Conspiraciones
Por
Jorge Romero Rendón
Ayer le decía a usted que falta
congruencia entre los llamados a la honestidad y la transparencia que hace
el auditor general del Estado, Arturo
Latabán López con la realidad en que opera la AGE: no hay transparencia en
gastos, se manipula información sobre alcaldes que no rinden cuentas, y lo que
es peor, se dan facilidades a deudores y presuntos acusados de Peculado, para
que salgan impunes de ese delito.
El caso más evidente es el del exalcalde de Teloloapan y actual diputado
federal electo del PRD por el Distrito 02, Marino
Miranda Salgado, a quien Latabán López primero denunció como uno de los
ediles que no entregó cuentas públicas de los años de su gestión, y luego, con la complicidad del funcionarios del
Instituto Federal Electoral (IFE) y de la propia Auditoría General del Estado
(AGE), fue ungido como candidato perredista sin que hubiera cumplido con su
obligación de ley de comprobar el buen uso de los recursos que manejó al frente
de aquel ayuntamiento.
Todos sabemos que Miranda Salgado fue “perdonado”, junto con otros
alcaldes en funciones, por los diputados del Congreso local, en una acción polémica que los salvó de ser sometido
a un juicio político por no rendir cuentas de su gestión.
Pero a ver, la sospecha de que el auditor Arturo Latabán le otorgó impunidad a Marino Miranda, se funda en
tres hechos:
Primero, la denuncia de la AGE que data del año pasado) contra Marino Miranda, entonces alcalde de
Teloloapan, y contra los alcaldes de Cutzamala, Francisco Estrada Campos; de Cochoapa, Esteban González; de Alpoyeca, Roberto
Almora; de Quechultenango, Leonel
Angel Nava; y de Apaxtla, Manuel
Cuevas, por no haber entregado las cuentas públicas anuales y cuatrimestrales de
su ejercicio presupuestal, una vez vencidos los plazos en que deberían haberlo
hecho, por lo que sus casos fueron presentados ante el Congreso local para que
se les siguiera juicio político, como mandata la ley.
¿Cómo
logró Miranda ser candidato sin rendir cuentas…?
Segundo, porque a pesar de que el Congreso local libró a esos alcaldes
del juicio político en febrero pasado, tal decisión NO eliminó las facultades de la AGE para continuar su propio proceso
técnico y legal para exigir la rendición de cuentas y para aplicar las
sanciones que le corresponde aplicar a los incumplidos, sobre todo habiendo
sospecha de que se cometió el delito de Peculado por parte de esos ediles.
Los diputados locales no tienen
facultades para ordenarle a la AGE el sobreseimiento de los casos en que se
omite la presentación de cuentas públicas. Ellos solo evitaron llevar a los
alcaldes a juicio político, pero el proceso en la AGE continuó (teóricamente).
Y tercero, que en julio pasado, cuando Marino Miranda ya era candidato
en campaña a diputado federal del PRD por el Distrito 02, los regidores del ayuntamiento saliente de Teloloapan denunciaron a
Miranda Salgado de desvío de recursos, de no haber hecho las obras
comprometidas, y de imponer a un sucesor que también salió mañoso, pues
recibió 50 millones de pesos de la federación, y a esa fecha no había hecho ni
una sola obra.
En ese caso, Arturo Latabán
guardó silencio y no respondió a las denuncias, sobre todo sabiendo que él
mismo había acusado a Miranda Salgado de no presentar cuentas públicas de los
años 2009 al 2011, estableciendo la presunción
de desvío de recursos, lo que se tipifica como delito de Peculado.
Latabán no contestó siquiera el cuestionamiento público sobre la
realidad del caso Marino Miranda (evitó hablar de los adeudos pendientes y del
desvío), y lo que es peor, no explicó
por qué había logrado convertirse en candidato del PRD, sin haber
comprobado los recursos que manejó.
Ni el IFE ni la AGE supieron
explicar cómo logró Marino Miranda obtener su Carta de Liberación (de no
adeudos) sobre el uso de recursos públicos como alcalde con licencia, ni
aclarar si esa carta se la extendió
Arturo Latabán en secreto, lo que equivale a hacerse cómplice del delito de
Peculado. ¿O ese requisito es puro cuento?
Este y otros casos que iremos detallando en este espacio hacen del
auditor general del Estado, Arturo
Latabán López, sospechoso de complicidad y malos manejos como titular del
máximo órganos fiscalizador del estado. Esto es más grave si nos atenemos a lo
denunciado por el diputado perredista, Carlos
Alvarez Reyes, quien aseguró que el quebranto financiero debido a alcaldes que
desvían y no comprueban recursos llega a 2 mil millones de pesos. ¿Le
parece un dato de poco interés para el guardián del buen uso del dinero
público?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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