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| Foto ilustrativa. Helicoptero Bell UH-1H |
Arremete de nuevo Aguirre contra ex funcionarios de Zeferino
*Emite el gobierno de Guerrero un comunicado diciendo que
sigue la investigación en torno a la compra de un helicóptero por la
administración pasada
REDACCION
El gobierno de Guerrero emitió la tarde de este lunes un
comunicado, sin que haya mediado justificación de por medio, sobre la
adquisición, por el gobierno anterior que encabezara Zeferino Torreblanca
Galindo, de un helicóptero para las propias autoridades gubernamenales.
El boletín de prensa indica que “Con respecto a la compra
irregular del helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), tipo Bell UH-1H, Súper Huey, por parte de funcionarios públicos
de la administración pasada, el gobierno de Guerrero, a través de la Contraloría
General del estado, informa que las personas involucradas no han
sido exoneradas. y se emitirá una nueva resolución respecto al caso.
En relación a la denuncia presentada por el ex encargado de despacho de la Procuraduría, Alberto López Rosas, la Contraloría General, inició una investigación administrativa el 18 de abril del 2011, en contra de quien resultara responsable.
Una vez concluida la investigación se inició procedimiento de responsabilidad administrativa número QD/PA/002/2012 en contra de los ex funcionarios José Antonio Bajos Valverde y Patricia Margarita Díaz Hernández, entre otros.
La compra de esta unidad mantuvo entre otras irregularidades, que no se encontraba en condiciones de vuelo debido a diversas fallas que no fueron reportadas ni corregidas de acuerdo a manual del fabricante.
Además, no se hizo valer en contra del proveedor la cláusula penal contenida en el contrato de compra número SFA/DGASG/RE/15/09.
Asimismo, la compra del helicóptero de referencia, no fue autorizada por el Comité de Adquisiciones del gobierno del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos, sino por la cantidad de 19 millones 208 mil 590 pesos.
Las irregularidades técnicas antes citadas se encuentran validadas por dictamen emitido por perito especializado en materia de aeronáutica de la Procuraduría General de la República.
Por lo anterior se generó un daño al erario
del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos.
Como resultado de lo anterior, este
órgano emitió resolución administrativa de fecha 10 de mayo del
2012, presentando la denuncia penal correspondiente, generándose con ello que
la PGJE, ejerciera la acción penal correspondiente; de la cual los mencionados
ex servidores públicos promovieron amparo ante la justicia federal, y en contra
de la orden de aprehensión emitida por el juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Bravo, por los delitos de ejercicio
indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública y
negociaciones ilícitas en agravio de la sociedad.
En el juicio de amparo número 503/2013-III, el juez de Distrito correspondiente otorgó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos; y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el 12 de noviembre del 2013, el juez Primero del ramo penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Bravo, negó la orden de aprehensión solicitada por la autoridad investigadora.
Por cuanto hace a la resolución administrativa de fecha 10 de mayo del 2012, emitida por esta Contraloría General, los ex servidores públicos antes referidos, presentaron demanda ante la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, quien en el expediente TCA/SRCH/083/2014 dictó sentencia de fecha 21 de febrero del 2013, ordenando emitir otra nueva resolución.
En contra de dicha sentencia, la Contraloría General del Estado, interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del citado Tribunal, quien en el expediente TCA/SS/2117/2014 y TCA/SS/2012/2014 acumulado, emitió resolución de fecha 10 de julio del 2014, confirmando la sentencia por la Sala regional ya mencionada, y en estricto cumplimiento a lo ordenado, este Órgano Estatal de Control está procesando una nueva resolución.
Concluye el comunicado señalando que “la Contraloría
General del estado no ha exonerado de ninguna manera a los principales
responsables, el ex subsecretario de Administración y Finanzas, José Antonio
Bajos Valverde, y la ex directora general de Adquisiciones y Servicios
Generales, Margarita Díaz Hernández”.
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