Bajo Fuego * Indignación y hartazgo Por José Antonio Rivera Rosales

Bajo Fuego

* Indignación y hartazgo

José Antonio Rivera Rosales

José Antonio Rivera. Periodista.

   Son los sentimientos que permean en la comunidad de la información del estado de Guerrero tras el brutal, artero y cobarde atentado que segó la vida de Cecilio Pineda Birto, el valiente periodista calentano que con los años se constituyó como una de las pocas voces que denunciaba corruptelas y agravios en la Tierra Caliente.

   A querer o no, Cecilio era un referente del periodismo de denuncia en aquella región que se ha convertido en tierra de nadie desde que la mayor parte de las administraciones municipales se han visto comprometidas por el narcotráfico y sus grupos criminales.

   En el escenario configurado por el crimen organizado desde que el clan Beltrán Leyva tenía el control absoluto de estos territorios, a través de sus socios locales, para nadie es un secreto que dos ciudades eran bastiones clave para la concentración y traslado de heroína y marihuana: Altamirano, considerada el corazón de la Tierra Caliente, e Iguala, de donde se embarcaba la mayor parte de la droga con destino a la Unión Americana.

   Altamirano, donde fue ejecutado Cecilio Pineda, ha sido siempre el centro de la actividad económica derivada del tráfico de droga debido a una condición inexcusable: es el centro de población donde de manera natural "baja" la droga producida en la Sierra Madre del Sur.

   En los años 90, Altamirano llegó a una tener una economía boyante -centrada en la industria de la construcción, mueblerías, servicios de banquetes y compraventa de activos inmobiliarios-, hasta que le comenzó a pegar la Campaña Permanente de Erradicación de Cultivos Ilícitos y, posteriormente, la Iniciativa Mérida.  

   Iguala, por su parte, ha sido siempre un punto estratégico desde donde se enviaba la droga producida en la entidad a los estados del norte, con destino final en los Estados Unidos, principal mercado de consumo de droga a nivel mundial. Era Iguala tan importante que, desde ese punto del corredor carretero México-Acapulco, el cártel de Arturo Beltrán controlaba diferentes operaciones de envío de droga y traslado de dinero.

   Cuando el capo murió a manos de un comando de élite de la Armada de México, en diciembre de 2009, el escenario se descompuso al extremo de que algunos capos locales y lavadores de activos comenzaron a actuar por cuenta propia.

   En este sentido, el corredor Iguala-Arcelia-Altamirano comenzó a cobrar cada vez mayor vigencia en el panorama de los grupos locales del crimen organizado.

   Es en este escenario en el que se desenvolvía Cecilio Pineda, reportero que se movía entre los municipios de Altamirano, Arcelia, Coyuca de Catalán, Teloloapan, Tlapehuala, Ajuchitlán del Pogreso, San Miguel Totolapan y, por supuesto, Zirándaro de los Chávez.  

Por cierto, entre las últimas publicaciones de Pineda Birto destaca una denuncia de habitantes de la región que acusaban a la alcaldesa priista de Zirándaro, Yolanda Anaya Cruz, de construir inmuebles privados con recursos del erario público, lo que desde luego causó la ira de la edil y de su marido, Abelardo Mejía, el poder detrás del trono en aquel pequeño municipio calentano.

   Este escenario regional es el que debiera investigar a fondo la Procuraduría General de la República (PGR), con respaldo tanto del Ejército Mexicano como de la Armada de México, pues la situación está tan contaminada que, con seguridad, dos o más alcaldes de esa amplia zona tendrían que ser llevados ante la justicia.

   Es el caso del delincuente devenido en diputado del Congreso local, Saúl Beltrán Orozco, quien atraviesa por un procedimiento de juicio de procedencia para determinar si se le suspende o no el fuero con el fin de que responda ante la justicia. 

   Beltrán Orozco era hasta hace poco alcalde de San Miguel Totolapan, el municipio donde surgió un grupo numeroso de autodefensas que, autonombrados como Movimiento por la Paz, demandan precisamente que se proceda a desaforarlo para enjuiciarlo por ser el verdadero jefe del grupo criminal Los Tequileros y, como tal, responsable de múltiples secuestros masivos y asesinato de inocentes.

   Ese es, por desgracia, el tipo de políticos que tenemos en el estado de Guerrero. Así las cosas ¿qué es lo que tiene que suceder para que los diputados le retiren el fuero a este sujeto?

   La mención de bandidos y diputado viene a cuento porque precisamente sobre este caso versó el último video filmado por el reportero calentano Cecilio Pineda. El pasado martes 2, Pineda grabó un video casero en el que denunciaba los "fuertes vínculos" entre servidores públicos estatales y la banda criminal de Raybel Jacobo El Tequilero así como, precisamente, el diputado Saúl Beltrán. Tal parece que el video lo grabó mientras se trasladaba en su vehículo precisamente a Ciudad Altamirano, donde finalmente fue encontrado por los sicarios y ultimado sin compasión.

   El video en cuestión parece haber sido el detonante para su atentado, pues fue atacado escasas tres horas después de que subió el video a su muro de Facebook, espacio donde contaba con nada menos que ¡50 mil seguidores! Un indicio de que era el reportero más consultado en toda la Tierra Caliente.

   En el video, Cecilio hace una revelación estremecedora: asegura que, según versiones de sicarios que trabajaron para El Tequilero, un mando regional de la policía estatal, en referencia obvia a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), todo este tiempo ha ofrecido protección y seguridad, inclusive con escoltas uniformados, a personal del grupo criminal. El gobierno sabe dónde están, asegura Pineda en el citado video.

   Si esto es verdad, es el mismo gobernador Héctor Astudillo y el titular de la SSP, general Pedro Almazán Cervantes, quienes tienen que ofrecer una explicación sobre esta grave acusación.

   De confirmarse esta imputación, se abre la posibilidad de que no sólo hayan sido criminales los que decidieron segar la vida del joven periodista, sino que probablemente existió una concertación en la que pudieron participar actores del estado. 

   Como en algunos círculos saben, las decisiones para "darle piso" a una persona, como se maneja en el argot delincuencial, surge la mayor parte de las veces de un consenso colectivo en el que se analiza la necesidad de eliminar físicamente a una persona que se ha convertido en un obstáculo. Por eso se llama delincuencia organizada.

   ¿Existió aquí ese consenso? ¿Hubo policías involucrados? ¿Participaron actores políticos en esa decisión?  Sólo una exhaustiva investigación de la PGR podrá responder esas interrogantes. Pero, por lo pronto, debe ser llamado a cuentas el mando regional de la SSP en la Tierra Caliente. 

   Se lo deben a Cecilio Pineda. Se lo deben a la ciudadanía.