ORDEN Y PROGRESO

Por: Esteban Valdeolivar S.

La reordenación del país en lo político y en lo territorial es uno de los grandes desafíos del México contemporáneo y por supuesto del gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Así, la Secretaría de Seguridad Pública se ha integrado a la Secretaría de Gobernación, desaparece la Secretaría de la Función Pública una vez que se integre el nuevo órgano autónomo de fiscalización, se crea formalmente la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de la Reforma Agraria se transforma en una nueva dependencia para dar lugar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Bajo el nuevo marco de la reforma reciente, la Secretaría de Gobernación recupera espacios de acción y obtiene más de lo que tenía. Por ejemplo, la coordinación del Gabinete es una tarea fundamental y le concede una jerarquía política y un terreno de la mayor importancia. Asimismo, la reinserción de las responsabilidades de seguridad pública le otorga una tarea crítica y de gran relevancia. Dos temas a destacar en este aspecto: el primero, el cambio permite que lo referente a la seguridad pueda emprenderse en el marco de una estrategia general e integral bajo un concepto de Estado; vale aquí la pena enfatizar que la seguridad pública no puede dejarse en una dirección operativa, por eficaz que sea o parezca. El segundo tema es el mando civil de la fuerza pública, principio republicano fundamental.

Por su parte, el desafío inmediato del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, es acreditar que la nueva dependencia que amplía de manera significativasus responsabilidades. Su tarea implica la coordinación en dos grandes planos: en primer término con otras dependencias y organismos de carácter federal que tienen competencia en la materia y que deben ajustar su actuación a una estrategia integral y una agenda común que debe estructurar la nueva dependencia. Así, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Sedesol, el Infonavit, Conagua, la Semarnat y el INEGI, entre otros, deberán mantener una estrecha coordinación con la nueva dependencia. El otro plano se refiere a los gobiernos del Distrito Federal y a los de los estados y municipios. Todo el país y todas las instituciones de gobierno deben participar de un programa común de reordenación territorial con una perspectiva de, al menos, 50 años y que proyecte el tipo de país que queremos.

 La acelerada urbanización que ha caracterizado a las últimas ocho décadas ha significado un crecimiento de ciudades al margen de la planeación y del uso racional del suelo. No existe ciudad en el país que no padezca este problema que tiene que ver con la insuficiencia de servicios públicos, pero también con la muy precaria planeación urbana y, particularmente, con la fragilidad de las autoridades municipales para hacer valer las normas y procedimientos que concedan un uso racional del suelo y que se hagan tangibles en una mejor convivencia y calidad de vida para las personas y las familias.

La reordenación del país debe tener un sentido humano y social. La modernidad no debe ser impuesta a costa del origen y del valor cultural y social que se concede al espacio y al territorio. Pero tampoco causas legítimas como es la protección del patrimonio cultural o el medio ambiente deben ser utilizados a manera de ganar ventaja particular o de frenar la transformación que debe tener el territorio y los lugares de asentamientos humanos.

Pero,  usted amable lector tiene como siempre la mejor opinión.