Desde hace más de tres décadas la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), lleva a cabo en la última semana del mes de mayo jornadas de lucha en
las que se demanda la presentación de las más de cien mil personas que en
nuestro América Latina han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al
tiempo que se exige verdad y justicia así como castigo a los responsables
intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen
nuestros pueblos.
En México, en esta
Semana Internacional del Detenido Desaparecido, familiares y organizaciones
defensoras de derechos humanos perseveramos en la exigencia de verdad y
justicia para las más de mil 300 víctimas de ese aberrante delito de lesa
humanidad durante la mal llamada “guerra sucia”, en realidad terrorismo de
Estado, a lo que se suma el enorme número de personas que en los últimos años
han sido víctimas de desaparición forzada.
Es un compromiso para la Fundación Diego Lucero
insistir en que la verdad histórica, en la que se han logrado avances
significativos, se convierta en verdad jurídica y se conozca el destino de
nuestros compañeros detenidos desaparecidos, se reivindique su memoria como
luchadores sociales; se castigue a los culpables de delitos de lesa humanidad,
empezando por los de mayor jerarquía; se resarza integralmente el daño causado
a los familiares, a la comunidad y a la sociedad; se legisle en materia de derechos
humanos de acuerdo a lo más avanzado del derechos internacional y se
establezcan políticas públicas que generen condiciones que eviten la repetición
de hechos de esa naturaleza.
El delito de
desaparición forzada es considerado en la doctrina internacional como de lesa
humanidad, porque se perpetra con todas las ventajas que da el poder y no se
limita a combatir la insurgencia o a cumplir otros objetivos –“guerra” contra
algunos carteles del narcotráfico, “limpieza social”, etc.-, sino que se propone
aterrorizar a la población entera de una región o de una nación.
Esta aberrante
práctica, que en México tiene sus raíces en la política represiva del Estado en
contra de opositores políticos y movimientos sociales, no es cosa del pasado
porque el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad permanece
mientras no se conozca el destino de los desaparecidos, se sancione a los responsables, entre otras
cosas.
Ante la fallida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos
del Pasado (FEMOSPP) presentamos, junto con familiares y con el respaldo
jurídico, incondicional y fraterno, del Centro de Derechos Humanos “Miguel
Agustín Pro Juárez”, varios casos entre ellos los de la familia Guzmán Cruz
(los hermanos Amafer, Armando, Venustiano y Solón, así como su padre José de
Jesús Guzmán Jiménez), José Luis Flores Cruz, Doroteo Santiago Ramírez y Rafael
Chávez Rosas. La mayor parte de ellos detenidos por fuerzas policíacas y
militares en julio de 1974.
También coadyuvamos en la denuncia de la ejecución extrajudicial de
Diego Lucero Martínez, ocurrida el 16 de enero de 1972; y en la de la detención
desaparición, en 1975, de David Jiménez Fragoso, padre de David y Carlos
Jiménez Sarmiento, el primero de ellos dirigente de la Liga Comunista 23 de
Septiembre y el segundo asesinado por la policía política después de la
Amnistía de 1979. También colaboramos en el caso de Alicia de los Ríos, víctima de desaparición
forzada el 5 de enero de 1978.
La desaparición
forzada es vigente, permanece en la impunidad y en la sombra: en los últimos
años han sido detenidos desaparecidos luchadores sociales y defensores de
derechos humanos, entre ellos Juárez, las hermanas triquis Virginia y Daniela
Ortiz Ramírez; Lauro Juárez, indígena chatino;
los militantes del EPR, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, así como nuestro
compañero, integrante de la Fundación Diego Lucero, Francisco Paredes.
La situación se ha
agravado pues a la sombra de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, a las
decenas de miles de ejecutados se suman alrededor de 26 mil desaparecido, casos
que no se investigan ya que las autoridades simplemente aducen que se trata de
“levantones” del crimen organizado.
Esta
realidad hace urgente que, entre otras medidas necesarias, se legisle en
materia de desaparición forzada en el ámbito federal y en los de las 32
entidades, de acuerdo a los más altos estándares del derecho internacional
humanitario, tal y como lo sugieren organismos internacionales de derechos
humanos y lo establece la sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla.
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por una legislación de avanzada sobre desaparición
forzada!
¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!
¡No a la Impunidad!
¡Verdad y Justicia!
México, D.F. a 26 de mayo de 2014
Dra. Blanca Hernández
Presidenta
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?