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Incumple gobierno revisión de presos de la CRAC



Fernando Polanco Ochoa
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal no han instalado la mesa interinstitucional para revisar las recientes detenciones de los promotores de la Policía Comunitaria, recluidos en penales federales de otros estados del país.
A mediados de noviembre la Cámara de Diputados federal aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó a los dos niveles de gobierno instalar una mesa de trabajo para revisar caso por caso.
Lo anterior tras los señalamientos de dirigentes de organizaciones sociales y activistas de derechos humanos quienes señalaron presuntas violaciones a las garantías individuales de los promotores de las Policías Comunitarias.
De acuerdo con la diputada federal del PRD, Rosario Merlín García, ambos gobiernos violaron los derechos humanos de los promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En agosto de este año fue detenida Nestora Salgado García, promotora de la CRAC en el municipio de Olinalá, región Montaña, y trasladada a un penal federal de Tepic, en el estado de Nayarit, acusada del delito de secuestro agravado.
El seis de noviembre fue detenido Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria en el municipio de Tixtla, quien fue trasladado a un penal federal del estado de Oaxaca, acusado del delito de terrorismo y privación de la libertad.
Y el primero de este mes fue detenido el consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, quien fue trasladado al penal federal del Altiplano en el Estado de México.
Merlín García reprobó las presuntas detenciones arbitrarias y demandó al gobierno federal y del estado cesar el hostigamiento contra los dirigentes y luchadores sociales que se han organizado para garantizar la seguridad de sus comunidades.
En entrevista el diputado federal del PRD, Carlos de Jesús Alejandro, recordó que el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados tiene el propósito de que ambos gobiernos revisen si se ha violado el debido proceso tras las presuntas detenciones ilegales.
Incluso en el exhorto se incluyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo órgano jurisdiccional del país para conocer los casos, revisarlos y emitir una sentencia.
“Solicitamos al gobierno federal y del estado a que instalaran una mesa interinstitucional para revisar los casos, pero también les pedimos que cesaran la persecución y el hostigamiento”, dijo el legislador perredista.
De las “detenciones  ilegales” acusó directamente al gobierno federal pues mencionó que en el caso de Nestora Salgado el operativo lo coordinó el Ejército y la Marina Armada de México.
Informó que días después del exhorto, todos los diputados federales por Guerrero suscribieron un oficio enviado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que directamente interviniera en esos casos.
“Nos contestaron a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos que en breve se instalaría una mesa de negociación con los diputados federales guerrerenses y con los representantes de las principales organizaciones, en este caso de la UPOEG y la CRAC, quienes son las que han instrumentado y ejerciendo este derecho a la seguridad”, dijo.
Sin embargo el legislador federal lamentó que a casi dos meses de la aprobación del exhorto no se haya avanzado y que los casos de los tres promotores de la Policía Comunitaria sigan sin ser revisados.

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