BAJO FUEGO
Fuego
en la pradera
José Antonio
Rivera Rosales
En la entrega anterior escribíamos: “Así las
cosas, lo que tenemos enfrente es una peligrosa mezcla de enemistades entre el
narco, la guerrilla y el movimiento social, que podrían dar la pauta para la
intervención de otros factores que, a partir de la fecha emblemática del 2 de
octubre, nos conducirían a una situación de ingobernabilidad”.
“De ser así, en este línea de interpretación
de las cosas, pronto tendremos enfrentamientos entre núcleos armados,
salpicados de actos de vandalismo y sabotaje que afectarán principalmente a la
ciudadanía”, remataba el texto.
Por desgracia esta previsión comenzó a
cumplirse inexorablemente. El comunicado último del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI), el hermano mayor entre las formaciones armadas
insurgentes, lo deja muy en claro.
Guerrero atraviesa por la mayor crisis en su
historia contemporánea, que se profundizará si no aparecen los 43 jóvenes normalistas
de Ayotzinapa que se hicieron humo aquella fatídica noche del 26 de septiembre.
Si no aparecen, estaremos ante un escenario trágico sin duda alguna, pero si
aparecen golpeados o maltratados, entonces tendremos aquí la intervención de
alguna otra instancia de poder que actuó con fines aviesos esa noche de los
cuchillos largos.
De acuerdo con algunas versiones que han
comenzado a trascender, hay todavía alguna esperanza de que los 43 jóvenes, o
la mayor parte de ellos, aparezcan vivos en algún lugar de la geografía
guerrerense. Hay algún indicio de que pudieran estar retenidos, como para
alargar la crisis, por parte de un grupo de hombres armados.
Sea como sea, es una crisis histórica que
pudo haberse evitado.
En este escenario los gobiernos federal y
estatal pecaron de omisión, aunque ahora lo nieguen, mientras que el exalcalde
asesino y sus cómplices se solazaban en la sangre derramada.
El gobierno de la Federación, aunque ahora
pretenda lavarse las manos, tiene una amplia responsabilidad porque había
informaciones recabadas por la Subprocuraduría Especializada de Investigación
contra la Delincuencia Organizada (SEIDO-PGR) desde por lo menos el año
anterior, que apuntaban al enriquecimiento inexplicable delexalcalde José Luis
Abarca Velázquez. Más cuando se sabía que la esposa, María de los Ángeles
Pineda Villa, es nada menos que la hermana de Luis Alberto y Mario Alberto de
los mismos apellidos, por esos años los hombres de mayor confianza del capo
Arturo Beltrán Leyva.
Esta es una historia particular que estaba
en manos de los federales desde hace mucho tiempo, por lo menos desde
septiembre de 2009, meses antes de que Beltrán Leyva falleciera a manos de
comandos de elite de la Armada de México.
Por aquellas fechas, un incidente ocurrido
en el puerto de Acapulco dio al traste con la amistad entrañable que mantenían
Beltrán Leyva y los hermanos Pineda Villa. De acuerdo con informantes
confiables, una posta de vigilancia que el capo mantenía en el puerto
interceptó a un individuo que transportaba un cargamento oculto, conocido en el
caló de las mafias como “clavo”.
Según la misma versión, al desempacar se
percataron que se trataba de una maleta con cuatro millones de dólares que de
inmediato reportaron ante el máximo jefe de esa organización criminal. Al hacer
las obligadas indagaciones, el capo se enteró de que los Pineda Villa, pero
particularmente El MP, se dedicaban a
ejecutar secuestros y asaltos a joyerías a espaldas de su jefe, quien tenía
esas actividades estrictamente prohibidas bajo pena de muerte a quien
transgrediera.
Ambos fueron ejecutados por su jefe Beltrán
Leyva cuando éste comprobó plenamente las operaciones que los hermanos Pineda
desarrollaban a sus espaldas.
Otra versión que apuntala lo anterior señala
que José Luis Abarca era uno de los principales lavadores de dinero del cártel
del capo Arturo Beltrán, razón por la cual se enriqueció de la noche de la
mañana. La muerte de Beltrán Leyva habría permitido apropiarse de una cantidad
indeterminada de dinero en dólares que, junto con su esposa María de los
Ángeles Pineda Villa, comenzaron a usufructuar después.
Al parecer la ejecución de los hermanos y la
disposición del dinero ilegal -dinero al fin-, distanció a la familia Pineda
Villa del resto de esa organización criminal, lo que los llevó a establecer
alianzas con otros grupos con los que mantenía afinidad: los ahora conocidos
como “Guerreros Unidos”, fundado por Clotilde Toribio Rentería, el jefe de un
clan conocido como Los Calentanos,
que antes habían sido parte de la sociedad de los hermanos Beltrán Leyva y sus
aliados locales.
¿Acaso todo esto lo ignoraban las
autoridades federales de inteligencia -léase el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN)- pero, principalmente, la responsable de la
persecución del delito, es decir, la PGR?
Así pues, era claro que el dinero y las
relaciones ilícitas del matrimonio Abarca-Pineda eran su fuente de riqueza y de
poder, lo que no importó a los principales liderazgos del Partido de la
Revolución Democrática, principalmente Lázaro Mazón Alonso, Sebastián de la
Rosa Peláez ni Carlos Reyes Torres, quienes deben ser sometidos a investigación
por parte de la PGR para que respondan ante esta situación, dado que son los
directamente responsables de dar cobijo partidista a esa pareja de delincuentes
que llegaron a constituirse como alcalde y primera dama en el municipio de
Iguala, para desgracia de los habitantes de esa región.
Por lo que toca al estado, desde el
asesinato del diputado federal Moisés Villanueva, en que resultó implicado el
exalcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, se observó la tendencia oficial de
protegerlo del alcance de la ley. El homicidio del síndico de Iguala, Justino
Carvajal Salgado, cuya autoría se imputa al exalcalde José Luis Abarca, y el
posterior asesinato de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de la Unidad
Popular, en mayo de 2013, también revela la tendencia a la inacción que ha
existido en el gobierno del estado a pesar de que se trata innegablemente de
delitos graves.
Pasó un año y cuatro meses del homicidio de
Hernández Cardona, lapso de tiempo en el que no pasó absolutamente nada. ¿Cómo
podemos llamar a esa inacción? ¿Impunidad? ¿Acaso hay otra denominación para
ello?
Si las autoridades federales y estatales
hubieran cumplido con su tarea, nunca hubieran sucedido los hechos del 26 de
septiembre. ¿Eso o no omisión de responsabilidad?
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