Sept/8/2014.
BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales
En una fecha cercana, que no excede del mes de
diciembre, una brigada de agentes federales procederá a la detención de varios
políticos y funcionarios públicos de Guerrero por cargos de delincuencia
organizada.
La versión, adelantada desde febrero pasado por
el vocero oficial José Villanueva Manzanárez, cobró mayor relevancia el pasado
día primero de septiembre, cuando el funcionario reconfirmó sus palabras en el
sentido de que existe un número indeterminado de alcaldes que tienen vínculos
orgánicos con el crimen organizado.
Textualmente, Villanueva expresó: “Lo que ha
pedido el Gobierno del Estado es que actúe la PGR, para que cualquier
funcionario o aspirante a candidato que esté involucrado con el crimen
organizado pueda ser detenido desde antes”. Desde antes de que inicie el
proceso electoral de 2015, se infiere.
Luego, remató: Las investigaciones
demuestran “que sí hay autoridades municipales involucradas” con la
delincuencia organizada.
Ya desde hace meses, una fuente bien
informada revelaba que existe un total de 15 funcionarios públicos,
primordialmente alcaldes postulados por diferentes partidos políticos, que
serán detenidos en una fecha aún indeterminada.
Otra fuente, cercana a las instancias investigadoras,
recientemente informó a esta columna que hay al menos cinco servidores públicos
-tres alcaldes y dos funcionarios de alto nivel- contra los cuales procederá la
Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia
Organizada (SEIDO-PGR). Esta misma fuente, de alto nivel de confiabilidad,
aseguró que las aprehensiones son inminentes en el corto plazo.
Sean 5 o 15 los políticos y funcionarios de
Guerrero en la mira de la PGR, el caso es que un procedimiento de esa
naturaleza permitirá recuperar la confianza de la ciudadanía guerrerense en su
gobierno, pues dotará de oxígeno a una maltrecha relación sociedad-gobierno
ahogada por las excrecencias de los abusos y la corrupción.
En primer lugar, esas aprehensiones
constituirán un alto a la conducta cínica y lesiva de las dirigencias de los
partidos políticos, una clase política parasitaria que desde 1997 en que se
constituyó con una mayor pluralidad la Cámara de Diputados, creció sin freno
alguno construyendo, lamentablemente,
una partidocracia que nos metió en un callejón sin salida.
Esa partidocracia ha diseñado sus propios
cánones de actuación y supervivencia que se sustentan en un pragmatismo rapaz enfilado
sólo a la protección de intereses de grupo, sin importar el destino final de la
población común y corriente.
Un rasgo distintivo de ese pragmatismo es la
alianza de facto que esa élite política ha forjado con el crimen organizado,
garantizando así la mutua sobrevivencia.
El problema surge cuando los criminales
cobran facturas o favores y los políticos codiciosos se ven ante la
imposibilidad de cumplirlos.
Es el caso del diputado local priista Olaguer
Hernández Flores, secuestrado en mayo pasado por un grupo delincuencial.
Esta historia, a modo de ejemplo, es
ilustrativa de lo que acontece con otros actores político-partidarios, sean de
izquierda o de derecha, quienes pactan con el crimen organizado sin importar su
filiación política.
En 2009, cuando fungía como alcalde de
Tlacotepec, Hernández Flores solicitó y obtuvo un préstamo de cinco millones de
pesos de parte de Jesús Nava Romero, el fundador del clan de Los Rojos y hombre
de confianza de Arturo Beltrán Leyva. El dinero lo usaría para apuntalar su
campaña a la diputación local en el proceso electoral de 2012.
Dada su natural amabilidad, siempre
acompañada de gestos suaves, el entonces alcalde ya fungía como mediador entre
los grupos delictivos organizando fiestas privadas para complacer a los capos.
Versiones confiables mencionan que en varias ocasiones fue anfitrión del mismo
Beltrán Leyva, quien para el efecto siempre estaba acompañado por Jesús Nava
Romero.
Cuando meses después, en diciembre de 2009,
Nava Romero falleció durante el operativo militar que dio muerte a Arturo
Beltrán Leyva, el todavía alcalde Olaguer Hernández simplemente se desentendió del
préstamo y así se mantuvo hasta que alcanzó la diputación en el Congreso local.
Posteriormente la viuda de Jesús Nava le
hizo llegar repetidos mensajes para que pagara la deuda, pero el flamante
diputado nunca hizo caso, hasta que un comando de Los Rojos lo sacó con
violencia de un casino en la ciudad de Chilpancingo y lo mantuvo privado de su libertad hasta que
se comprometiera a pagarle a la viuda. Desde luego que, dada su investidura,
las corporaciones federales, militares y estatales desplegaron un aparatoso
operativo de búsqueda para tratar de rescatarlo con vida.
Esa es la verdadera historia detrás de la
comedia que se puso en escena para proteger la vida del diputado,
orgullosamente priista.
Pero los perredistas -es decir, la supuesta
izquierda- tampoco cantan mal las rancheras. Es el caso de Sebastián de la
Rosa, ahora flamante diputado federal, quien como dirigente estatal del PRD
apadrinó la postulación del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de
quien son públicas sus trapacerías en el poder.
O el dirigente estatal del PAN, Andrés
Bahena Montero, quien como tal entregó la postulación panista por Tierra
Colorada a Elizabeth Paz Gutiérrez, quien pactó algún tipo de acuerdo con el
panista para convertirse en alcaldesa de ese municipio ubicado en un punto
estratégico del corredor carretero México-Acapulco. Su compañero, Adán
Sandoval, era señalado como el jefe de plaza de Los Rojos en ese municipio.
Ahora, Bahena Montero fue defenestrado por sus propios compañeros por
acusaciones de malversación de fondos.
Por ello es bienvenida a tierras guerrerenses
el arribo de la justicia federal, para que tirios y troyanos sean sometidos, de
una vez por todas, al imperio de la ley. Si esto es así, entonces la ciudadanía
podrá acceder en condiciones de mayor
limpieza legal a un proceso comicial
clave para la agenda pública de Guerrero, en un momento en que, de verdad, hace
falta limpiar este cochinero.
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