Sept/15/2014.
BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales
Como decíamos en una entrega anterior, el
expediente Chavarría ha dado mucho de qué hablar, pero dará mucho más en los
próximos meses.
A juzgar por trascendidos confiables, la
dirección jurídica de dicho expediente dará un giro no de 180 sino de 360
grados, al extremo de que se podría revertir contra quienes han dictado
sentencia condenatoria en contra del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Unas horas antes de cumplirse el aniversario
luctuoso de Armando Chavarría Barrera, una versión de prensa publicada a ocho
columnas, sin fuente, acusaba al exmandatario de haber sido el autor
intelectual del homicidio ocurrido cinco años atrás. Esa versión, que ya había
sido citada tiempo atrás en esas mismas páginas, se amparaba en el supuesto
testimonio de Trinidad Zamora Rojo, un ex comandante de la Policía Ministerial
asesinado en junio de 2011.
Hasta donde se sabe, Zamora Rojo fue ejecutado
por un grupo de delincuencia organizada en el contexto de la guerra que desde
hace años mantienen entre sí las diversas organizaciones criminales. Al
parecer, Zamora Rojo traicionó a uno de los bandos, de los que antes era
aliado, y ello le costó la vida.
Pero para abonar a sus planes, los
detractores de Zeferino sugirieron que el extinto jefe policiaco fue
“silenciado” por sicarios al servicio del exmandatario, precisamente para
ocultar la supuesta autoría intelectual.
Poco a poco, sin embargo, la madeja va
mostrando su talante legal que, dados los indicios disponibles, ofrecerá una
verdad jurídica distinta y distante de lo que ha manejado ese grupo político de
izquierda interesado en inculpar al malquerido exgobernador.
De acuerdo con el desarrollo de los
acontecimientos, marcados por un calendario jurídico dilatado pero inexorable,
la autoría material e intelectual apuntaría a una de dos opciones: o bien fue
un grupo del crimen organizado, o bien fue un grupo de izquierda vinculado a
una estructura clandestina armada. Hay por ahí, inclusive, un nombre que se
menciona como autor material del asesinato de Chavarría.
Es por ello que el gobernador Ángel Aguirre
habló de la existencia de “una campaña”
en contra de Zeferino Torreblanca. Y sí, se trata de una campaña de
linchamiento no sólo para inculparlo, sino para cerrarle el paso a la alcaldía
de Acapulco, por la cual al parecer competirá, pero ahora por el Revolucionario
Institucional, su otrora enemigo.
Con esa declaración, sutil pero contundente
a la vez, Aguirre dejó en claro que no es su gobierno el que esparció la
especie de la autoría intelectual.
El caso es que en río político revuelto,
ganan muchos pescadores.
Ese ha sido el caso de Alberto López Rosas,
que ha buscado medrar con la confusa situación diseminando especies falsas que
sólo buscan proyectar su imagen política en el imaginario popular.
Por ello, tal parece que las aspiraciones a
la gubernatura de López Rosas quedaron, de momento, sepultadas por las inconveniencias
legales generadas a partir de su propio protagonismo -entiéndase de sus
palabras-.
Primero, como flamante procurador dijo ante
los medios de comunicación que el expediente Chavarría había desaparecido de
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. Falso. El expediente
estaba en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación
contra la Delincuencia Organizada (SEIDO-PGR) que, luego de promover lo
inherente a su competencia, lo devolvió a la procuraduría local.
Ello devela una interrogante tan curiosa
como anómala: o López Rosas mintió a propósito, o desconocía que el expediente
estaba en la ciudad de México, lo que resulta peor porque entonces ignoraba el
curso del procedimiento en la dependencia a su cargo.
Segundo, confirmó haber conocido el supuesto
testimonio de Zamora Rojo sobre la autoría intelectual, pero jamás procedió en
su contra pese a que -de resultar verídica la especie- se trataría de una
declaración ministerial auto inculpatoria. Pero no, no procedió en su contra.
Eso puede explicarse solamente a partir del hecho de que dicha testimonial no
existe, por lo menos en el expediente.
Como la investigación sigue su curso,
probablemente antes de diciembre conoceremos la verdad jurídica de los hechos citados
en los que, para sorpresa de muchos, otros serán los acusados formalmente por
el asesinato de Armando Chavarría Barrera.
Entonces a López Rosas, como a otros actores
políticos, sólo le quedará recular en sus posturas públicas para no verse sumergidos
en una vorágine de aprehensiones en las que podría quedar atrapado por cometer
delitos contra la administración de la justicia, tan graves que ensuciaron
públicamente un proceso que requería secrecía para su feliz desenlace.
Ello, sin contar la evolución del juicio
político en su contra en el Congreso local por su responsabilidad en la
operación contra los normalistas de Ayotzinapa, en que dos jóvenes fueron
asesinados y otros fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes
por el personal a su mando.
Ninguna duda queda de que habrá sorpresas
espectaculares en el pliego de consignación que enviará la Procuraduría General
de Justicia al juzgado respectivo.
Así como van las cosas, López Rosas se
debatirá entre la curul o la prisión.
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