Juan
López
La trifulca de Ayotzinapa, con el saldo de
dos jóvenes muertos, otros heridos y más detenidos, no debe ser la imagen con
que se caracterice al régimen que gobierna Guerrero. Nunca antes, en ninguna
otra administración, a este turbulento campus académico, se le puso tanta
atención y se le facilitaron sus demandas y peticiones. Incluso el gobernador
Ángel Aguirre Rivero personal y recientemente acudió a las instalaciones
normalistas en Tixtla, para dialogar con los jóvenes y cumplirles sus
solicitudes.
La muerte es un fin terminante que no tiene
recodos ni remedio. Pero si la origina un suceso provocador, un enredo
perverso, una testarudez tumultuaria, un enfrentamiento imprudente con agentes
jenízaros, que aprovechan la multitud para facilitar los saldos homicidas,
entonces la escaramuza adquiere nominación criminal.
Los sucesos deben ser esclarecidos a grado
de certeza jurídica, moral y de acuerdo a la perpetración de los hechos. Nada
es tan necesario como la certidumbre que reclama la opinión pública.
Ángel Aguirre Rivero ha sido desde abril un
gobernante dado al diálogo y al acercamiento con las personas y sectores que
difieren de su estilo personal de gobernar. Con los propios estudiantes de
Ayotzinapa tiene antecedentes de proximidad y beneplácito.
El luto de hoy es un garrafal y excesivo
golpe a la civilidad. Una afrenta al régimen. Un exceso de fuerza. Un error que
debe corregirse investigando, consignando y condenando a los autores,
los
verdaderos, los infiltrados, los conspiradores, al castigo judicial que las
leyes tengan asignado para estos transgresores.
PD: “Todo abuso debe ser castigado”:
Francois Voltaire.
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