Condiciones adversas para elecciones en Guerrero

TRASFONDO

Por Julio Zenón Flores

El tema de las elecciones a realizarse el 7 de junio en Guerrero (al mismo tiempo que en otras 18 entidades del país), pareciera irse centrando en quienes quieren que sí se realice la votación y quiénes no.  Los argumentos son básicamente de índole política y moral: los que dicen que sí, asumen que no realizarlos sería propiciar en la entidad un desorden y mayor problema de gobernabilidad. Incluso dicen que realizar la elección es una cuestión de defender la democracia y en contraparte acusan de que quienes no quieren que se realicen son autoritarios por pretender impedir el ejercicio de un derecho.

Los argumentos de quienes dicen que no deben realizarse, en cambio, son básicamente éticos y morales y, digamos, de justicia: para ellos no es correcto que los guerrerenses vayan a las elecciones mientras no aparezcan con vida los 42 estudiantes normalistas que aún permanecen desaparecidos, desde el pasado 26 de septiembre en Iguala.

"Desde este micrófono, le vamos a advertir a Enrique Peña Nieto (presidente de México) y a todos los políticos corruptos que en Guerrero no va a haber elecciones, no más partidos, porque ningún pinche partido es la solución al pueblo de México. En Guerrero no habrá elecciones en el 2015. Primero tienen que entregarnos a nuestros muchachos", dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, durante un mitin realizado el viernes 26 de diciembre en el Distrito Federal.

Otra manera de abordar el tema es la dificultad técnica, real para llevar a cabo las elecciones, sobre lo cual ya hemos estado hablando en este espacio. Para empezar, se vencieron los plazos para registrar coaliciones electorales de partidos, el pasado 20 de noviembre para gobernador y el 22 de diciembre para diputados locales, sin que los partidos que pudieran realizarlas, las registraran, eso significa que no hubo libertad, en términos reales, para que los partidos pudieran hacer sus asambleas internas, acordarlo según sus mecanismos y acudir al Instituto Electoral a realizarlas. Eso implica que cada partido tendría que ir solo a los comicios y eso impactara en los resultados finales, pues si dos o más partidos pudieran haberse aliado para ganar la gubernatura, al no hacerlo la pierden. Entonces el resultado ya varió, es decir, fue influido por algo distinto a la voluntad ciudadana o de los partidos.

En segundo lugar, los partidos políticos no pudieron acordar hacer precampañas para elecciones internas de sus candidatos, eso también tiene una repercusión directa en el resultado de la elección, pues si hubiera elecciones internar pudieran ser electos candidatos distintos a los que se eligen si hay convenciones electorales o supuestos acuerdos de unidad (unidad que en todo caso sería sólo de las cúpulas de cada corriente o tribu de los partidos, sin respetar el sentir de su propia base partidaria), eso tampoco se puede considerar una situación de respeto a la democracia.

En tercer lugar, si aún así hubiera elecciones el 7 de junio, el riesgo de anularlas sería muy elevado, tanto por la consideración abstracta, sobre la cual ya existen precedentes en el País y sobre la cual escribió el propio presidente del INE Lorenzo Córdoba el pasado 20 de agosto de 2006, por la falta de condiciones para el ejercicio libre y secreto del derecho al voto, en buena parte donde aún operan carteles que dicen a los ciudadanos hasta donde comprar y qué comer o donde las organizaciones sociales o la propia policía comunitaria tiene un control más o menos fuerte sobre la población, en particular Tierra Caliente y Montaña, respectivamente, como por la posibilidad de anular legalmente al menos el 20 por ciento de las casillas, en aquellos sitios donde, físicamente sí se puede impedir que se instalen las urnas, que se acuda a ellas o que se contabilicen.

Ese 20 por ciento está representado más o menos por seis distritos locales o 17 municipios y, en este caso, de poco habrá servido ir a las urnas y gastarse las decenas de millones de pesos que el gobierno entrega a los partidos para una campaña que difícilmente llevarán a cabo.

A estas consideraciones súmele el riesgo físico de los funcionarios de casilla, los capacitadores y demás funcionarios del instituto electoral que siempre que sean sorprendidos haciendo su labor por las organizaciones que respaldan a los padres de los normalistas, con seguridad serán hostigados a niveles cada vez mayores.

¿Qué necesidad de correr ese riesgo, si hay otras salidas democráticas?

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