Lo ocurrido en la autopista México-Acapulco, a la salida sur
de Chilpancingo el pasado lunes 12 de diciembre, donde policías dispararon contra estudiantes asesinando a dos de ellos e hiriendo a media docena más, es muy fácil de definir: Se
trata de un asesinato a mansalva; hay una víctima, los estudiantes normalistas que
perdieron la vida y un culpable, el gobierno del estado.
También se han dados los primeros pasos para castigar el
hecho: la destitución del procurador de Justicia del estado, Alberto López
Rosas (junto con su equipo que llegó con él a la Procuraduría) y del Secretario
de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, ambos abogados, que saben
muy bien que sus caídas no pueden detener a la justicia que falta por llegar.
Falta deslindar las responsabilidades individuales, es
decir, encontrar, enjuiciar y encarcelar a los autores materiales. No es nada
difícil. Los videos dan cuenta de quienes están accionando armas contra los
estudiantes inermes, armas largas, como si fuera un combate con una banda
mortal y no jóvenes que piden mayor acceso a la educación y plazas de maestros.
A estas alturas todos los policías que estuvieron armados en
el lugar de los hechos ya deberían de estar concentrados y arraigados, para
hacerles las pruebas periciales de balística. No hay duda, de entre ellos
saldrá o saldrán los autores materiales del homicidio.
Esa es la línea más directa para buscar a los responsables
hacia arriba, pues los policías que dispararon estaban ahí por órdenes de
alguien. Los ministeriales por orden del Procurador y los estatales por orden
del secretario de seguridad pública. En ese sentido, uno de los dos o los dos
funcionarios serían responsables solidarios –no sé si exista ese término
legal-, pero si ellos enviaron ahí a los policías con armas, ellos propiciaron
el ambiente en el cual ocurrió el asesinato, deben por lo tanto de ser
enjuiciados también y no sólo destituidos.
Ahora bien, los estudiantes estaban ahí porque las
instancias de diálogo, las encargadas de la acción política gubernamental no
habían operado eficientemente, eso hace responsable también al secretario de
gobierno y, más aún, estaban ahí los normalistas protestando, porque el
gobernador Ángel Aguirre no los había recibido pese a que se los había
prometido en cuatro ocasiones, en ese sentido tendría en primera instancia
responsabilidad política de los hechos, pero hay algo más grave aún: Hay una
declaración de un jefe policiaco que asegura que el gobernador ordenó “limpiar”
la vialidad, lo que en castellano quiere decir que ordenó el desalojo, orden
que acabó en lo que todos sabemos. De ello podría derivar responsabilidad
legal, dado que los policías que dispararon son sus subordinados y estaban ahí
cumpliendo sus órdenes.
El gobernador Ángel Aguirre, sin embargo, es hoy por hoy el
ente político más poderoso del estado y con su poder –económico y político-
tiene cooptados hasta a los diputados locales, sin contar al poder judicial,
que no ha mostrado ni un indicio de independencia, lo que hace suponer que este
crimen quedará impune.
Hay un dicho que señala que “tanto peca el que mata la vaca
como el que le tiene la pata”, es decir, que es tan responsable el que disparó
como el que ordenó al policía efectuar el desalojo, aunque no le haya dicho
específicamente que asesinara a los estudiantes, pero ¿Quién podrá juzgar al
gobernador?
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