Roberto Olivares, presidente de ANEAS, dijo este viernes a la prensa, en el marco del IV Foro nacional de la Ley de Agua Potable y Saneamiento, celebrado en este puerto, que el director de la CAPAMA cuenta con todo el respaldo de la asociación "no sólo por ser parte de ANEAS, donde es el tesorero, sino también porque tiene la capacidad técnica para llevar al organismo a mejores condiciones con el apoyo de Aneas y de la Conagua", la cual ha destinado una partida de mil 500 millones de pesos, para mejorar el abasto de agua a los acapulqueños.
En el evento, la doctora Judith Domínguez, presentó la propuesta de Ley General de Agua Potable y Saneamiento, que pretende unificar los criterios legales con que se juzga la forma en que los gobiernos abordan ese servicio ante la población.
La ponente explicó que en la actualidad los criterios en los estados son variados, pues mientras San Luis Potosí, por ejemplo, lo considera un derecho humano fundamental y no permite el corte del servicio a los usuarios, en el Distrito Federal, se hizo una modificación legal que si permite al gobierno cortar el servicio, por lo cual urge unificar criterios y crear una sola ley nacional.
Ahí mismo, al presentar su ponencia el ingeniero Francisco Velasco Islas, director de la CAPAMA, dijo que es importante ciudadanizar los organismos operadores de agua potable, para quitarles el criterio político y clientelar, en el cual los partidos lo ven como botín y cada tres años, cada alcalde quiere colocar a un nuevo director, interrumpiendo así los planes de trabajo de los profesionales que están al frente.
Apuntó que conviene crear también una especie de servicio civil de carrera, para que si un directivo hace bien su trabajo, no sea quitado por cuestiones políticas cada que se cambia al presidente municipal, quienes lo ven como una agencia de colocaciones para cumplir con sus compromisos políticos.
Al respecto Olivares opinó que habría que crear también mecanismos de evaluación continua de los directivos, para que si no funciona pueda ser retirado en base a criterios de eficiencia profesional y no de política
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