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Condena internacional al asesinato de lideres de UP de Iguala

La desaparición forzada de 8 activistas sociales, integrantes de la
Organización Social "Unidad Popular" (UP), de Iguala, Guerrero y la
ejecución extrajudicial de tres de ellos ; Arturo Hernández Cardona,
Félix Rafael Bandera Román, y Ángel Román Ramírez, ha sido condenada
internacionalmente, por; Human Rigts Watch , Amnistía Internacional ,
y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, quienes han
solicitado al Estado Mexicano que aunque la Procuraduría General del
Estado de Guerrero ha iniciado la investigación esta sea atraída por
la Procuraduría General de la República, por la sospecha de una
posible implicación de autoridades locales.

El Dictamen de Necropsia que le fue practicado al activista social
Arturo Hernández Cardona pone de manifiesto que;

- Recibió 3 balas; una en la cabeza, otra en la cara, y en el pie, las
  tres con restos de polvo negro.
- Desprendimientos de la piel
- Equimosis orbicular en el ojo izquierdo
- Que fue atado de las manos, y que tuvo arrancamiento traumático a
   nivel del dedo índice de la mano derecha.
-  Fue golpeado en el frente de tórax y en la parte posterior de tórax
   entre, columna, estomago, otras

Por lo anterior hemos solicitado a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, las Medidas Cautelares para las familias de los
activistas sociales Arturo Hernández Cardona y Rafael Bandera Román,
y desde el 9 del presente se suma a la Petición: MC 185-13, el Centro
por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).

Ponemos de manifiesto que ha sido permanentemente hostigada la familia
del activista ejecutado Arturo Hernández Cardona, ejemplo es que la
noche del 10 de julio, escucharon pasos en la azotea de su vivienda,
por lo cual decidieron no salir.

Manifestamos que con fecha de 27 de junio del año en curso, la C.
Sofía Lorena Mendoza Martínez, solicita al H. Congreso del Estado de
Guerrero, se dé inicio al Procedimiento de Revocación de Mandato en
contra del Presidente Municipal de Iguala, C. José Luis Abarca
Velázquez.

Por lo anterior manifestamos que;

Este caso debe de ser atraído a la brevedad por la PGR.

El Estado Mexicano debe de garantizar la seguridad física y sicológica
de las familias de los tres activistas ejecutados, de la seguridad del
defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez y de la de los cinco
activistas que lograron huir y que son testigos presenciales de los
hechos, así como de sus familias.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.
Esta informacion es de interes publico

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