Reconoce Estado responsabilidad en caso de violación a indígena de Guerrero

     (Ampliación)     Ayutla de los Libres, Gro., 6 Mar. (Notimex).- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la violación a la indígena me?phaa Inés Fernández Ortega por parte de militares, ocurrido en la localidad Barranca Tecoani en el año 2002.     Con la presencia de la procuradora general de la República, Marisela Morales; del gobernador Angel Aguirre Rivero, así como de la representación de la CNDH y de organismos internacionales, Fernández Ortega recibió las disculpas por parte del Estado mexicano.     El acto de reconocimiento forma parte de una de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la violación sexual contra la indígena tlapaneca, tras diez años de la búsqueda de justicia y sanción contra los responsables.     El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) agregó que hay la plena disposición del Estado mexicano por cumplir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniendo especial atención a la reparación de los daños.     Poiré Romero señaló que hace diez años la mujer indígena no sólo fue objeto de violación a su integridad personal, sino también de la protección judicial, incluso la atención a la salud, sólo por el hecho de ser indígena.     Reconoció la incansable lucha emprendida por la indígena tlapaneca del municipio de Acatepec, región de La Montaña, para conseguir justicia; "enfrentó muchos obstáculos, el silencio, el miedo, la revictimización, la injusticia y la discriminación", sostuvo.     Por todo ello, dijo, "le ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas de hace diez años en los que resultaron violentados sus derechos humanos, mi compromiso es no escatimar esfuerzo alguno para dar cumplimiento cabal a cada uno de los resolutivos de esta sentencia".     Como parte de la reparación del daño, se seguirá impulsando la creación de las instancias para sancionar a los responsables de hechos de violación a los derechos humanos. Este caso, afirmó, será desahogado en el fuero ordinario y no militar, como en su momento se pretendía hacer.     Poiré también garantizó que se habrá de aplicar la sanción y castigo a las instancias locales como federales, quienes incurrieron en omisiones en atender la denuncia en su momento de Fernández Ortega, entre ellos el Ministerio Público local, autoridad de Salud y otros.     El gobierno mexicano ofreció a la mujer indígena becas educativas para sus hijos, hasta la conclusión de sus estudios superiores y accesos a los servicios de salud.     Como parte de la respuesta, el funcionario federal firmó un convenio para la construcción de un centro comunitario para la mujer en Ayutla de los Libres.     En su intervención, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, dijo que las víctimas de la violencia criminal son prioridad del presidente Felipe Calderón y el caso de Fernández tendrá especial atención para que se esclarezca y sancione a los responsables.     Añadió que el caso será atendido especialmente por la Fiscalía Especial de Atención a Víctimas del Delito, y este asunto "es el primero e importante prueba para combatir la impunidad, y para mejorar las condiciones, se reforman las normas jurídicas".     Por su parte, el gobernador Aguirre Rivero aseguró que contribuirá para que los resolutivos de la CIDH se cumplan a cabalidad y expresó su disposición por evitar que actos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir en Guerrero.
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