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Apoyan desaparición de poderes por inseguridad




Desde 1975, el término desaparición de poderes no se había empleado en el país, sin embargo, tras las numerosas manifestaciones de violencia y malestar social en el estado de Michoacán[1], los grupos parlamentarios del PAN y el PRD en el Senado de la República le han dado nueva vigencia a la expresión.
Los legisladores de oposición (panistas y perredistas) encontraron en la desaparición de poderes una opción para recuperar el control del estado michoacano, ya que el alcance que los grupos del crimen organizado tienen a la entidad inmersa en una crisis de ingobernabilidad[2]y[3]. Ejemplo de ello son las declaraciones de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, quien exalta la necesidad de establecer las condiciones para que los 113 presidentes municipales de Michoacán dejen de pagarle cuotas a las organizaciones delictivas[4].    
No obstante, el político no es el único que indica que la delincuencia organizada es la segunda al mando en algunas regiones del país. Cifras de la encuesta nacional en vivienda de Parametría realizada en agosto de este año, señalan que el 28 % de los mexicanos concuerdan en que los cárteles del narcotráfico son los que más poder tienen en los estados después de los Gobernadores, aunque para el 37 % de los entrevistados el ejecutivo local sigue siendo la institución que posee mayores facultades para obrar y ordenar[5]
La afirmación de que el crimen organizado tiene cierto poder en los estados va acompañada de la aseveración de existencia de dichas organizaciones en las comunidades. Seis de cada diez mexicanos perciben la aparición de grupos delictivos en sus localidades y, cinco de esos seis entrevistados (79 %) que confirman la presencia de organizaciones delictivas, también aclaran que los gobiernos municipales no tienen la capacidad para enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad de los habitantes.
Esta percepción aumenta en la población cuando se le pregunta si en su estado existe presencia del crimen organizado; 84% de los encuestados manifestaron la existencia de organizaciones delictivas en su entidad federativa (14 puntos porcentuales más que a nivel municipal); asimismo, el 70 % de estos mexicanos consideraron que sus gobiernos locales no tienen la capacidad para enfrentar la delincuencia organizada presente en las entidades.
Michoacán no es el primer ni único referente de la desaparición de poderes; de acuerdo con la investigación de Claudia Gamboa Montejano, en 1975, las facultades del estado de Guerrero fueron disueltas por delitos del orden común imputados al gobernador[6]. Lo mismo ocurrió en Hidalgo, donde la declaración de desaparición de poderes fue hecha por la Comisión Permanente del Congreso conforme la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[7].
Del mismo modo, el académico Leo Zuckermann, señala que las disoluciones de los poderes locales en Guerrero e Hidalgo, fueron los últimos casos que ocurrieron en el México autoritario, y de discutirse y aprobarse la propuesta de desaparición de poderes en Michoacán, esta sería la primera declaración en la era democrática del país[8].
La anulación de poderes locales en Michoacán no se ha discutido ni aprobado, pese a las denuncias de algunos legisladores panistas como Jorge Luis Preciado, quien aseguró que la inseguridad e ingobernabilidad habían rebasado al estado, ya que “el crimen organizado controla las carreteras, entradas a los pueblos y hasta el tránsito de personas y comestibles”[9].
Esta situación aunada a la licencia por salud del gobernador, Fausto Vallejo, indican un vacío en el poder; vacío que conforme el párrafo III, del artículo 2° de la Ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República amerita la desaparición de poderes de la entidad michoacana.
Empero, el secretario de gobierno (y gobernador interino), Jesús Reyna, junto con el parlamento local niegan toda crisis de ingobernabilidad e inseguridad, y aseguran que si bien el estado no está en las mejores condiciones, las cosas se están resolviendo paulatinamente, “las instituciones se encuentran trabajando y lo están haciendo bien”[10].
La sensación de ineficacia que tiene la población hacia los gobiernos locales es generalizada. La mayoría de los entrevistados (63 %) consiente que el gobierno federal asuma la responsabilidad de gobernar un estado en caso de que el gobierno estatal no pueda contrarrestar el problema de inseguridad en la entidad. Sólo 15 % se manifestó en contra de esta medida, y otro 15 % no contestó esta pregunta; una proporción mínima no tomó postura al respecto ya que se definió ni acuerdo ni en desacuerdo con la desaparición de poderes.
Es posible que la población desconozca algunos términos legales como la desaparición de poderes, sin embargo, la población percibe un aumento de la delincuencia organizada y del control que estos grupos tienen en algunos estados y municipios, así como la incapacidad de los gobiernos locales y municipales para combatirlos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Fuentes:
PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 10 al 15 de agosto de 2013. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.
Zuckermann, Leo. ¿Desaparición de poderes en Michoacán? Excélsior, 16 de mayo de 2013.  http://www.excelsior.com.mx/leo-zuckermann/2013/05/16/899403

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