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BAJO FUEGO: Comunitarios 2




José Antonio Rivera Rosales





La confrontación que escaló en el corredor de la carretera federal México-Acapulco, en el tramo comprendido entre Xaltianguis, Tierra Colorada y Petaquillas, es algo inexplicable a la luz de los usos y costumbres, pero entendible si se toman en cuenta otros factores distantes del interés popular.
Ese diferendo armado ha provocado hasta ahora al menos una treintena de muertos entre los dos grupos de comunitarios con presencia en la región: la Unión de Pueblos y Organizaciones (UPOEG), que irrumpió en la vida pública en enero de 2013 como autodefensa popular armada, y su escisión el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), surgido formalmente en enero de 2015 aunque su integración se produjo un año antes.
Para intentar una explicación habrá que comenzar por citar que el Frente, cuya dirigencia estaba encabezada originalmente por Salvador Alanís Trujillo, Crecenciano Ramírez López y Silvestre Plancarte Villalobos, ha protagonizado una serie de actos de agresión puntualmente respondidos por los militantes de la Unión de Pueblos.
Aunque el gobernador Héctor Astudillo recién instaló una Comisión de Seguimiento para atender la problemática entre ambas formaciones, no parece haber disposición para ceder terreno por parte de ninguna de las dos. Llama la atención que ha sido el propio mandatario quien ha actuado como mediador cuando esa labor correspondía al secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien siempre aparece con bajo perfil.
Cuando se constituyó, el FUSDEG logró arrebatar a la UPOEG unas 60 comunidades rurales de los tres municipios que integran ese corredor carretero: Acapulco, Juan R. Escudero y Chilpancingo. Sin embargo, a estas alturas sólo un pequeño número de colonias y núcleos comunitarios le mantienen su respaldo.
Otras comunidades mayoritarias -como Buenavista, Ocotito y Petaquillas- decidieron retirarse para evitar problemas mayores. En Petaquillas la comunidad decidió constituir su propia Policía Comunitaria, al margen completamente de las dos agrupaciones en pugna.
Con todo, la UPOEG sigue manteniendo su hegemonía en la región en tanto el FUSDEG parece desmoronarse debido principalmente a una conducta extorsiva de la que se han quejado todas las comunidades bajo su influencia.
Por otra parte, en la asamblea comunitaria de Ayutla que se llevó a cabo este domingo pasado, hubo reclamos también contra Bruno Plácido, a quien acusan de utilizar los usos y costumbres para favorecer sus intereses de grupo. En este caso, sólo el tiempo podría dar respuesta a estas imputaciones surgida de autoridades comunitarias de Ayutla.
Un recuento somero de los incidentes armados entre ambas formaciones permite acercarse a un fenómeno que aparece como algo inexplicable para el público en general.
-El primero de abril de 2015 un enfrentamiento entre militantes de las dos agrupaciones, ocurrido en la comunidad de San Juan del Reparo, municipio de Tierra Colorada, dejó un saldo de 6 muertos, cinco del FUSDEG y uno de la UPOEG. Ambas organizaciones se acusaron mutuamente de haber iniciado la confrontación.
-El 7 de junio de 2015, en la comunidad de Xolapa cercana al puerto de Acapulco, una reunión entre líderes de dos grupos de comunitarios terminó en la matanza de 16 autodefensas, entre ellos el dirigente Ignacio Policarpo Rodríguez, vinculado con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). El acuerdo inicial es que los dirigentes, Ignacio Policarpo y Salvador Alanís, tendrían una reunión sin armas para pactar acuerdos de cooperación, pero al final de trató de una emboscada. El fallecido dirigente Bertoldo Martínez Cruz acusó directamente a Alanís de ordenar el múltiple asesinato.
-El 8 de agosto también de 2015, mientras prestaba servicio en su taxi acerca de Xaltianguis, hombres armados abrieron fuego contra Miguel Ángel Jiménez Blanco, impulsor de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, así como promotor de la agrupación llamada Los Otros Desaparecidos, actuación por la que recibió amenazas. Jiménez Blanco siempre ayudó en la búsqueda como representante autorizado de la UPOEG. En los días previos a su asesinato, dijo haber recibido amenazas de muerte de los propios comunitarios.
-El 28 de febrero de 2016 hombres armados emboscaron con armas largas al comandante Mauro Rosario Ayodoro, quien viajaba junto con un comunitario de nombre Gerardo Simón Rodríguez. En la emboscada, que se produjo sobre la carretera Tierra Colorada-Ayutla, se utilizaron fusiles AK-47 y AR-15, cuyos múltiples impactos volcaron la camioneta en que viajaba el dirigente. Debe anotarse aquí que tanto Jiménez Blanco como Rosario Ayodoro eran dos de los principales mandos de la UPOEG.
-El pasado 24 de octubre una nueva emboscada ocurrida en las inmediaciones de Tlayolapa, municipio de Tierra Colorada, causó la muerte de 7 comunitarios de la UPOEG y uno del FUSDEG. Como en otras ocasiones, ambos grupos se acusaron mutuamente de haber iniciado la confrontación.
Con todos estos antecedentes resultaba obvio que la confrontación escalaría aún más, en particular porque algunas comunidades enviaron pedidos de ayuda urgente a la UPOEG para quitarse de encima los abusos de los dirigentes del FUSDEG, lo que terminó en el choque armado del pasado día 24 de noviembre sobre la carretera federal, que afectó por horas el tráfico vehicular.
Algunos analistas han señalado lo obvio: que el corredor carretero es también un corredor para el tráfico de drogas que se generan en la región centro-sur de Guerrero, particularmente la producción de marihuana y heroína. Es posible.
Otra observación apunta al desplazamiento de fuerzas del crimen organizado que tratan de penetrar la redituable plaza de Acapulco por vía del corredor México-Acapulco. Sí, también es muy posible, sobre todo debido al crecimiento de otros grupos poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, que han demostrado ser muy competentes en cuanto a cualquier tipo de expansión de refiere.
Sin embargo, resulta más factible que algunos intereses empresariales vinculados al Cinturón de Oro -la gigantesca veta de oro que atraviesa gran parte del territorio guerrerense, así como otros metales- estén vinculados para generar espacios libres de control gubernamental con el fin de hacer lo que siempre hacen: negocios. Exploraremos este tema en la próxima entrega.

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