosas, quien después de
mentir y de meter en graves problemas a su jefe el gobernador Ángel Aguirre
Rivero el infausto día del asesinato poiliciaco de 2 normalistas de Ayotzinapa,
sigue insistiendo públicamente en que
hubo un complot en su contra, y culpó de eso tanto a la Policía Federal
Preventiva (PFP) como ¡al alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños!
El problema es que las facultades
mentales de López Rosas parecen ya afectadas en su angustia por ver si
puede rescatar algo a su favor, con miras a buscar la candidatura perredista a
la alcaldía de Acapulco, asunto que ya está a muchos años-luz de distancia de
sus posibilidades reales.
Porque ahora resulta que el
exprocurador no sabe que Añorve es presidente municipal de Acapulco y no
comandante de la Policía Federal. Y que al meterlos a ambos en el mismo
paquete de su jocosa teoría del complot revela
una tremenda falta de tacto, de conocimiento y de sentido común, pues
claramente la PFP responde a un mando federal, dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), y de ninguna manera sus elementos podrían obedecer
órdenes directas de ningún alcalde de Guerrero, por más que haya coadyuvancia
entre todos los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales para el
Operativo Guerrero Seguro vigente.
Por si fuera poco, el gobernador
Aguirre reveló en noticieros nacionales la semana pasada que ya le había “solicitado
una disculpa” al titular de la SSP, Genaro García Luna por un video que el
vocero oficial aguirrista difundió tratando de incriminar a los federales la
semana pasada, por lo que el nuevo
ataque de López Rosas vuelve a afectar a su exjefe, echándole más leña al fuego
de un conflicto estado-gobierno federal innecesario.
Sobre todo si tomamos en cuenta que el caso de los normalistas
asesinados ya fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR),
por lo que si López Rosas tenía algún
argumento que aportar a la investigación oficial, debió enviar su video a la
PGR, en lugar de tratar de hacer un escándalo
mediático con el que quiere salvar su propio pellejo, atacando de hecho
malamente la estrategia de control de daños puesta en marcha por el gobierno de
Aguirre.
Al final, lo que debe quedarle
claro a López Rosas es:
a)
Que
ya NO es procurador.
b)
Que
su figura es la de un sospechoso de ser
autor intelectual del doble asesinato de los normalistas, como jefe de los
agentes ministeriales a los que envió al lugar de los hechos, y que son los
principales sospechosos del crimen –por algo han sido arraigados diez y dos
jefes-, según denuncias.
c)
Que
es más importante para el grupo
gobernante salvar al gobierno y al gobernador de toda imputación y
sospecha, por lo que la imagen personal de los exfuncionarios es francamente
irrelevante para la política nacional y estatal.
d)
Que
la opinión pública ya lo tiene fichado
como un exprocurador mentiroso, imprudente y represor; además de recordar
que es un exalcalde acapulqueño que NO termino de entregar cuentas de su
administración en el período 2002-2005, por lo que es probable responsable del delito de peculado, según denuncias,
aunque ha trascendido que en su reciente cargo podría haber borrado su propio expediente penal.
e)
Y
que todo lo que diga va más en su contra que a su favor, por lo que tanto él como Ramón Almonte deberían
olvidarse de sus aspiraciones por gobernar Acapulco, y guardar un silencio respetuoso de aquí a que se concluya la
investigación del doble homicidio.
Al final, todos sabemos que la
relación del gobernador Aguirre con los alcaldes priistas –como Héctor
Astudillo y el propio Manuel Añorve- es francamente cordial, y que ni
siquiera a nivel de discurso alguno de ellos ha tratado de utilizar el tema de
los ayotzinapos para anticipar juicios sobre el tema, ni en torno al
mandatario, ni en torno a sus exfuncionarios cesados.
Ayotzinapos
aprovechan tragedia para seguir abusos…
Lo malo de como salieron las cosas durante el “desalojo” del pasado 12
de diciembre, es que la represión policiaca y el asesinato de dos normalistas acabó dándole cuerda para largo a los
ayotzinapos y demás “organizaciones sociales” que los acompañan.
Porque una cosa es la demanda de
justicia para los muertos, y otra cosa es la continuación de su estrategia
belicosa dirigida contra la ciudadanía, con la que tratan de provocar de
nuevo enfrentamientos con la policía, o cuando menos crear las condiciones para
alguna reunión secreta de los dirigentes
estudiantiles con las autoridades para obtener jugosas prebendas económicas
personales, a cambio de cesar con sus movilizaciones y con su demanda de
juicio político al gobernador.
Por lo que el gobierno aguirrista
debe tomar nota de dos auténticas demandas ciudadanas –revise usted en las
redes sociales de internet los mensajes espontáneos de una semana para acá- que ya son un verdadero clamor social:
Que se reglamenten las marchas
callejeras de cualquier tipo, para salvaguardar el derecho de libre
tránsito de los ciudadanos, lo mismo que la integridad de la propiedad privada
empresarial y de los habitantes de Guerrero.
Y que el gobernador se ponga los
pantalones para cerrar de una vez por todas la Normal de Ayotzinapa, foco de
infección y de desestabilización política y social del estado.
Con ambas medidas, el aplauso será unánime…
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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