BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales
Los partidos políticos no aprenden,
especialmente el PRD.
En Guerrero, las tribus o grupos de poder
del partido emblemático de la izquierda mexicana protagonizaron los consabidos
pactos para imponer candidatos de interés en los principales cargos de elección
popular, particularmente en lo que se refiere a la gubernatura, que parece será
asignada al impresentable Sofío Ramírez, en tanto la alcaldía se le pretende
entregar a Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador con licencia.
Como si nunca hubiera ocurrido la matanza y
desaparición de normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, los grupos de
poder al interior del PRD forcejean en la coyuntura para imponer candidatos al
gusto de los jefes de facción.
En el PRD, como ya es sabido, los
precandidatos a la gubernatura son el senador con licencia Sofío Ramírez
-conocido por su manía de mentirle en todo a todos-, Sebastián de la Rosa
-quien debiera estar bajo investigación penal dada su sospechosa intención de
mantener hasta el final el apoyo perredista al exalcalde José Luis Abarca, pese
a todas las evidencias que lo implicaban en la masacre-, Víctor Aguirre Alcaide
-un borracho incorregible- y Beatriz Mojica Morga.
Del abanico de pretensos, sólo Beatriz
Mojica reúne las prendas y la calidad moral para ser la candidata del
perredismo a la gubernatura de Guerrero, pero lo más probable es que el interés
político y económico, acompañados por la misoginia, impongan a un Sofío Ramírez
que, si bien se mantuvo leal en todo momento a Ángel Aguirre Rivero, ha
incurrido en torpezas emanadas de su manía de mentir.
Pero
en el reparto de culpas no andan muy lejos los otros partidos: en el PRI es
claro que los forcejeos están a la orden del día, dado que postergaron para el
próximo día 4 de febrero la decisión sobre quién abanderará al tricolor en la
puja por la gubernatura.
En la oferta de precandidatos parece que
imperará quien tenga el padrino más poderoso, más que la imagen y las prendas
que pudiera vestir el agraciado.
Así, los grupos de poder detrás de cada uno
de los pretensos decidirán -en una mesa de notables que nada tienen de
democráticos- si el elegido es Mario Moreno Arcos, Héctor Astudillo Flores,
Cuauhtémoc Salgado o Manuel Añorve.
De todos son Héctor Astudillo y Mario Moreno
quienes pudieran tener el visto bueno de la jerarquía tricolor -o, vale decir,
del presidente Enrique Peña Nieto-, pero los grupos tras de Cuauhtémoc Salgado
y Manuel Añorve, esto es, Rubén Figueroa y Manlio Fabio Beltrones, pudieran dar
la sorpresa. Todo depende de quién garantice más lealtad a los proyectos e
intereses de Peña Nieto.
¿Y la militancia priista? Bien, gracias.
Peor sucede con Movimiento Ciudadano, cuyas
dirigencias son mero adorno en la toma de decisiones que quedó reducida a dos
personas que, luego de una inquívoca consulta popular, decidieron postular a
Luis Walton Aburto.
Según todos los indicios, la consulta se
llevó a cabo de la siguiente manera: Dante Delgado: Luis ¿te vas a quedar con
la candidatura? Luis Walton: Claro que sí, Dante, ya lo sabes. Entonces, Walton
resultó ungido candidato en esa franquicia a la que ellos llaman partido
político.
En el PAN, como ya es del dominio público,
las postulaciones se dirimen a balazos, en un juego bastante rudo en el que el
triunfador se alza con todo, menos con el voto ciudadano. Para legitimarlos, un
alicaído Jorge Camacho se ofreció para representar a los panistas a sabiendas
del triste papel que va a desempeñar.
De los demás supuestos partidos, más vale no
hablar. No sea que el diablo se aparezca en la figura de Zeferino Torreblanca
Galindo.
Pues bien, sea de una manera u otra, los
partidos políticos se aprestan a participar en un proceso electoral cuestionado
desde su arranque por una furiosa disidencia que asegura que lo boicoteará.
Pero si los partidos políticos se conducen
de una manera desaseada desde el principio, tampoco es viable suspender el
proceso comicial que constituye la fuente de
legitimidad para el poder público.
Una eventual e improbable suspensión del
proceso político-electoral sólo redundará en beneficio del régimen peñanietista
que, con apoyo de sus aliados en el Senado de la República, instaurará un
gobierno provisional a modo en el que encontrará un refugio seguro para sus afanes
neoliberales y represivos.
Aunque la desaparición de los muchachos de
Ayotzinapa se traduce en un justo dolor para toda la comunidad -dolor extensivo
a todos los mexicanos, no sólo a los guerrerenses-, situación que enmarca una
de las crisis sociales más graves desde el 68 -lo que no ha terminado de
entender el gobierno de Peña Nieto-, es claro que el boicot de los comicios en
ciernes sólo terminará de profundizar esa crisis social y política.
Para ser más claros, el torpedeo del proceso
político-electoral nos conducirá de lleno a la anarquía y sentará bases
legítimas para la represión institucional, que sería una salida difícil pero
viable para el gabinete de Peña Nieto.
Por otra parte, por muy entendibles que sean
las motivaciones de los deudos, sus acompañantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP), los
militantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), los maestros cetegistas y
los alumnos de Ayoztinapa no pasan de ser unos miles -¿20, 30 mil personas?-
que constituyen apenas el 0.1 por ciento de los más de 3.4 millones de
guerrerenses que esperan ansiosos el desenlace de los acontecimientos.
No representan, pues, a la generalidad de la
sociedad guerrerense, aunque lo pretendan.
Además, los excesos en que han incurrido al
violentar el libre tránsito de civiles, robar mercancías con el pretexto que
sea, secuestrar autobuses e irrumpir violentamente en los cuarteles cuando hay
canales institucionales por los cuales es posible transitar, los ha colocado
paulatinamente en una situación insostenible frente a la comunidad que ya ha
comenzado a expresar su rechazo.
La violencia, aunque sea producto de la
indignación, nunca fue el camino. Deudos e indignados equivocaron la ruta (por
citar un ejemplo, la UPOEG comenzó desde el principio a buscar en forma directa
a los jóvenes desaparecidos, mientras que los familiares hicieron el primer
intento de búsqueda tres meses después de los acontecimientos).
Así pues, de esta manera los deudos, los
cetegistas, los normalistas y los estudiantes venidos de otros lares sólo
hicieron el trabajo sucio al gobierno, que ahora tiene los elementos para
comenzar las aprehensiones. Y esto es lo que viene, no lo duden.
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