Al hacerlo, la soberanía en pleno convalidará intereses criminales que actúan en contra de la población civil a la que los legisladores dicen representar. En el último episodio conocido, la Comisión Instructora pospuso varios días más su dictamen sobre el juicio de procedencia que, a pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso está obligado a votar para que el diputado pueda ser llevado a juicio por las graves acusaciones que pesan en su contra.
Pero, muy a conveniencia, la citada comisión decidió alargar unos días más dicho dictamen para que la FGE entregue copias certificadas del procedimiento penal. Pareciera entonces que la citada Comisión Instructora en realidad está dilatando el juicio de procedencia con el fin de obtener elementos de prueba, pero a favor de ese criminal. Como mencionamos en una entrega anterior, Saúl Beltrán Orozco fue alcalde de San Miguel Totolapan de 2012 a 2015, tras lo cual resultó ser postulado para diputado local por su distrito de procedencia. ¿Pero quién lo postuló como candidato a diputado? Ah, sí, claro, su amigo Cuauhtémoc Salgado Romero, quien entonces fungía como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora, además de ser diputado del congreso, es también miembro de la Comisión Instructora responsable de dictaminar sobre la viabilidad del juicio de procedencia.
Por mínima congruencia política, Salgado Romero debiera excusarse de participar en esa comisión. Así las cosas, dictaminar sobre la viabilidad del juicio de procedencia parece constituir una pesada lápida para la mayoría de los legisladores locales que tienen que decidirse sobre la suerte de uno de sus compañeros de curul, aunque no sean del mismo partido político. Pero aquí lo que está en juego no es la salud del diputado, sino la salud del sistema político, cuyas instituciones -lo que incluye a los propios partidos- han caído en el más absoluto descrédito por las obvias vinculaciones entre políticos y grupos criminales. Como ya hemos visto, casos criminales como el de José Luis Abarca en Iguala han surgido del amasiato entre bandas del crimen organizado y dirigencias de los partidos políticos. Hasta donde hemos observado, ninguno de los partidos con registro se salva de esas relaciones peligrosas, en demérito de la función pública pero sobre todo en agravio de la población civil del estado de Guerrero.
En el caso que nos ocupa lo que observamos es que existe un intento sutil de proteger a Beltrán Orozco sin tomar en cuenta sus antecedentes criminales. Pero esta situación, que requiere un análisis de mayor profundidad sobre un eventual sistema de sanciones a los partidos políticos, debiera ser suficiente para que el actual dirigente estatal de PRI, Heriberto Huichochea, tenga el gesto de dignidad más elemental para el instituto que representa: proceder a la expulsión de Beltrán Orozco. Pero Huicochea, un protegido del exgobernador René Juárez Cisneros, simplemente ha hecho mutis en este deleznable caso. ¿Cuándo van a entender los partidos políticos que son cada vez más repudiados por el grueso de la ciudadanía, que observa con repulsión la forma en que respaldan a la delincuencia organizada? Si Huicochea procede a expulsar a ese homicida que despacha como diputado, estará lavando la cara a su partido y curándolo en salud frente al proceso electoral en ciernes de 2018, para el cual todos los partidos necesitan rostros nuevos y manos limpias. Al mismo tiempo, estará enviando un mensaje contundente al Congreso local para que se despoje del fuero a Beltrán Orozco, quien deberá enfrentar los cargos que se le imputan como cualquier ciudadano.
En una entrega anterior mencionábamos que durante la campaña de agresiones de La Familia contra pueblos ubicados en la parte alta de la Sierra Madre, entre 2012 y 2014, particularmente en el municipio de San Miguel Totolapan, el entonces alcalde Beltrán Orozco nunca se pronunció sobre el tema, nunca pidió públicamente auxilio a la federación y nunca organizó brigadas de ayuda a la población desamparada. Como si estuviera de acuerdo con estas agresiones que se tradujeron en múltiples muertos de los que casi no existen registros. No obstante esos antecedentes, el dirigente priista Salgado Romero le abrió la puerta para acceder al Congreso local donde ahora disfruta de un salario estratosférico a pesar de sus vínculos oscuros. Aquí una pregunta se impone: ¿qué acuerdos hubo entre Cuauhtémoc Salgado y Saúl Beltrán? Por ahora, queda en manos de la Comisión Instructora proceder a dictaminar sobre el caso Beltrán Orozco y, con ello, establecer un antecedente político y legal que priorice a la justicia por encima de cualquier otro interés bastardo. En este sentido resultaría risible, si no fuera tan trágico, el interés de los diputados de la Comisión Instructora por conocer el legajo de las acusaciones, tanto que crearon un espacio -que no está contemplado en la ley- para que el diputado ofreciera argumentos de descargo, cuando la labor de los diputados es emitir una resolución sobre el juicio de procedencia.
Por cierto, los argumentos de Beltrán Orozco censuran la irregularidad del procedimiento, más que los cargos de homicidio que son el verdadero tema de discusión, lo que resulta verdaderamente grotesco. Esto es, crearon un falso debate en el que la discusión se centró en la legalidad del juicio de procedimiento y no en los cargos de homicidio que se le imputan. Si la decisión de la Comisión Instructora exonera a Beltrán Orozco, como la tendencia parece indicar, se habrá perdido una oportunidad histórica para llevar a juicio a uno de los más destacados representantes de la colusión entre partidos y crimen organizado. Por su parte, la Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de proseguir con las investigaciones pues hay versiones confiables que apuntan a que no sólo se cometieron dos homicidios cuando el diputado despachaba como alcalde.
Aunque con miedo, hay otras personas agraviadas que parecen estar dispuestas a revelar otros incidentes ligados al crimen organizado. En ese caso, la FGE tendrá que hacer el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen otros ilícitos que recaen dentro de su competencia. Si es así, Beltrán Orozco también tendría que enfrentar cargos federales y más de uno de sus socios estará evaluando si podría ser alcanzado por el brazo justiciero de la ley.
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