Fernando Damián
Recomendó esperar al resultado de las investigaciones para verificar la identidad de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, pero insistió en que las autoridades estatales y federales “deben ir más allá en las investigaciones para conocer y castigar a quienes hayan ordenado tan arteros crímenes, tope donde tope”.
El legislador perredista subrayó que la Cámara de Diputados se mantendrá atenta al avance de las investigaciones y ofreció a los familiares de las víctimas su respeto, apoyo y solidaridad en momentos que, sin duda, son muy difíciles para ellos, así como para el país.
“Sin duda estamos conmocionados por lo ocurrido: no podemos ser indiferentes ante una situación que nos agravia a todas y todos los mexicanos”, puntualizó.
En un comunicado, Aureoles exigió asimismo a los tres órdenes de gobierno garantías plenas a las libertades de los jóvenes:
“Las expresiones de manifestación pública de las y los jóvenes estudiantes deben ser garantizadas por el Estado mexicano. No podemos permitir que ningún poder, ni del gobierno, ni de las fuerzas del crimen, repriman los derechos y libertades de la población”.
El diputado presidente llamó al gobierno federal y a las autoridades y estatales de Guerrero a emprender una acción coordinada para dar con el paradero de los responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y castigarlos con todo el rigor de la ley.
Reconoció la importancia de la participación de la PGR en las investigaciones, pero remarcó que el gobierno estatal deberá hacer el máximo esfuerzo para aclarar los hechos y proceder contra los responsables.
Por separado, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, demandó a las procuradurías de justicias investigar no solo a integrantes de la delincuencia organizada presuntamente responsables de los crímenes contra los normalistas, sino también a políticos locales cómplices de grupos criminales como “Los Rojos” o “Guerreros Unidos”.
Indicó que si bien hay que esperar la investigación en curso, todo hace pensar que los cuerpos de las fosas clandestinas sí corresponden a los estudiantes desparecidos.
Exigió así que esos crímenes no se dejen impunes y no queden sin castigo los responsables intelectuales y materiales, así como políticos del pasado y del presente y autoridades involucradas.
El legislador panista Fernando Rodríguez Doval responsabilizó a su vez al gobierno federal y a las autoridades estatales de la “crisis de inseguridad” en el estado de Guerrero, así como de los hechos de violencia que derivaron en la desaparición y muerte de los jóvenes normalistas.
Manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y llamó a valorar la conveniencia de que Ángel Heladio Aguirre continúe al frente del gobierno de Guerrero, ya que ha sido incapaz de mantener la gobernabilidad en la entidad.
Al respecto, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía, afirmó que el Estado mexicano ha sido incapaz de velar por los derechos y la integridad de los jóvenes, que son el sector más afectado por la violencia.
Respecto al caso de las fosas clandestinas halladas en Iguala, Guerrero, Mejía arengó: “exhortamos a las autoridades a encontrar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables y fincar las sanciones que ameriten; exigimos justicia en los casos de Tlatlaya e Iguala, así como en los cientos de casos que ocurren diariamente en nuestro país”.
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