JULIO ZENON FLORES
La masacre de jóvenes ocurrida el viernes 26 de septiembre
en Iguala, Guerrero, provocó una dura reacción del gobierno federal y de los
dos principales partidos políticos de México, así como de una parte de los
perredistas.
Ante ese hecho execrable no falta quien argumenta un fondo
político con la intención de quitar peso al hecho en sí, al dato duro: policías
municipales rafaguearon a jóvenes estudiantes de la combativa normal rural de
Ayotzinapa, que realizaban una actividad de recaudar fondos para un acto
conmemorativo del 2 de octubre. Y es que es evidente que se asume que hay un
fondo político, entonces se entiende que se busca desestabilizar el estado y
por lo tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pasa a ser una víctima más, en
vez de ser cuestionado por la falta de seguridad pública en el estado y falta
de control de las policías, sujetas a un mando único estatal.
En Guerrero la moda es eludir responsabilidades y darle
fondo político a un hecho criminal es una forma de ayudar a quienes nos deben
brindar seguridad, a evadir la suya en este aspecto.
En lo personal no poseo los elementos para afirmar que ese
brutal asesinato, como el del secretario general del PAN en el estado, Braulio
Zaragoza Maganda, tenga o no tenga carácter político, pero creo que quienes
sostienen que si lo tiene tendrían que explicar de qué manera los políticos y
el crimen organizado de Guerrero están o pueden estar imbricados, para deducir
que unos grupos u otros usan los asesinatos de inocentes, para lograr sus
fines.
La forma en que ocurrieron los hechos en Iguala da la
impresión de que ese ayuntamiento si tiene al menos el respaldo del crimen
organizado, pues se sabe que los policías municipales intentaron controlar a
los estudiantes, que supuestamente molestaban a pasajeros de una línea de
autobuses y al no lograrlo, se inicia un altercado en el cual los estudiantes
son perseguidos y luego rafagueados por armas de alto poder. Versiones hablan de
la participación de civiles en el ataque, luego entonces se colige que civiles
armados acudieron en apoyo de los policías municipales ¿Por qué y de dónde
salieron esos civiles; quién los convocó?
De ese escenario se antojaba una reacción rápida del gobierno
estatal en el control del municipio, cosa que no se hizo.
De ahí que el presidente Enrique Peña Nieto haya pedido ayer
que el gobierno estatal asumiera su responsabilidad en la seguridad de los
guerrerenses a lo que el gobernador contestó que por ser cosa del crimen
organizado le corresponde al gobierno federal. ¿A quién le creemos?
En estricto sentido, y al margen de los partidos que
gobiernan, lo que es cierto es que ni el ayuntamiento de Iguala ni el gobierno
estatal pueden dar seguridad ni ahí ni en otros municipios del estado de
Guerrero, incluido Acapulco, donde tras varios meses de paro la policía local
sigue inmovilizada, ahí sí, por una decisión política inadecuada.
Como resultado, el primer edil de
Iguala solicitó licencia al cargo. ¿La solicitará también el gobernador
Aguirre? O esperará a que, como lo insinuaron los senadores panistas en
Acapulco, le soliciten juicio político.
En conclusión, esta columna cree que se trata de un hecho
criminal, no político, que tendrá
repercusiones políticas. Ya las está teniendo con la licencia del alcalde
igualteco y falta lo que ocurra con Aguirre… quizás, en una mediación, como en
Michoacán, se envíe a un comisionado federal. Sería sano.
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