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Asesinos de niños

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales


En una entrega reciente titulada Choque Inminente, que circuló el pasado 17 de junio, advertíamos sobre el riesgo de choques armados o masacres en la región de Costa Grande, luego de la irrupción de un nuevo grupo armado que se presentó como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CGNG).

Por desgracia este pronóstico comenzó a cumplirse fatalmente el jueves 4 de julio cuando un comando armado asesinó a mansalva a un grupo de niños y jovencitos reunidos en una huerta aledaña al Río de Coyuca, ocho en total, quienes fueron ejecutados cruelmente, como si fueran parte de alguna banda rival en la pugna que sostienen los grupos criminales por el control del territorio.

En este contexto, esos encapuchados del CGNG claramente forman parte de un nuevo reclutamiento en el estado de Guerrero, particularmente en la región de Costa Grande, alineados junto a los Carrillo y los Beltrán Leyva, para combatir al bloque contrario del crimen organizado en el que se forman tras el Cártel de Sinaloa las bandas aliadas de éste, entre ellos los Caballeros Templarios -que nada tienen ni de caballeros ni, mucho menos, de la histórica organización cristiana que se dedicó a proteger las rutas que conducían a Tierra Santa-.

Esa organización delictiva se ha constituido, sin que lo adviertan las autoridades, en una amenaza de mayor peligrosidad para muchas comunidades que, por lo menos desde 2011, comenzaron a ser desalojadas de sus áreas de oriundez so pena de trabajar para el grupo delictivo, entregar sus tierras o morir si se resisten.

Hay innumerables casos de personas ejecutadas en la parte alta de la sierra de Tecpan cuyas familias jamás han recibido la menor atención de los gobiernos estatal o municipal. Tampoco han recibido ningún auxilio gubernamental las decenas de familias que debieron emigrar a tierras bajas ante la amenaza inminente que significan estos grupos de pistoleros que pululan en la parte alta de la Sierra Madre del Sur, desde Vallecitos de Zaragoza hasta Tepetixtla.

Una estimación aproximada, producto de una indagación periodística, calcula en más de 60 las personas asesinadas en la parte alta, y más de un centenar si se suman las ejecuciones que han ocurrido en las tierras bajas.

Pero el gobierno estatal sólo se dedicó a atender a las familias que fueron expulsadas de la zona de La Laguna, en la cresta del Filo Mayor, abanderadas por agrupaciones de defensa de derechos humanos que registran una inequívoca vocación política. Esas agrupaciones, sólo por comparar, jamás se han ocupado de atender a las varias decenas de familias de Tecpan y Petatlán que han sido expulsadas de sus tierras por esos mismos grupos delincuenciales.

En estricto rigor, los expulsados de La Laguna -encabezados primero por Rubén Santana Alonso y, a su muerte, por su viuda Juventina Villa Mojica- mantuvieron un diferendo durante más de una década con otros grupos vecinos por la ocupación de la tierra. Este diferendo surgió probablemente en 1997, cuando fue secuestrado por la guerrilla un miembro de la prominente familia Montúfar Burgos.

Por esas fechas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) mantenía un crecimiento boyante en la región, al grado de que se estima en unos 250 el número de combatientes que logró reunir el extinto Comandante Ramiro durante su gestión, por encargo de la dirección nacional de esa formación político-militar. La debacle devino con su muerte en 2009, emboscado por uno de sus segundos de nombre Alberto Cayetano Alvarado Palacios, lo que dejó en la más absoluta orfandad a las familias lideradas por Juventina Villa, lo que al final terminó con su asesinato.

En esta amalgama de intereses de mezclaron, a partir de 2010, los de los grupos caciquiles como el de Ramiro Montúfar Burgos, vinculados con el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo que se prestó a integrar un grupo paramilitar pagado para asesinar a supuestos encapuchados y, finalmente, por la integración formal de la banda delincuencial conocida como Caballeros Templarios, a la que se anexaron algunos remanentes de la guerrilla del ERPI que era hostigada por todos los flancos.

Así, el grupo de los Templarios se fortaleció con la integración de unos 50 o 60 exguerrilleros dejados en la orfandad con la muerte del jefe insurgente Ramiro, lo que le permitió a esa banda delincuencial una amplia movilidad por la parte alta de la sierra debido al conocimiento previo con que contaban los excombatientes.

Así, por la parte alta de la cordillera, los Templarios se fueron extendiendo a todos los municipios de la Costa Grande, desde La Unión hasta Coyuca de Benítez, con la diferencia de que no se comportan como un grupo delincuencial más: cuentan con la experiencia y las tácticas militares asimiladas por los exguerrilleros en años de entrenamiento. Es decir, en la zona rural de comportan como guerrilla.

El único espacio que no pudieron invadir en la Costa Grande es, precisamente, la parte baja del municipio de Tecpan, que es un feudo histórico de los narcos de esa región, señaladamente algunos miembros de la familia Granados, que mantienen una relación añeja con los Beltrán Leyva.

Pero cualquiera se preguntaría: ¿Para qué quieren los Templarios el control de la sierra, si lo único que hay ahí son cosechas magras y un poco de ganado?

Es muy sencillo: la parte media de la Sierra Madre del Sur ocupa el primer lugar nacional en la producción de marihuana, mientras que el llamado Filo Mayor genera una producción incalculable de goma de amapola, de la que se deriva la heroína, una de las drogas más caras en el principal mercado internacional: los Estados Unidos.
El control de la producción y trasiego de amapola y marihuana de Guerrero, que con toda seguridad constituye el principal objetivo del grupo criminal Los Templarios, les podría generar, potencialmente, más de 500 millones de dólares anuales tan sólo en materia de producción, sin contar con las ganancias derivadas de su traslado al mercado norteamericano.

Frente a este ingreso foráneo, el mercado local de los secuestros y la extorsión se queda bastante pálido, aunque todo indica que seguirán haciéndolo.

Vista la situación en un contexto estratégico, es previsible que pronto habrá una batalla enconada entre los grupos criminales por el control del corredor de producción y trasiego que constituye la Costa Grande y parte de la región de Tierra Caliente, particularmente Ciudad Altamirano, donde baja gran parte de la producción de estupefacientes.

Quizá nadie había previsto tal escenario, pero es claro que la riqueza de la sierra madre no sólo es su agua, flora, fauna y recursos minerales: también el control estratégico de la producción de estupefacientes que es el verdadero trasfondo de los despojos en aquella región así como los desalojos violentos de pueblos enteros.

Pero, como siempre, la población civil indefensa es la que queda en medio de las pugnas criminales. El gobierno en sus tres órdenes tiene la insoslayable misión de actuar en consecuencia, antes que las cosas se pongan peor.

Por lo pronto, esperamos que se auxilie a los deudos de los niños masacrados pero, sobre todo, esperamos que jamás vuelvan perpetrarse asesinatos contra niños. Tal parece que comenzamos a repetir la historia de las favelas de Brasil, en que escuadrones de la muerte mataban niños mendigos por paga. Dios nos libre de que esto llegue a ocurrir.



Esta informacion es de interes publico

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