Fernando Polanco Ochoa
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal no han instalado la mesa interinstitucional para revisar las recientes detenciones de los promotores de la Policía Comunitaria, recluidos en penales federales de otros estados del país.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal no han instalado la mesa interinstitucional para revisar las recientes detenciones de los promotores de la Policía Comunitaria, recluidos en penales federales de otros estados del país.
A mediados de noviembre la Cámara de Diputados federal
aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó a los dos niveles de
gobierno instalar una mesa de trabajo para revisar caso por caso.
Lo anterior tras los señalamientos de dirigentes de
organizaciones sociales y activistas de derechos humanos quienes señalaron
presuntas violaciones a las garantías individuales de los promotores de las
Policías Comunitarias.
De acuerdo con la diputada federal del PRD, Rosario
Merlín García, ambos gobiernos violaron los derechos humanos de los promotores
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En agosto de este año fue detenida Nestora Salgado
García, promotora de la CRAC en el municipio de Olinalá, región Montaña, y
trasladada a un penal federal de Tepic, en el estado de Nayarit, acusada del
delito de secuestro agravado.
El seis de noviembre fue detenido Gonzalo Molina
González, promotor de la Policía Comunitaria en el municipio de Tixtla, quien
fue trasladado a un penal federal del estado de Oaxaca, acusado del delito de
terrorismo y privación de la libertad.
Y el primero de este mes fue detenido el consejero de la
Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, quien fue trasladado al
penal federal del Altiplano en el Estado de México.
Merlín García reprobó las presuntas detenciones
arbitrarias y demandó al gobierno federal y del estado cesar el hostigamiento
contra los dirigentes y luchadores sociales que se han organizado para
garantizar la seguridad de sus comunidades.
En entrevista el diputado federal del PRD, Carlos de
Jesús Alejandro, recordó que el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de
Diputados tiene el propósito de que ambos gobiernos revisen si se ha violado el
debido proceso tras las presuntas detenciones ilegales.
Incluso en el exhorto se incluyó a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) como máximo órgano jurisdiccional del país para
conocer los casos, revisarlos y emitir una sentencia.
“Solicitamos al gobierno federal y del estado a que
instalaran una mesa interinstitucional para revisar los casos, pero también les
pedimos que cesaran la persecución y el hostigamiento”, dijo el legislador
perredista.
De las “detenciones ilegales” acusó directamente al
gobierno federal pues mencionó que en el caso de Nestora Salgado el operativo
lo coordinó el Ejército y la Marina Armada de México.
Informó que días después del exhorto, todos los diputados
federales por Guerrero suscribieron un oficio enviado al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que directamente interviniera en
esos casos.
“Nos contestaron a través de la Subsecretaría de Derechos
Humanos que en breve se instalaría una mesa de negociación con los diputados
federales guerrerenses y con los representantes de las principales
organizaciones, en este caso de la UPOEG y la CRAC, quienes son las que han
instrumentado y ejerciendo este derecho a la seguridad”, dijo.
Sin embargo el legislador federal lamentó que a casi dos
meses de la aprobación del exhorto no se haya avanzado y que los casos de los
tres promotores de la Policía Comunitaria sigan sin ser revisados.
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