Terror en Acapulco

BAJO FUEGO

   José Antonio Rivera Rosales*

   Hubo que intervenir el gobierno federal para que por fin fueran combatidos los grupos locales vinculados al narcotráfico en Acapulco, algunos de cuyos principales mandos ya están en poder de las autoridades que, sin embargo, no lo han hecho público casi con seguridad porque negocian su inclusión en el programa de testigos protegidos.

   Esta espiral de violencia, que a lo largo del año sumió en un abismo de terror a la población de este puerto turístico, arrancó el 7 de enero con un atentado perpetrado en plena Costera Miguel Alemán, en la hora vespertina de mayor tráfico, contra un mando regional de la Policía Ministerial, operación presumiblemente ordenada por Cristian Arturo Hernández Tarín, uno de los líderes del crimen organizado que recién fue presentado públicamente por la Policía Federal, supuestamente capturado en el estado de México.

   Es a partir de esa fecha que se desató un pandemónium de violencia que convirtió a la Perla del Pacífico en una de las ciudades más violentas del mundo, casi al parejo con Ciudad Juárez, sin que hasta el momento se vislumbre con seguridad una relativa pacificación, con todo y la presencia del Operativo Guerrero Seguro. De toda esta vorágine de sangre, el mayor caudal de ilícitos violentos se imputa a la banda criminal autodenominada La Barredora, encabezada por Hernández Tarín y otros líderes criminales.    

   Con todo, de acuerdo con informaciones que han circulado en el submundo de la delincuencia, la mayor parte de los mandos de esa banda ya han sido aprehendidos por las autoridades federales, algunos mediante labor de inteligencia o por detenciones más bien fortuitas que, de todos modos, están generando resultados aunque aún no se vislumbren como hechos tangibles, demostrables ante la sociedad.

   La banda criminal La Barredora, junto con su célula dedicada al secuestro, El Comando del Diablo, son una perversa confirmación de lo que el crimen organizado se ha convertido para la ciudadanía: un flagelo violento e inacabable y, en ese sentido, una grave amenaza a la seguridad nacional en tanto constituye un proceso de expoliación sostenido y creciente de la población civil.

   El primero que cayó en un filtro rutinario de la Policía Federal instalado en la cabecera municipal de San Marcos, región de la Costa Chica de Guerrero, fue el propio Cristian Hernández Tarín, hace más de dos meses, en agosto pasado -cuando ni siquiera se esbozaba la posibilidad de  lanzar un operativo policiaco-militar de largo aliento para combatir la violencia en el estado suriano-. Junto con Hernández Tarín fueron detenidos otros tres sujetos, todos en posesión de armas largas automáticas. Todos, también, se identificaron con nombres falsos, de ahí que durante algunos días no fueran ubicados a plenitud.

   La versión oficial difundida por la Policía Federal, de que Hernández Tarín habría sido detenido en el estado de México apenas unos días antes de su presentación, es absolutamente falsa. Lo que falló, al parecer, fue la negociación con el joven capo para integrarlo al programa de testigos protegidos de la Federación, con el fin de obtener información substancial para proceder contra otras bandas u otros líderes del crimen organizado.

   Después que él, hace poco más de un mes fue capturado, presumiblemente mediante operativos de inteligencia, Eder Jair Sosa Carbajal, conocido como El Cremas, segundo al mando de La Barredora, a quien se atribuyen decenas de secuestros, muchos de los cuales terminaron en homicidios, como es el caso del catedrático universitario Roberto Abarca Serna. De Sosa Carbajal, quien según versiones confiables estaría en poder de la SIEDO, ninguna autoridad ha informado nada.

   Del mismo modo, desde hace algunas semanas estaría en poder de la misma dependencia el capitán José Francisco Sosa Vázquez, conocido en el mundo del hampa con el seudónimo de Comandante Mula para evitar ser identificado. Sosa Vázquez, un oficial retirado del Ejército Mexicano, quien había tenido a su cargo la seguridad y entrenamiento de los sicarios al mando de Gamaliel Aguirre, El Guero Huetamo, y de Edgar Valdés Villarreal antes que éste, se convirtió pronto en uno de los más importantes jefes de esa banda criminal, rescoldo de la estructura que encabezó en su momento el texano La Barbie. El capitán Sosa, con un grupo numeroso de pistoleros, fue capturado hace unas cuatro semanas cuando arribaba a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Acapulco.

   Otros líderes aprehendidos en fechas recientes fueron dos de los cuatro hermanos Toribio Rentería, conocidos en la periferia de Acapulco con el sobrenombre de Los Calentanos. Los detenidos serían, al parecer, Moisés y Zeferino Toribio Rentería, líderes también de la misma estructura criminal, aunque faltan por ser detenidos sus hermanos Sóstenes y Clotilde, este último reputado como el más peligroso de todos.

   Aunque faltan por ser capturados varios líderes de esa banda criminal, el hecho irrefutable es que los supuestos detenidos -Hernández Tarín, Sosa Carbajal, Sosa Vázquez, los Toribio Rentería- constituían de hecho el núcleo del liderazgo primario de la banda criminal más sanguinaria que ha existido en el sur del país, y que enlutó a miles de familias guerrerenses. Aunque en la región operan otros grupos criminales, como La Familia o el CIDA, es sin lugar a dudas la banda de psicópatas de La Barredora, con su Comando del Diablo, la que generó un clima de terror y zozobra entre la ciudadanía porteña, con su consecuente cauda de crisis económica, desempleo y migración de decenas de familias -quizá cientos- a otras entidades.  

 

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   Aunque la sucesión de hechos que desembocó en la ciudad violenta que hoy conocemos tiene una historia propia, en esta entrega hablaremos de los datos duros que sitúan al puerto de Acapulco como la segunda o tercera urbe más peligrosa del país:

   Al término de 2009 Guerrero ya se había convertido en el segundo estado más violento del país con un registro de un mil 436 homicidios,  después de Chihuahua que ese año tasó tres mil 637 asesinatos cometidos con violencia extrema, mientras que Sinaloa, con un tercer lugar, exhibía un mil 255 homicidios. Así, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, en ese orden, alcanzaron el ranking de estados con mayor incidencia criminal en todo el país, aquel año fatídico.

   Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, de enero a septiembre de este 2011 en el territorio estatal se han cometido un mil 763 homicidios dolosos, que contrastan severamente con los un mil 436 que se cometieron a todo lo largo del 2009. De  seguir con la tendencia actual, en los tres meses que faltan por contar para el cierre del 2011, habremos superado con creces los 2 mil homicidios.  A principios de año, Acapulco se encontraba en el último lugar entre los cinco municipios con mayor número de homicidios del país, pero aún antes de diciembre está reconocido como la segunda ciudad más violenta.

   La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes nos ofrece una idea de la descomposición social que priva en este otrora pacífico destino turístico: entre 2000 y 2010 la tasa mensual de asesinatos evolucionó de 29 a 46 asesinatos mensuales por cada cien mil habitantes. Para dar una idea de la diferencia, la media nacional evolucionó, en el mismo lapso de tiempo, de 14 a 18 asesinatos por cada cien mil habitantes.

   Más claro: el año próximo pasado, mientras la media nacional registró 18 homicidios por cada cien mil habitantes, en Guerrero se cometían 46 incidentes del mismo tipo en la misma proporción. Pero esos son datos del año pasado, porque con seguridad esa proporción se disparó a más del doble este 2011, según lo declaró en fecha reciente el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien al anunciar la Operación Guerrero Seguro dijo muy claro que este año los incidentes violentos en Guerrero se dispararon al ciento por ciento.

   En el puerto de Acapulco, dijo el funcionario, la incidencia delictiva creció en ¡357 por ciento!

   Una muestra de ello lo constituye otro dato revelador: según estadísticas oficiales de la PGJE, de enero a septiembre de este año la incidencia delictiva de “alto impacto social” suman 11 mil 080 eventos, entre homicidios, violaciones, secuestros, robos de vehículo y robos a casa-habitación.

   Por eso, a contrapelo de lo que afirma el exgobernador priista Rubén Figueroa Alcocer, las operaciones de las fuerzas federales en Guerrero no son “una tontería”, sino una  extrema necesidad.

   Que la delincuencia creció exponencialmente en una relación proporcional con el crecimiento de la desigualdad, la pobreza extrema y el hambre, es una gran verdad. Pero a estas alturas de la descomposición social que hizo presa de Acapulco, lo más urgente era establecer una línea de contención de la violencia y de combate a los líderes de las bandas criminales. De otro modo, la situación parecía evolucionar hacia disturbios acompañados por el surgimiento de grupos ciudadanos de autodefensa. Es decir, hacia la anarquía.

  

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   Según la multicitada versión oficial, de enero a septiembre se han cometido un mil 763 asesinatos en el estado de Guerrero. De ello se infiere que al terminar el año cerraremos con una cifra superior a los 2 mil homicidios, una tasa abrumadora.

   Lo peor de todo es que, con toda probabilidad, esa cifra es una pobre imagen de lo que verdaderamente ocurre en este puerto turístico.

   En fecha reciente la organización México Evalúa, una agrupación de la sociedad civil que investiga la victimología resultante de la guerra contra los cárteles -en coordinación con otras organizaciones igualmente prestigiadas como ICESI-, hizo públicos los resultados de una investigación titulada “Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves”.

   Bajo la conducción de la excelente analista Leticia Ramírez de Alba, esa investigación arroja resultados sorprendentes, que echan abajo algunos mitos sobre las bandas criminales:

   México Evalúa revela que desde 2007 a la fecha -es decir, durante la gestión de Felipe Calderón- los delitos del fuero federal aumentaron 74.7 por ciento. En contraste, los delitos graves del fuero común se incrementaron en un ciento por ciento. En Acapulco, ya lo reconoció la autoridad federal, esos delitos graves del fuero común se dispararon hasta en un 357 por ciento.

   Esto significa que, contrario a la percepción general de que la violencia se genera en la actividad del narcotráfico (delito federal), en realidad son los delitos del fuero común los que han crecido exponencialmente, lo cual significa que su combate es del ámbito exclusivo de las autoridades municipales y del estado, tanto de prevención del delito como de procuración de justicia. No de las autoridades federales. Esto derrumba completamente  los manidos argumentos que han utilizado los gobiernos estatales y municipales en turno  para abstenerse de combatir la violencia argumentando, falsamente, que se trata de competencia federal.

   Pero dos datos inéditos habría que destacar de la investigación de México Evalúa:

Que estos delitos graves del fuero común vienen acompañados con una mayor dosis de violencia, y que la cifra negra de dichos delitos asciende, con bastante probabilidad, al 80 por ciento. Es decir, sólo conocemos el 20 por ciento de los delitos que en realidad se perpetran.

   Y sí: muchos delitos graves del fuero común, como el secuestro y la extorsión, jamás son denunciados. 

   Baste citar dos ejemplos: al mediodía del domingo 25 de septiembre pasado, un grupo de seis hombres con armas cortas y largas arribaron al Mercado de la colonia Progreso y, con toda la calma del mundo, procedieron a asaltar a locatarios y adquirentes. Comenzaron con un establecimiento de venta de barbacoa, conocido y visitado por muchas familias porteñas, y posteriormente siguieron con los demás locatarios. Asaltaron un total aproximado de 40 establecimientos, incluyendo a quienes hacían sus compras domingueras. Hubo quien o quienes marcaron desde sus respectivos celulares a la Policía Preventiva Municipal para pedir auxilio. No obstante que el cuartel general de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a tres cuadras de dicho mercado, el segundo más importante del puerto, el auxilio nunca llegó.

   Por esos días, un empresario de artículos electrónicos, cuyo negocio está situado sobre la transitada avenida Cuauhtémoc -también a unas cuadras del cuartel de Seguridad Pública- fue secuestrado por un grupo de varios sujetos jóvenes cuando abría su establecimiento, al filo de las diez de la mañana. Aunque sus familiares avisaron con tiempo a la SSP municipal, nunca nadie llegó en su auxilio. Un policía de esa corporación reveló que, efectivamente, sus mandos fueron informados, pero nadie se dignó dar la orden del operativo aún cuando estaban en posibilidad táctica de interceptarlos.

   Eventos similares de secuestro y extorsión se han producido en agravio de comerciantes del Mercado Central, del Tianguis Campesino y de los mercados adyacentes, implantando un clima de terror entre los vendedores, de los cuales muchos simplemente se mudaron a otro estado. Algunos de los secuestrados han regresado con vida, otros nunca aparecen. Pero nadie denuncia porque el miedo lacera el alma. Un fenómeno parecido atenaza a los padres de familia con hijos en escuelas particulares, y aún de escuelas públicas. 

   Hasta ahora, la respuesta de la ciudadanía afectada ha sido el silencio.    

 

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*Periodista especializado en procesos políticos y seguridad.

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