Hasta
hace poco, todo mundo sabía que el Acabús sería una empresa privada,
constituida por la asociación de varios inversionistas. Pero de pronto corrió
la información de que el gobernador había enviado una iniciativa al Congreso
para reformar la Ley de Transporte y Vialidad del estado, para crear el
mencionado organismo público descentralizado. Luego vino una rápida sucesión de
acontecimientos, que concluyó el pasado martes 19 de noviembre, cuando el Legislativo la votó a favor.
Así,
de un plumazo legislativo, ahora será el gobierno del estado el propietario,
administrador y operador del nuevo sistema de transporte, por medio de una
empresa, que para fines de organigrama se denomina organismo público
descentralizado.
¿Por
qué y cómo los diputados locales llegaron a la conclusión de que ésta era la
mejor solución en este caso? Hasta ahora eso no se sabe, y tal vez nunca se
sabrá, porque los diputados han guardado celoso silencio acerca de sus
motivaciones.
Sólo
se sabe que, al final del proceso, los del PRI y los del PVEM se echaron para
atrás y se negaron a avalar la decisión con el argumento de que les hacía falta
información, y de que el PRD y el MC –que son la mayoría– se negaban a pedir la
comparecencia de los funcionarios del ramo para aclarar sus dudas.
El
hecho es preocupante, pues significa que el Acabús, como organismo del
gobierno, estará expuesto a la corrupción, los caprichos y estilos de los
gobernantes y los vaivenes de la política, además de que será otra caja chica
de los hombres del poder.
¿Recuerda
usted el abandono del sector salud, la falta de medicamentos en sus farmacias,
los centros de salud cerrados? Es por lo mismo. El estado es mal administrador,
per se. Consciente de ello –y también a instancias de organismos
internacionales–, sólo se ha reservado, a veces en exclusiva, tareas de
carácter estratégico, como la administración de los energéticos o la salud de
la población. Pero el transporte público no es un sector estratégico, no al
menos en términos de seguridad nacional.
¿Y
ha intentado hallar el decreto que votaron los diputados para reformar la Ley
de Transporte y Vialidad? Yo no lo hallé ni en la Internet, ni en la página del
Congreso, ni en ningún otro sitio.
Ésa
es otra característica de este asunto: la opacidad. Alguien tiene que salir a
explicar por qué el gobierno se hará cargo de operar una empresa que
aparentemente estaba bien. ¿Es acaso un rescate anticipado? ¿Acaso la empresa
previó que no sería negocio y pidió que le reembolsaran su dinero? ¿Temen que
al dar información quede al descubierto algún negocio sucio? ¿Cuánto costará
esa operación a los contribuyentes? ¿Cuántas escuelas o centros de salud u
hospitales dejarán de construirse por esta decisión? ¿A quién beneficia? ¿Así
fue pactado desde el principio con el gobernador?
Son
todas estas preguntas que ya debieron ser contestadas por las autoridades.
Pero
incluso las páginas web de las autoridades de Guerrero se parecen mucho a las
empresas públicas del gobierno: de todo carecen, todo les falla. En otras
palabras: no encontrará el texto del decreto que reforma la Ley de Transporte y
Vialidad para crear el organismo público descentralizado que operará el Acabús.
En
nada hay certeza, excepto en algo: con esta decisión se destruye un proyecto
que pudo servir para verdaderamente modernizar el transporte de pasajeros en
Acapulco –y luego en Chilpancingo– y se ofrece otra caja chica a los
gobernantes, para que metan mano y tomen el dinero, al fin que es público.
Ya
verán los usuarios cómo se deterioran los camiones por falta de mantenimiento,
por falta de dinero, y cómo la empresa se vuelve un desastre plagado de
ineficiencia, de corrupción y de deudas, como empresa pública, como ha sido
siempre.
Yeshica
Melo de Mojica
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