A un año de haber tomado posesión como gobernador de Guerrero, por medio de un partido que no era el suyo y al cual le unen aún múltiples lazos, Ángel Aguirre Rivero, ha mostrado tener oficio político para sortear un camino colmado de problemas y vicisitudes. En especial tres grandes problemas que ya hubieran doblado a otro, pero no lo han conseguido con él: El caso Ayotzinapa, la violencia del crimen organizado y el temblor del 20 de marzo.
Paradójicamente los problemas para Aguirre no han venido de sus adversarios políticos que se han mostrado como unos novatos en la oposición, le han venido de otro lado: Primero de su propio partido, el PRD, de donde provienen los ex titulares de la PGJE, Alberto López Rosas y de la SSPYPC, Ramón Almonte Borja, quienes lo pusieron al borde del juicio político que le costaría el puesto por una mala operación frente a una manifestación estudiantil que terminó con tres personas muertas.
Esa ha sido la mayor crisis política vivida por el gobierno de Aguirre en el año que lleva en funciones y sus efectos aún no tocan fondo pues si bien la CNDH en su informe final pide juicio político para sus funcionarios mencionados, uno de ellos, López Rosas, desacostumbrado ya al vasallaje que tenía por cultura cuando fue militante priista en el pasado, no está dispuesto a pagar el costo de sus errores, al menos no ha pagar solo y ha mandado el mensaje de que si acaso él sufre castigo lo tendrá que sufrir también el anciano secretario de gobierno, Humberto Salgado Gómez, a quien señaló ya -este miércoles en el grupo Aca, según publicó el diario Novedades Acapulco en su página on line-, de haber sido quien les ordenó que acudieran al lugar del desalojo. En este tenor, al señalar a Salgado Gómez y decir que esperará la actuación del gobierno para tomar sus determinaciones, en realidad el exprocurador está amenazando a gobernador Aguirre: O lo defiende del juicio político moviendo sus piezas en el congreso local o el gobernador también pagará las consecuencias. Consecuencias que no son tan desdeñables si se considera que es el jefe máximo del gabinete de seguridad estatal.
El comportamiento del gobernador en ese renglón, sin embargo, ha sido impecable, corrió a quien tenía que correr, sin confrontarse con ellos, buscó y obtuvo el respaldo de su partido a nivel nacional y de éste hacia el congreso de la unión y hacia la CNDH, en tanto que en el plano estatal se protegió sobornando a las organizaciones sociales, a un buen número de periodistas locales y nacionales y los propios líderes del movimiento reivindicatorio del plantel,
que dejaron el tema por la paz. Fue una hábil maniobra política y económica, como seguramente lo hará también para bajar el nivel del ex procurador.
El otro tema es el de la delincuencia organizada. No es solamente el hecho de que se estén matando entre sí los criminales y que entre las patas se lleven algunos inocentes y la afectación a las actividades económicas, como el turismo, sino además el hecho de que se le ha señalado reiteradamente de proteger a una de las bandas en disputa, liderada por un personaje de apellido Aguirre y denominada Cartel Independiente de Acapulco, a la cual han tratado de golpear sin éxito con diversos grupos venidos en su mayoría de otros estados y de Tierra Caliente, a costa de sufrir fuertes pérdidas.
Nada se le ha probado al gobernador en este terreno y por el contrario se ha mostrado abierto a la colaboración con la estrategia del gobierno federal, impulsando el llamado programa Guerrero Seguro, con fuerzas federales que son más reactivas y de aparador que efectivas en cuanto a resultados reales de minar la capacidad operativa de las bandas de delincuentes, excepto contra aquellas que vienen a enfrentar al CIDA y que sí son diezmadas por los federales con relativa facilidad como ha ocurrido con el llamado Comando del Diablo o La Barredora o el CJNG, que sí han sufrido bajas, a diferencia del CIDA que permanece intacto.
Como sea, el caso es que el gobernador Aguirre ha actuado inteligentemente al lavarse las manos dejando el asunto a la PF. De esa manera cualquier acusación de proteger a quien dicen que protege, se queda sin sustento. Cientos mueren cada mes, pero para los guerrerenses sólo parecen cifras, frías cifras y en todo caso dan la apariencia de ser muertes de personas indeseables.
Bien sorteado pues el problema de la violencia criminal en Guerrero.
El otro problema es el del sismo del 20 de marzo. Si de por sí el presupuesto no es tan generoso como él hubiera deseado, para repartir dinero a manos llenas para mantener al estado en paz, con el temblor, menos alcanzará pues aunque lleguen recursos federales el estado tendrá que poner su parte para resarcir los daños.
Hay alguno pícaros, sin embargo, que dicen que ese temblor demuestra que la suerte está del lado de Aguirre pues el epicentro fue en su natal Ometepec y la tragedia le permitirá reconstruir su pueblito querido. Como haría cualquier cacique, sin tragedia de por medio, con la inyección de recursos que haga la federación y los que destine el propio estado.
El otro problema no mencionado aquí es el avispero de su partido -el PRD- en la elección de sus candidatos a cargos de elección popular, porque ahí más que problema resultó una oportunidad para él, de colocar a sus amigos y parientes, tanto en el PRD como en el mal dirigido PRI, con tan buen tino además que sus cuadros tienen perspectivas triunfales.
Así, el gobernador Aguirre ha librado con buenas cuentas sus problemas más graves en el primer año de gobierno.
Lo único que le ha faltado es desarrollo social y económico.
De todo lo que ofreció en campaña, en esa materia, aún no hay resultados tangibles. Ni siquiera en la cacareada campaña de alfabetización donde alguien le mal asesoró para que se pusiera metas tan altas que ni Cuba -ejemplo que pretende seguir-, ha cumplido desde la revolución de 1959 ;mientras que en su trato con la prensa, no deja de ser burdo citar cada fin de mes a casi 200 menesterosos que se hacen pasar por periodistas y hacen una larga fila para cobrar mil pesos cada 30 días en la oficina de comunicación social mientras se escatima y se niega publicidad a medios de trayectoria y penetración reales, lo que mancha lo que pudiera definirse como un gobierno de perfil democrático.
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