Durante el calderonismo se gestó en México una de las más profundas crisis en desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas, asegura Human Rights Watch (HRW), que investigó 250 casos desde diciembre de 2006, en los que en 60% han estado implicados integrantes de todas las fuerzas de seguridad del país como el Ejército, Marina y Policía Federal, y casi la mitad fueron en colaboración con los grupos criminales.
El reto del gobierno de Enrique Peña Nieto es poner un alto a este escenario, en el que son miles las desapariciones que ni siquiera han sido investigadas. "En ninguno de los casos documentados por HRW se ha condenado a los responsables".
Así lo indica el último informe Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, que elaboró HRW a partir de una investigación que abarcó 11 estados del país, y en el aclara que los 250 casos documentados "no representan la totalidad de las ocurridas en el país durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón. No hay duda de que hay miles de casos más".
Recordó que en noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25 mil personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.
La organización internacional halló que del total de casos que documentó, 149 fueron desapariciones forzadas. "Encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales".
Reveló que en más de 60 casos, HRW encontró evidencias de que agentes estatales "colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares". Por ejemplo, las pruebas indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces, se desconoce el paradero de esas víctimas.
El documento revela que la mayoría de las desapariciones forzadas "responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen sin orden de detención (...) En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o establecimientos públicos como bares".
Se documentó que "los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas".
Destaca que en algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad "efectuó múltiples desapariciones" aplicando las mismas tácticas durante un lapso breve y en una misma zona. Por ejemplo, HRW "recogió testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas".
La organización destacó que "durante los años en que el gobierno de Felipe Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas".
Por ello, advierte en el documento que "si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso".
De hecho, indica que la falta de diligencia en las investigaciones o la ausencia de medidas al respecto, potencian el sufrimiento de los familiares.
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