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Niños asesinados por el crimen organizado

Murieron antes de los 17: los niños asesinados por el crimen organizado

por: Óscar Balderas
Sobre la tierra aún húmeda por el rocío de la madrugada, encontraron el cuerpo de Elpidio en estado de descomposición. Estaba boca abajo, con las piernas y brazos extendidos, una bolsa de inhalante en la mano y un disparo en la nuca.
Había desaparecido desde el miércoles 13 de febrero de este año, cuando unos desconocidos lo invitaron vender aguacates con ellos en el municipio de Acatic, Los Altos de Jalisco, para que pudiera sumarle unos pesos extra a su trabajo como reciclador de latas y botellas.
Elpidio no volvió a casa el miércoles, sus familiares lo reportaron desaparecido el jueves y el sábado por la madrugada lo hallaron sobre un rastro de tierra que indicó que su cuerpo fue arrastrado.
Su muerte culminó una serie de tragedias para la familia Vega Hernández: el papá de Elpidio lleva más de un año en el Penal de Puente Grande por posesión de drogas y su madre, según la policía local, tenía algún grado de adicción a las drogas.
El domingo lo enterraron, entre dudas sobre si su homicidio estaba relacionado con los delitos de su padre. Elpidio tenía 9 años cuando lo ejecutaron.
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Desde el año 2010, cada 36 horas un niño o adolescente es ejecutado en México y su muerte está vinculada a la lucha contra el crimen organizado, según un documento de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
De acuerdo con la ONG, con sede en la ciudad de México, un conteo hemerográfico arrojó que homicidios como el de Elpidio no son fenómenos aislados: 757 niñas y niños de entre 0 y 17 años han sido asesinados directamente por grupos armados hasta la fecha.
“No estamos hablando de balas perdidas o los mal llamados ‘daños colaterales’. Son muertes en población infantil por causa violenta, ligadas a la lucha contra el narcotráfico”, explicó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.
 En 2010, se contabilizaron 174 homicidios; en 2011, 244; en 2012, 289. Y en lo que va del año, señaló Martín Pérez García, se han contabilizado alrededor de 50 casos.
“Son crímenes usados como propaganda, en muchos casos. Sirven para dar un mensaje a las familias. Es el extremo de la violencia”, lamentó.
Y si esa estadística es escalofriante, la que sigue es mucho más alarmante.
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El 2 de diciembre de 2011, Rodrigo C. fue hallado muerto en el fraccionamiento Infonavit Progreso en el puerto de Acapulco, luego de 24 horas de estar desaparecido.
Los hombres que lo interceptaron en su camino a la tortillería envolvieron su cuerpo en plástico negro y lo dejaron frente al edificio 5, donde vivía con su madre.
El Servicio Médico Forense de Guerrero determinó que la causa de la muerte fue por asfixia, probablemente ejecutado apenas fue secuestrado.
A Rodrigo, de 7 años, lo encontraron junto a una cartulina que decía: “Esto me pasó por soplón”.
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De acuerdo con Redim, la estrategia de la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y la continuidad del plan por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, demuestra que la violencia hacia niños y adolescentes va en aumento.
El 77% de estos homicidios se dan por armas de fuego, pero el crimen también usa otros métodos: 5% por estrangulamiento; 3% con algún objeto cortante. Con el mismo 2% están “empatados” tres tipos de homicidios a menores: con armas de fuego de intención no determinada, agresión con fuerza corporal y agresión con humo.
Con 1%, se igualan los asesinatos con material explosivo y los de agresión sexual con fuerza corporal.
Finalmente, 7% son métodos varios, que van desde desmembrar cuerpos hasta enterrarlos vivos.
“De nuevo, es importante tenerlo en contexto: estamos hablando de víctimas de 0 a 17 años, niños de 5 años, niñas de 8, jóvenes de 11 o 12 que ni siquiera han entrado a la secundaria.
“Hoy por hoy, el estado más peligroso para un niño, según nuestras cifras, es Chihuahua, seguido de Nuevo León, Guerrero y Sinaloa”, indicó el director ejecutivo de Redim.
Los más vulnerables son los varones de entre 15 y 17 años, pero hay otros casos documentados: los 16 niños de entre 5 y 9 años ejecutados en 2012 y 2010, por ejemplo.
El documento también expone otro fenómeno: el 80% de las muertes no se han podido vincular a un grupo criminal específico, por lo que su resolución probablemente quede impune.
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El miércoles 20 de marzo de este año, el sitio BlogDelNarco.com publicó una historia de otra menor asesinada: Esthefani, de 16 años, había sido acribillada por un sicario que portaba un arma 9 milímetros.
En pleno Centro Histórico de San Luis Potosí, un hombre se acercó a la joven, quien trabajaba en un puesto de discos apócrifos en el Mercado Los Huarecheros; seis disparos después, a quemarropa, falleció frente al local 19.
El sitio publicó la fotografía del cuerpo: Esthefani tendida bocarriba, el brazo izquierdo doblado, el derecho extendido, con una blusa rosa que resalta su corta edad.
Días más tarde, autoridades potosinas explicaron una posible línea de investigación: Esthefani pudo ser novia de un narcomenudista de la zona, a quien le cobraron una deuda quitándole a balazos a su pareja.
Esthefani no había terminado ni el segundo año de preparatoria.
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Para frenar este fenómeno, Redim tiene una propuesta: urge un Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en México.
“Hasta el momento, los esfuerzos de autoridades federales y locales no están articulados. Hay muchos vacíos que ponen en vacío legal a los niños y esto se puede resolver con voluntad política”, señaló Martín Pérez García.
Un primer paso, comentó, sería un diagnóstico oficial, a nivel nacional sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en México solicitado por la Cámara de Diputados, REDIM y organismos internacionales.
Luego, introducir en las legislaciones federales y estatales la prohibición legal explícita de toda forma de violencia contra las niñas y los niños, en todos los entornos, así como la promoción de un sistema en todo el país que recabe datos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
“Y muy importante, un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia, es decir, un órgano que articule sistemas de asistencia, educación, salud y justicia en instituciones que atienden a la niñez”, afirmó el especialista.
Mientras esto no suceda, alertó, seguirán casos como el de Ana, de 12 años; Juan Manuel de 14 años; Pedro de 8 y su hermana de 6 años.

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