BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales*
Hubo que intervenir el gobierno federal para
que por fin fueran combatidos los grupos locales vinculados al narcotráfico en
Acapulco, algunos de cuyos principales mandos ya están en poder de las
autoridades que, sin embargo, no lo han hecho público casi con seguridad porque
negocian su inclusión en el programa de testigos protegidos.
Esta espiral de violencia, que a lo largo
del año sumió en un abismo de terror a la población de este puerto turístico,
arrancó el 7 de enero con un atentado perpetrado en plena Costera Miguel Alemán,
en la hora vespertina de mayor tráfico, contra un mando regional de la Policía
Ministerial, operación presumiblemente ordenada por Cristian Arturo Hernández
Tarín, uno de los líderes del crimen organizado que recién fue presentado
públicamente por la Policía Federal, supuestamente capturado en el estado de
México.
Es a partir de esa fecha que se desató un
pandemónium de violencia que convirtió a la Perla del Pacífico en una de las
ciudades más violentas del mundo, casi al parejo con Ciudad Juárez, sin que
hasta el momento se vislumbre con seguridad una relativa pacificación, con todo
y la presencia del Operativo Guerrero Seguro. De toda esta vorágine de sangre,
el mayor caudal de ilícitos violentos se imputa a la banda criminal
autodenominada La Barredora,
encabezada por Hernández Tarín y otros líderes criminales.
Con todo, de acuerdo con informaciones que
han circulado en el submundo de la delincuencia, la mayor parte de los mandos
de esa banda ya han sido aprehendidos por las autoridades federales, algunos
mediante labor de inteligencia o por detenciones más bien fortuitas que, de
todos modos, están generando resultados aunque aún no se vislumbren como hechos
tangibles, demostrables ante la sociedad.
La banda criminal La Barredora, junto con su célula dedicada al secuestro, El Comando del Diablo, son una perversa
confirmación de lo que el crimen organizado se ha convertido para la
ciudadanía: un flagelo violento e inacabable y, en ese sentido, una grave
amenaza a la seguridad nacional en tanto constituye un proceso de expoliación
sostenido y creciente de la población civil.
El primero que cayó en un filtro rutinario
de la Policía Federal instalado en la cabecera municipal de San Marcos, región
de la Costa Chica de Guerrero, fue el propio Cristian Hernández Tarín, hace más
de dos meses, en agosto pasado -cuando ni siquiera se esbozaba la posibilidad
de lanzar un operativo policiaco-militar
de largo aliento para combatir la violencia en el estado suriano-. Junto con
Hernández Tarín fueron detenidos otros tres sujetos, todos en posesión de armas
largas automáticas. Todos, también, se identificaron con nombres falsos, de ahí
que durante algunos días no fueran ubicados a plenitud.
La versión oficial difundida por la Policía
Federal, de que Hernández Tarín habría sido detenido en el estado de México
apenas unos días antes de su presentación, es absolutamente falsa. Lo que
falló, al parecer, fue la negociación con el joven capo para integrarlo al
programa de testigos protegidos de la Federación, con el fin de obtener
información substancial para proceder contra otras bandas u otros líderes del
crimen organizado.
Después que él, hace poco más de un mes fue
capturado, presumiblemente mediante operativos de inteligencia, Eder Jair Sosa
Carbajal, conocido como El Cremas,
segundo al mando de La Barredora, a
quien se atribuyen decenas de secuestros, muchos de los cuales terminaron en
homicidios, como es el caso del catedrático universitario Roberto Abarca Serna.
De Sosa Carbajal, quien según versiones confiables estaría en poder de la
SIEDO, ninguna autoridad ha informado nada.
Del mismo modo, desde hace algunas semanas estaría
en poder de la misma dependencia el capitán José Francisco Sosa Vázquez,
conocido en el mundo del hampa con el seudónimo de Comandante Mula para evitar ser identificado. Sosa Vázquez, un
oficial retirado del Ejército Mexicano, quien había tenido a su cargo la seguridad
y entrenamiento de los sicarios al mando de Gamaliel Aguirre, El Guero Huetamo, y de Edgar Valdés Villarreal antes que éste, se convirtió
pronto en uno de los más importantes jefes de esa banda criminal, rescoldo de
la estructura que encabezó en su momento el texano La Barbie. El capitán Sosa, con un grupo numeroso de pistoleros,
fue capturado hace unas cuatro semanas cuando arribaba a las instalaciones del
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Acapulco.
Otros líderes aprehendidos en fechas
recientes fueron dos de los cuatro hermanos Toribio Rentería, conocidos en la
periferia de Acapulco con el sobrenombre de Los
Calentanos. Los detenidos serían, al parecer, Moisés y Zeferino Toribio
Rentería, líderes también de la misma estructura criminal, aunque faltan por
ser detenidos sus hermanos Sóstenes y Clotilde, este último reputado como el
más peligroso de todos.
Aunque faltan por ser capturados varios
líderes de esa banda criminal, el hecho irrefutable es que los supuestos
detenidos -Hernández Tarín, Sosa Carbajal, Sosa Vázquez, los Toribio Rentería- constituían
de hecho el núcleo del liderazgo primario de la banda criminal más sanguinaria
que ha existido en el sur del país, y que enlutó a miles de familias
guerrerenses. Aunque en la región operan otros grupos criminales, como La
Familia o el CIDA, es sin lugar a dudas la banda de psicópatas de La Barredora, con su Comando del Diablo,
la que generó un clima de terror y zozobra entre la ciudadanía porteña, con su
consecuente cauda de crisis económica, desempleo y migración de decenas de
familias -quizá cientos- a otras entidades.
***
Aunque la sucesión de hechos que desembocó
en la ciudad violenta que hoy conocemos tiene una historia propia, en esta
entrega hablaremos de los datos duros que sitúan al puerto de Acapulco como la
segunda o tercera urbe más peligrosa del país:
Al término de 2009 Guerrero ya se había
convertido en el segundo estado más violento del país con un registro de un mil
436 homicidios, después de Chihuahua que
ese año tasó tres mil 637 asesinatos cometidos con violencia extrema, mientras
que Sinaloa, con un tercer lugar, exhibía un mil 255 homicidios. Así,
Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, en ese orden, alcanzaron el ranking de estados
con mayor incidencia criminal en todo el país, aquel año fatídico.
Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales
de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, de enero a septiembre de
este 2011 en el territorio estatal se han cometido un mil 763 homicidios
dolosos, que contrastan severamente con los un mil 436 que se cometieron a todo
lo largo del 2009. De seguir con la
tendencia actual, en los tres meses que faltan por contar para el cierre del
2011, habremos superado con creces los 2 mil homicidios. A principios de año, Acapulco se encontraba
en el último lugar entre los cinco municipios con mayor número de homicidios
del país, pero aún antes de diciembre está reconocido como la segunda ciudad
más violenta.
La tasa de homicidios por cada cien mil
habitantes nos ofrece una idea de la descomposición social que priva en este
otrora pacífico destino turístico: entre 2000 y 2010 la tasa mensual de
asesinatos evolucionó de 29 a 46 asesinatos mensuales por cada cien mil
habitantes. Para dar una idea de la diferencia, la media nacional evolucionó,
en el mismo lapso de tiempo, de 14 a 18 asesinatos por cada cien mil
habitantes.
Más claro: el año próximo pasado, mientras
la media nacional registró 18 homicidios por cada cien mil habitantes, en
Guerrero se cometían 46 incidentes del mismo tipo en la misma proporción. Pero
esos son datos del año pasado, porque con seguridad esa proporción se disparó a
más del doble este 2011, según lo declaró en fecha reciente el secretario de
Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien al anunciar la Operación Guerrero
Seguro dijo muy claro que este año los incidentes violentos en Guerrero se
dispararon al ciento por ciento.
En el puerto de Acapulco, dijo el
funcionario, la incidencia delictiva creció en ¡357 por ciento!
Una muestra de ello lo constituye otro dato
revelador: según estadísticas oficiales de la PGJE, de enero a septiembre de
este año la incidencia delictiva de “alto impacto social” suman 11 mil 080
eventos, entre homicidios, violaciones, secuestros, robos de vehículo y robos a
casa-habitación.
Por eso, a contrapelo de lo que afirma el
exgobernador priista Rubén Figueroa Alcocer, las operaciones de las fuerzas
federales en Guerrero no son “una tontería”, sino una extrema necesidad.
Que la delincuencia creció exponencialmente
en una relación proporcional con el crecimiento de la desigualdad, la pobreza
extrema y el hambre, es una gran verdad. Pero a estas alturas de la descomposición
social que hizo presa de Acapulco, lo más urgente era establecer una línea de
contención de la violencia y de combate a los líderes de las bandas criminales.
De otro modo, la situación parecía evolucionar hacia disturbios acompañados por
el surgimiento de grupos ciudadanos de autodefensa. Es decir, hacia la
anarquía.
***
Según la multicitada versión oficial, de
enero a septiembre se han cometido un mil 763 asesinatos en el estado de
Guerrero. De ello se infiere que al terminar el año cerraremos con una cifra
superior a los 2 mil homicidios, una tasa abrumadora.
Lo peor de todo es que, con toda
probabilidad, esa cifra es una pobre imagen de lo que verdaderamente ocurre en
este puerto turístico.
En fecha reciente la organización México
Evalúa, una agrupación de la sociedad civil que investiga la victimología
resultante de la guerra contra los cárteles -en coordinación con otras
organizaciones igualmente prestigiadas como ICESI-, hizo públicos los
resultados de una investigación titulada “Índice de Víctimas Visibles e
Invisibles de Delitos Graves”.
Bajo la conducción de la excelente analista
Leticia Ramírez de Alba, esa investigación arroja resultados sorprendentes, que
echan abajo algunos mitos sobre las bandas criminales:
México Evalúa revela que desde 2007 a la
fecha -es decir, durante la gestión de Felipe Calderón- los delitos del fuero
federal aumentaron 74.7 por ciento. En contraste, los delitos graves del fuero
común se incrementaron en un ciento por ciento. En Acapulco, ya lo reconoció la
autoridad federal, esos delitos graves del fuero común se dispararon hasta en
un 357 por ciento.
Esto significa que, contrario a la
percepción general de que la violencia se genera en la actividad del
narcotráfico (delito federal), en realidad son los delitos del fuero común los
que han crecido exponencialmente, lo cual significa que su combate es del
ámbito exclusivo de las autoridades municipales y del estado, tanto de
prevención del delito como de procuración de justicia. No de las autoridades
federales. Esto derrumba completamente
los manidos argumentos que han utilizado los gobiernos estatales y
municipales en turno para abstenerse de
combatir la violencia argumentando, falsamente, que se trata de competencia
federal.
Pero dos datos inéditos habría que destacar
de la investigación de México Evalúa:
Que
estos delitos graves del fuero común vienen acompañados con una mayor dosis de
violencia, y que la cifra negra de dichos delitos asciende, con bastante
probabilidad, al 80 por ciento. Es decir, sólo conocemos el 20 por ciento de
los delitos que en realidad se perpetran.
Y sí: muchos delitos graves del fuero común,
como el secuestro y la extorsión, jamás son denunciados.
Baste citar dos ejemplos: al mediodía del
domingo 25 de septiembre pasado, un grupo de seis hombres con armas cortas y
largas arribaron al Mercado de la colonia Progreso y, con toda la calma del
mundo, procedieron a asaltar a locatarios y adquirentes. Comenzaron con un
establecimiento de venta de barbacoa, conocido y visitado por muchas familias
porteñas, y posteriormente siguieron con los demás locatarios. Asaltaron un total
aproximado de 40 establecimientos, incluyendo a quienes hacían sus compras
domingueras. Hubo quien o quienes marcaron desde sus respectivos celulares a la
Policía Preventiva Municipal para pedir auxilio. No obstante que el cuartel
general de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a tres cuadras de
dicho mercado, el segundo más importante del puerto, el auxilio nunca llegó.
Por esos días, un empresario de artículos
electrónicos, cuyo negocio está situado sobre la transitada avenida Cuauhtémoc
-también a unas cuadras del cuartel de Seguridad Pública- fue secuestrado por
un grupo de varios sujetos jóvenes cuando abría su establecimiento, al filo de
las diez de la mañana. Aunque sus familiares avisaron con tiempo a la SSP
municipal, nunca nadie llegó en su auxilio. Un policía de esa corporación
reveló que, efectivamente, sus mandos fueron informados, pero nadie se dignó
dar la orden del operativo aún cuando estaban en posibilidad táctica de
interceptarlos.
Eventos similares de secuestro y extorsión
se han producido en agravio de comerciantes del Mercado Central, del Tianguis
Campesino y de los mercados adyacentes, implantando un clima de terror entre
los vendedores, de los cuales muchos simplemente se mudaron a otro estado.
Algunos de los secuestrados han regresado con vida, otros nunca aparecen. Pero
nadie denuncia porque el miedo lacera el alma. Un fenómeno parecido atenaza a
los padres de familia con hijos en escuelas particulares, y aún de escuelas
públicas.
Hasta ahora, la respuesta de la ciudadanía
afectada ha sido el silencio.
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*Periodista especializado
en procesos políticos y seguridad.
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