Israel Navarro y Fernando Damián
Los legisladores desecharon las 93 reservas presentadas por gran
parte de las bancadas. Al término de la sesión anunciaron un puente de
11 días, para reanudar sus actividades el próximo 2 de abril.
Foto: Israel Navarro
Diputados del PRI, PAN,
Partido Verde y Panal dieron la espalda al legislador del PT, Manuel
Huerta Ladrón, luego de que éste ofendiera a una legisladora panista.
México • Tras ocho horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma en telecomunicaciones y envió la minuta al Senado para su ratificación.
Los legisladores desecharon las 93 reservas presentadas por gran parte de las bancadas. Al término de la sesión anunciaron un puente de 11 días, para reanudar sus actividades el próximo 2 de abril.
Durante el debate, el diputado del PT Manuel Huerta Ladrón fue increpado por la legisladora del PAN, Aurora Aguilar, quien le pidió “dar los argumentos de su reserva y dejar de ofender a la asamblea”.
En respuesta el petista aseveró: “que cobardía del PAN que manda a una legisladora a descalificarme” lo que provocó el enojo de la asamblea, principalmente de las diputadas, y exigieron una disculpa.
Ante la negativa, legisladores del PRI, PAN, Partido Verde y Panal dieron la espalda al Huerta Ladrón mientras éste continuaba su exposición.
El proyecto garantiza el derecho constitucional de acceso a la banda ancha e internet, y pone a cargo del Ejecutivo la política de inclusión digital que prevé, entre otras metas, que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a la descarga de información con la velocidad promedio registrada entre las naciones integrantes de la OCDE.
Considera igualmente la tipificación de delitos en materia de telecomunicaciones, así como la creación de divisiones del Ministerio Público y tribunales especializados.
El dictamen avalado por mayoría calificada admite hasta cien por ciento de inversión extranjera en el sector telecomunicaciones y de comunicación vía satélite, y un máximo de 49 por ciento esa proporción en el área de radiodifusión, aunque en este último caso el porcentaje está condicionado a la reciprocidad del país de origen del inversionista.
Bajo el esquema de “must carry-must offer”, el proyecto establece la obligación de los sistemas de televisión vía satelital y restringida de retransmitir las señales de televisión abierta que alcancen 50 por ciento de cobertura nacional o correspondan a instituciones públicas, es decir, las de Televisa, Televisión Azteca, Canal del Congreso y Canal Judicial, entre otras.
No obstante, el Ifetel sancionará con la revocación de concesiones a los agentes económicos preponderantes que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad a través de otros concesionarios.
Los aspirantes a comisionados del Ifetel deberán acreditar un examen de conocimientos ante al menos dos instituciones de educación superior y ser evaluados por un consejo integrado por los titulares del Banco de México, del INEGI y del INE, que a su vez propondrá al Ejecutivo una lista de entre tres y cinco candidatos por cada vacante para de entre ellos presentar al Senado de la República un nombre que deberá ser ratificado con dos terceras partes de la votación.
La reforma ordena que, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a su integración, el Ifetel expida la convocatoria para licitar las concesiones de al menos dos nuevas cadenas nacionales de televisión.
De igual forma deberá establecer las medidas necesarias para la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones, de manera que otros concesionarios puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión en cualquier punto de la red pública.
Se considerará como agente económico preponderante a aquel cuya participación nacional supere 50 por ciento en servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico en sus redes.
También se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se establecerá un organismo público y autónomo que promoverá el servicio de radiodifusión sin fines de lucro para garantizar contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica; así como la igualdad entre mujeres y hombres.
Los legisladores desecharon las 93 reservas presentadas por gran parte de las bancadas. Al término de la sesión anunciaron un puente de 11 días, para reanudar sus actividades el próximo 2 de abril.
Durante el debate, el diputado del PT Manuel Huerta Ladrón fue increpado por la legisladora del PAN, Aurora Aguilar, quien le pidió “dar los argumentos de su reserva y dejar de ofender a la asamblea”.
En respuesta el petista aseveró: “que cobardía del PAN que manda a una legisladora a descalificarme” lo que provocó el enojo de la asamblea, principalmente de las diputadas, y exigieron una disculpa.
Ante la negativa, legisladores del PRI, PAN, Partido Verde y Panal dieron la espalda al Huerta Ladrón mientras éste continuaba su exposición.
El proyecto garantiza el derecho constitucional de acceso a la banda ancha e internet, y pone a cargo del Ejecutivo la política de inclusión digital que prevé, entre otras metas, que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a la descarga de información con la velocidad promedio registrada entre las naciones integrantes de la OCDE.
Considera igualmente la tipificación de delitos en materia de telecomunicaciones, así como la creación de divisiones del Ministerio Público y tribunales especializados.
El dictamen avalado por mayoría calificada admite hasta cien por ciento de inversión extranjera en el sector telecomunicaciones y de comunicación vía satélite, y un máximo de 49 por ciento esa proporción en el área de radiodifusión, aunque en este último caso el porcentaje está condicionado a la reciprocidad del país de origen del inversionista.
Bajo el esquema de “must carry-must offer”, el proyecto establece la obligación de los sistemas de televisión vía satelital y restringida de retransmitir las señales de televisión abierta que alcancen 50 por ciento de cobertura nacional o correspondan a instituciones públicas, es decir, las de Televisa, Televisión Azteca, Canal del Congreso y Canal Judicial, entre otras.
No obstante, el Ifetel sancionará con la revocación de concesiones a los agentes económicos preponderantes que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad a través de otros concesionarios.
Los aspirantes a comisionados del Ifetel deberán acreditar un examen de conocimientos ante al menos dos instituciones de educación superior y ser evaluados por un consejo integrado por los titulares del Banco de México, del INEGI y del INE, que a su vez propondrá al Ejecutivo una lista de entre tres y cinco candidatos por cada vacante para de entre ellos presentar al Senado de la República un nombre que deberá ser ratificado con dos terceras partes de la votación.
La reforma ordena que, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a su integración, el Ifetel expida la convocatoria para licitar las concesiones de al menos dos nuevas cadenas nacionales de televisión.
De igual forma deberá establecer las medidas necesarias para la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones, de manera que otros concesionarios puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión en cualquier punto de la red pública.
Se considerará como agente económico preponderante a aquel cuya participación nacional supere 50 por ciento en servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico en sus redes.
También se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se establecerá un organismo público y autónomo que promoverá el servicio de radiodifusión sin fines de lucro para garantizar contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica; así como la igualdad entre mujeres y hombres.
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