jueves, 5 de enero de 2017

Para este 2017, Guerrero va recibir 221 millones 709 mil, 726 pesos, para seguridad

 

Baldemar  Gómez Roque

Chilpancingo Gro, a 5 de enero del 2017.-Este año, el estado de Guerrero recibirá 221 millones 709 mil, 726 de pesos como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (Fasp; todo de  acuerdo con una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Donde el fondo asigna recursos a través de la Federación a los gobiernos en de los estados para ser empleados en reclutamiento, formación, selección, evaluación, y depuración de los elementos relacionados en las tareas de seguridad pública; así mismo en equipamiento de las corporaciones policiacas, y en el establecimiento de una red nacional de telecomunicaciones, y la construcción y ampliación de las instalaciones de las policías en las entidades federativas.

Ya que en  diciembre del 2015, se anunció en el DOF que en 2016, Guerrero recibiría aproximadamente 219 millones 993 mil 632 pesos como parte del programa, en donde se trató de un incremento mínimo para el cumplimiento de las tareas de seguridad en el estado tomando en consideración que asciende a un millón 716 mil 94 pesos, respecto del monto programado para el 2016.

En febrero del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del fondo entre las que destacan la adquisición de un sofisticado equipo de intervención telefónica que tuvo un costo de 17 millones 500 mil pesos destinado para fortalecer la estrategia del combate al secuestro, de acuerdo con informes disponibles en el sitio de internet del órgano de fiscalización.

En los informes de la ASF correspondientes a la Cuenta Pública de 2014 se hizo  notar que el gobierno de Guerrero incurrió en irregularidades al adquirir el software interceptor de comunicaciones. En donde la compra del equipo, revela la Auditoría con Enfoque de Desempeño: 14-A-12000-14-0790 que fiscalizó la operación de los recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en donde llevó a cabo atravez de contratación que concluyó con una adjudicación directa.

En el cual  añade que en ella no se fundó ni motivó “la excepción de la licitación pública nacional, por lo que no se acreditó que la adjudicación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, imparcialidad, honradez, que garantizarán las mejores condiciones en el estado”.

Por eso el 27 de noviembre del año pasado la ASF solicitó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia iniciara un procedimiento administrativo en contra de quien resulte responsable porque no se acreditó que la compra del equipo se haya hecho con apego a la Ley.

Mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pudo conocer que el software fue adquirido por la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía), cuando el titular era Iñaky Blanco Cabrera.