Desde 1975, el término desaparición de
poderes no se había empleado en el país, sin embargo, tras las numerosas
manifestaciones de violencia y malestar social en el estado de
Michoacán[1], los grupos parlamentarios del PAN y el PRD en el Senado de la República le han dado nueva vigencia a la expresión.
Los legisladores de oposición (panistas y
perredistas) encontraron en la desaparición de poderes una opción para
recuperar el control del estado michoacano, ya que el alcance que los
grupos del crimen organizado tienen a la entidad inmersa en una crisis
de ingobernabilidad[2]y[3].
Ejemplo de ello son las declaraciones de Jesús Zambrano, líder nacional
del PRD, quien exalta la necesidad de establecer las condiciones para
que los 113 presidentes municipales de Michoacán dejen de pagarle cuotas
a las organizaciones delictivas[4].
No obstante, el político no es el único
que indica que la delincuencia organizada es la segunda al mando en
algunas regiones del país. Cifras de la encuesta nacional en vivienda de
Parametría realizada en agosto de este año, señalan que el 28 % de los
mexicanos concuerdan en que los cárteles del narcotráfico son los que
más poder tienen en los estados después de los Gobernadores, aunque para
el 37 % de los entrevistados el ejecutivo local sigue siendo la
institución que posee mayores facultades para obrar y ordenar[5].
La afirmación de que el crimen organizado
tiene cierto poder en los estados va acompañada de la aseveración de
existencia de dichas organizaciones en las comunidades. Seis de cada
diez mexicanos perciben la aparición de grupos delictivos en sus
localidades y, cinco de esos seis entrevistados (79 %) que confirman la
presencia de organizaciones delictivas, también aclaran que los
gobiernos municipales no tienen la capacidad para enfrentar la
delincuencia y garantizar la seguridad de los habitantes.
Esta percepción aumenta en la población
cuando se le pregunta si en su estado existe presencia del crimen
organizado; 84% de los encuestados manifestaron la existencia de
organizaciones delictivas en su entidad federativa (14 puntos
porcentuales más que a nivel municipal); asimismo, el 70 % de estos
mexicanos consideraron que sus gobiernos locales no tienen la capacidad
para enfrentar la delincuencia organizada presente en las entidades.
Michoacán no es el primer ni único
referente de la desaparición de poderes; de acuerdo con la investigación
de Claudia Gamboa Montejano, en 1975, las facultades del estado de
Guerrero fueron disueltas por delitos del orden común imputados al
gobernador[6].
Lo mismo ocurrió en Hidalgo, donde la declaración de desaparición de
poderes fue hecha por la Comisión Permanente del Congreso conforme la
fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos[7].
Del mismo modo, el académico Leo
Zuckermann, señala que las disoluciones de los poderes locales en
Guerrero e Hidalgo, fueron los últimos casos que ocurrieron en el México
autoritario, y de discutirse y aprobarse la propuesta de desaparición
de poderes en Michoacán, esta sería la primera declaración en la era
democrática del país[8].
La anulación de poderes locales en
Michoacán no se ha discutido ni aprobado, pese a las denuncias de
algunos legisladores panistas como Jorge Luis Preciado, quien aseguró
que la inseguridad e ingobernabilidad habían rebasado al estado, ya que
“el crimen organizado controla las carreteras, entradas a los pueblos y
hasta el tránsito de personas y comestibles”[9].
Esta situación aunada a la licencia por
salud del gobernador, Fausto Vallejo, indican un vacío en el poder;
vacío que conforme el párrafo III, del artículo 2° de la Ley
reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución
General de la República amerita la desaparición de poderes de la entidad
michoacana.
Empero, el secretario de gobierno (y
gobernador interino), Jesús Reyna, junto con el parlamento local niegan
toda crisis de ingobernabilidad e inseguridad, y aseguran que si bien el
estado no está en las mejores condiciones, las cosas se están
resolviendo paulatinamente, “las instituciones se encuentran trabajando y
lo están haciendo bien”[10].
La sensación de ineficacia que tiene la
población hacia los gobiernos locales es generalizada. La mayoría de los
entrevistados (63 %) consiente que el gobierno federal asuma la
responsabilidad de gobernar un estado en caso de que el gobierno estatal
no pueda contrarrestar el problema de inseguridad en la entidad. Sólo
15 % se manifestó en contra de esta medida, y otro 15 % no contestó esta
pregunta; una proporción mínima no tomó postura al respecto ya que se
definió ni acuerdo ni en desacuerdo con la desaparición de poderes.
Es posible que la población desconozca
algunos términos legales como la desaparición de poderes, sin embargo,
la población percibe un aumento de la delincuencia organizada y del
control que estos grupos tienen en algunos estados y municipios, así
como la incapacidad de los gobiernos locales y municipales para
combatirlos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Fuentes:
PARAMETRÍA. Encuesta
Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de
entrevistas: 800 encuestas realizadas del 10 al 15 de agosto de 2013.
Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %.
Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV.
Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional
al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por
el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con
credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el
lugar de interés.
Zuckermann, Leo. ¿Desaparición de poderes en Michoacán? Excélsior, 16 de mayo de 2013. http://www.excelsior.com.mx/leo-zuckermann/2013/05/16/899403
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?