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Justicia inminente



Sept/1/2014.


BAJO FUEGO



   José Antonio Rivera Rosales
  
   El expediente Chavarría ha dado mucho de qué hablar.
   Lo cuestionable es que, en el mayor número de veces, las opiniones de diferentes actores vinculados mediáticamente con el caso parecen tener más una carga de intencionalidad, política o de otra naturaleza, que un verdadero interés por la resolución del magnicidio.
   Para efectos de esta reflexión, habrá que puntualizar primero que Armando Chavarría Barrera era muchas cosas, menos un santo. La tendencia de los recientes ejercicios de memoria parece tener el objetivo de pintarlo como un héroe de la izquierda histórica, pero su trayectoria dista mucho de serlo.
   Hay, inclusive, algunos episodios obscuros en la conducta de Chavarría que introducen dudas sobre su proyecto político por la gubernatura, que manos asesinas se encargaron de coartar.
   De acuerdo con fuentes dignas de todo crédito, Chavarría se entrevistó al menos en un par de ocasiones con mandos de la guerrilla: una vez en 2001 en el municipio de Ahuacotzingo, y en otro momento en 2008 en el municipio de Ayutla. Sobre el primer caso, a ese encuentro a puerta cerrada Chavarría ingresó con un maletín, que ya no traía cuando salió de la entrevista. La pregunta es: ¿estaba Chavarría pactando algún tipo de acuerdo con los mandos clandestinos?
   Otra fuente refirió entrevistas de Chavarría, cuando recién estrenó el cargo de secretario de Gobierno, con enlaces de la delincuencia organizada que buscaban algún tipo de acuerdo con el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo. Por interpósita persona un grupo delictivo poderoso trataba de buscar alguna ruta de acuerdo para que se le permitiera operar sin interferencias. Jamás sabremos si ese acuerdo se concretó, pero el caso es que fue Chavarría a quien buscaron para establecer el pretendido pacto.
   En todo caso el episodio del vehículo Mercedes Benz, uno de los autos más caros del mundo -cuya propiedad primero negó y finalmente tuvo que admitir-, pinta de cuerpo entero la mentalidad elitista y comodina de Chavarría Barrera. Su convicción de izquierda era, pues, un mero membrete.
   En ese sentido Chavarría representaba una izquierda pragmática hasta el cinismo, alojada convenientemente en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora representada por David Jiménez Rumbo, su heredero, quien tan pronto pudo cambió la estructura y siglas del Polo Guerrerense de Izquierda (PGI), transmutado ahora en el Grupo Guerrero (GG). En ese sentido, es Jiménez Rumbo uno de los beneficiarios directos de la muerte de Chavarría Barrera.
   Pero todo esto viene a cuento porque en fecha reciente salió a relucir una supuesta imputación -que al parecer partió de una filtración a todas luces malintencionada- en contra de Zeferino Torreblanca, sobre una supuesta autoría intelectual en el homicidio de Chavarría Barrera.
   Como es de suponer, la versión -que hasta este momento carece de mayor sustento probatorio que no sea el mero señalamiento- causó un escándalo mediático y obligó al gobierno del estado a dar una respuesta puntual a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
   El procurador Iñaki Blanco Cabrera, un verdadero experto técnico-jurídico en la materia, tuvo que salir a puntualizar que el procedimiento investigativo está muy adelantado y que “en breve” habrá resultados. Debido a la secrecía que caracteriza este tipo de procedimientos, el funcionario se abstuvo de ofrecer mayor información. 
   Lo que el funcionario sí explicó es que el expediente nunca estuvo perdido, que había sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), y que esa dependencia federal tiene su propia investigación en lo que atañe a la probable comisión de delitos del fuero federal.
   Esto es, que habrá una consignación por delitos del fuero común -en este caso, el homicidio-, así como otra probable por delitos federales, que pudiera enfilarse hacia el perfil de la delincuencia organizada.
   En todo caso vale señalar aquí la inexplicable conducta de Alberto López Rosas, un aspirante a la gubernatura ávido de protagonismo, autor de la versión del expediente perdido que fue desmentida por el procurador Blanco Cabrera.
   Si se confirma la especie hecha pública por un periódico de circulación estatal, de que el extinto comandante Trinidad Zamora Rojo verdaderamente inculpó a Torreblanca del homicidio de Chavarría, así como de la existencia de dos de los ejecutores en otros estados del país, entonces López Rosas habrá incurrido en omisión de responsabilidad y, con bastante probabilidad, en delitos contra la administración de la justicia que lo convertirían en sujeto de acción penal.
   Los indicios sobre Zamora Rojo apuntan a que fue ejecutado por la delincuencia organizada debido a saldos pendientes con una organización delictiva, lo que ocurrió apenas días después de su supuesta comparecencia ante la justicia, de lo cual tuvo conocimiento el propio López Rosas.
   Si los supuestos señalamientos de Zamora Rojo corresponden con la verdad, como el mismo López Rosas dijo tener conocimiento, entonces ¿por qué no fue detenido de inmediato? ¿Por qué no fue arraigado? ¿Por qué no fueron detenidos sus supuestos cómplices en el asesinato? Son muchas interrogantes sin respuesta.
   Pareciera, más bien, que estamos ante una cortina de humo. El caso es que, tal como han evolucionado los acontecimientos vinculados al expediente Chavarría, el caso podría dar un giro de 180 grados y apuntar hacia otra autoría en la que no se descarta la participación de un grupo político de izquierda, o bien de la delincuencia organizada.
   Si las cosas evolucionan en este sentido, entonces pronto tendremos una verdadera sorpresa relacionada con la conclusión del procedimiento penal. Sólo es cuestión de tiempo.

 


  
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