Sept/1/2014.
BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales
El expediente Chavarría ha dado mucho de qué
hablar.
Lo cuestionable es que, en el mayor número
de veces, las opiniones de diferentes actores vinculados mediáticamente con el
caso parecen tener más una carga de intencionalidad, política o de otra
naturaleza, que un verdadero interés por la resolución del magnicidio.
Para efectos de esta reflexión, habrá que
puntualizar primero que Armando Chavarría Barrera era muchas cosas, menos un
santo. La tendencia de los recientes ejercicios de memoria parece tener el
objetivo de pintarlo como un héroe de la izquierda histórica, pero su trayectoria
dista mucho de serlo.
Hay, inclusive, algunos episodios obscuros
en la conducta de Chavarría que introducen dudas sobre su proyecto político por
la gubernatura, que manos asesinas se encargaron de coartar.
De acuerdo con fuentes dignas de todo crédito,
Chavarría se entrevistó al menos en un par de ocasiones con mandos de la
guerrilla: una vez en 2001 en el municipio de Ahuacotzingo, y en otro momento
en 2008 en el municipio de Ayutla. Sobre el primer caso, a ese encuentro a
puerta cerrada Chavarría ingresó con un maletín, que ya no traía cuando salió
de la entrevista. La pregunta es: ¿estaba Chavarría pactando algún tipo de
acuerdo con los mandos clandestinos?
Otra fuente refirió entrevistas de
Chavarría, cuando recién estrenó el cargo de secretario de Gobierno, con
enlaces de la delincuencia organizada que buscaban algún tipo de acuerdo con el
gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo. Por interpósita persona un grupo
delictivo poderoso trataba de buscar alguna ruta de acuerdo para que se le
permitiera operar sin interferencias. Jamás sabremos si ese acuerdo se concretó,
pero el caso es que fue Chavarría a quien buscaron para establecer el
pretendido pacto.
En todo caso el episodio del vehículo
Mercedes Benz, uno de los autos más caros del mundo -cuya propiedad primero
negó y finalmente tuvo que admitir-, pinta de cuerpo entero la mentalidad
elitista y comodina de Chavarría Barrera. Su convicción de izquierda era, pues,
un mero membrete.
En ese sentido Chavarría representaba una
izquierda pragmática hasta el cinismo, alojada convenientemente en el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y ahora representada por David Jiménez
Rumbo, su heredero, quien tan pronto pudo cambió la estructura y siglas del Polo
Guerrerense de Izquierda (PGI), transmutado ahora en el Grupo Guerrero (GG). En
ese sentido, es Jiménez Rumbo uno de los beneficiarios directos de la muerte de
Chavarría Barrera.
Pero todo esto viene a cuento porque en
fecha reciente salió a relucir una supuesta imputación -que al parecer partió
de una filtración a todas luces malintencionada- en contra de Zeferino
Torreblanca, sobre una supuesta autoría intelectual en el homicidio de
Chavarría Barrera.
Como es de suponer, la versión -que hasta este
momento carece de mayor sustento probatorio que no sea el mero señalamiento-
causó un escándalo mediático y obligó al gobierno del estado a dar una
respuesta puntual a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
El procurador Iñaki Blanco Cabrera, un
verdadero experto técnico-jurídico en la materia, tuvo que salir a puntualizar
que el procedimiento investigativo está muy adelantado y que “en breve” habrá
resultados. Debido a la secrecía que caracteriza este tipo de procedimientos,
el funcionario se abstuvo de ofrecer mayor información.
Lo que el funcionario sí explicó es que el
expediente nunca estuvo perdido, que había sido atraído por la Procuraduría
General de la República (PGR), y que esa dependencia federal tiene su propia
investigación en lo que atañe a la probable comisión de delitos del fuero
federal.
Esto es, que habrá una consignación por
delitos del fuero común -en este caso, el homicidio-, así como otra probable
por delitos federales, que pudiera enfilarse hacia el perfil de la delincuencia
organizada.
En todo caso vale señalar aquí la
inexplicable conducta de Alberto López Rosas, un aspirante a la gubernatura
ávido de protagonismo, autor de la versión del expediente perdido que fue
desmentida por el procurador Blanco Cabrera.
Si se confirma la especie hecha pública por
un periódico de circulación estatal, de que el extinto comandante Trinidad
Zamora Rojo verdaderamente inculpó a Torreblanca del homicidio de Chavarría,
así como de la existencia de dos de los ejecutores en otros estados del país,
entonces López Rosas habrá incurrido en omisión de responsabilidad y, con
bastante probabilidad, en delitos contra la administración de la justicia que
lo convertirían en sujeto de acción penal.
Los indicios sobre Zamora Rojo apuntan a que
fue ejecutado por la delincuencia organizada debido a saldos pendientes con una
organización delictiva, lo que ocurrió apenas días después de su supuesta
comparecencia ante la justicia, de lo cual tuvo conocimiento el propio López
Rosas.
Si los supuestos señalamientos de Zamora
Rojo corresponden con la verdad, como el mismo López Rosas dijo tener
conocimiento, entonces ¿por qué no fue detenido de inmediato? ¿Por qué no fue
arraigado? ¿Por qué no fueron detenidos sus supuestos cómplices en el
asesinato? Son muchas interrogantes sin respuesta.
Pareciera, más bien, que estamos ante una
cortina de humo. El caso es que, tal como han evolucionado los acontecimientos
vinculados al expediente Chavarría, el caso podría dar un giro de 180 grados y
apuntar hacia otra autoría en la que no se descarta la participación de un
grupo político de izquierda, o bien de la delincuencia organizada.
Si las cosas evolucionan en este sentido,
entonces pronto tendremos una verdadera sorpresa relacionada con la conclusión
del procedimiento penal. Sólo es cuestión de tiempo.
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