EL COMPROMISO MEDIANTE EL CUAL LEVANTARON LA HUELGA DE HAMBRE FUE UNA
VERDADERA BURLA.
El pasado sábado 11 de mayo la
maestra Rosalinda Vargas Barrera y sus hijos Elizabeth y Alejandro Olguín
Barrera levantaron su huelga de hambre de 5 días tras acordar con el
representante de la Secretaria de Gobernación que se cumpliría con el punto
relacionado a la remoción de un factor de riesgo representado por la C. América
Beatriz Román Iturbide incluida dentro de las Medidas Cautelares otorgadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a la remoción de
factores de riesgo humanos que atentan contra la seguridad de los beneficiarios
de dichas medidas cautelares.
En seguimiento de dicho acuerdo
el día de ayer se efectuó una reunión en las oficinas de PROTUR en Acapulco
Diamante con los siguientes servidores
públicos:
1.- Lic. Vicente García Esparza
de la Secretaría de Gobernación
2.- Lic. Víctor Hugo Méndez
Salgado de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero
3.- Lic. Alejandro Victoriano
Pintos Romero encargado de la Fiscalía para la Protección de los Derechos
Humanos de la Procuraduría de Justicia del Estado.
4.- Lic. Hugo Damián Ocampo Pérez
Director de Evaluación de la Contraloría Interna de la Procuraduría de Justicia
del Estado.
5.- Lic. Juan José Gatica Martínez coordinador
de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Civil del estado.
6.- Lic. Ramón Navarrete
Magdaleno Coordinador de la Región
Acapulco de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos.
Dicha reunión, desafortunadamente
tomó el mismo cauce que muchas otras: los servidores por su bajo perfil dijeron
desconocer el estado de las investigaciones, de los procesos administrativos y
fueron enfáticos en decir que no podían comprometerse a cumplir con las
peticiones de la Sra. Rosalinda, olvidando que no son peticiones sino que son
las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para que Rosalinda y su familia tengan acceso a la justicia de manera segura,
sin riesgos para su vida y su integridad física.
Ante la imposibilidad de que los
servidores públicos se pudieran comprometer a tomar medidas efectivas y
eficaces y ante la alternativa de quedarnos a firmar una minuta que avale la
nula voluntad política del gobierno del estado para cumplir con sus
compromisos, la señora Rosalinda, sus hijos, y los representantes de
organizaciones de derechos humanos que la acompañábamos decidimos retirarnos,
haciendo patente al representante de la SeGob nuestra inconformidad.
El 30 de octubre de 2012, hace 7
meses, el gobernador Aguirre se comprometió a: despedir a la C. América Beatriz
Ramos Iturbide y resolver el problema laboral que no les permite solicitar un
cambio de adscripción para disminuir los riesgos; ayer el representante de la Secretaria
de Gobierno acudió a la reunión diciendo no conocer el caso y sus distintas
implicaciones administrativas, penales y civiles, cuando se le pidió que en la
siguiente reunión estuviera el titular de la secretaría de Gobierno, se
disculpó diciendo que no sabía quién será; ignorando que las relaciones de
derecho entre la CIDH y el gobierno mexicano son de tipo institucional y no personal,
no importa quien sea, sino lo que importa es el cargo que desempeña con sus
atribuciones y responsabilidades.
Entendemos perfectamente que ayer
nos reunimos con representantes de un gobierno del estado de Guerrero con
graves problemas y que las principales instituciones que deben resolver la
implementación de las medidas cautelares (secretaria de Gobierno, Procuraduría
de Justicia y secretaria de Seguridad Publica) están virtualmente acéfalas y
que eso dificulta la toma de decisiones.
Pero nos preocupa mucho mas que
se repitan casos como los de Javier Torres Cruz quien denunció amenazas y aun
con medidas cautelares de la CODDEHUM-Gro fue asesinado en abril de 2010; o el
de Rubén Santana Alonso quien también denunció hostigamientos y amenazas y fue
asesinado en febrero de 2011; o el mas reciente asesinato de Juventina Villa
Mojica quien incansablemente denunció las amenazas, los asesinatos de
familiares y paisanos y a pesar de tener medidas cautelares de la CODDEHUM-Gro
y acompañamiento policiaco fue asesinada en noviembre del año pasado.
Hace 3 años, el 3 de Noviembre de
2010 la CIDH otorgó las medidas cautelares a Rosalinda y su hija Elizabeth.
Y están dirigidas al gobierno mexicano cuyo
representante es Enrique Peña Nieto titular del poder ejecutivo federal y al
gobernador del estado Ángel Heladio Aguirre Rivero, titular del poder ejecutivo
estatal quien a falta de los titulares de sus secretarias y procuraduría, es el
único y directamente responsable de la acción u omisión de las instituciones
del ejecutivo estatal. En sus manos está resolver. En su voluntad política está
la decisión y el costo político.
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?