¿Desarmar a la UPOEG?

Jul/3/2017.

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales


El grave incidente ocurrido en Cacahuatepec, donde siete personas murieron -incluidos tres menores de edad- en un confuso incidente que no se ha terminado de esclarecer, motivó que el gobernador Héctor Astudillo decidiera poner “un hasta aquí” a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por consecuencia, las autoridades hablan ya de un desarme de esa y otras guardias comunitarias que proliferan en la entidad como una reacción obligada de los pueblos para defenderse de los embates de las bandas criminales.
En el caso de la UPOEG -la mayor de las organizaciones de autodefensa popular armada-, la cosa no es tan sencilla.
El año 2010 fue el de la ruptura entre varios de los núcleos fundadores del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) que chocaron con una nueva dirigencia mestiza proveniente de grupos de izquierda que logró enquistarse en la organización indígena.
Tras la ruptura, dos grupos importantes se escindieron de la CRAC: uno, que ese año en Tlapa dio vida a la UPOEG con respaldo de un numeroso grupo de comisarios y ciudadanos de diferentes comunidades de La Montaña y la Costa Chica, como un organismo social de gestión destinado a promover el desarrollo y la economía solidaria de los pueblos pobres de la región.
El otro grupo, integrado por 26 de los pueblos fundadores, se remontó a Santa Cruz del Rincón donde estableció su nueva sede y desde donde ha promovido nuevas guardias comunitarias como la de El Rincón de Chautla, en Chilapa.
Así, cada quien desde su trinchera, ha coadyuvado a combatir a los grupos criminales que han causado luto y desolación en muchas familias guerrerenses, al margen por completo de la labor aislada que desahogan los comunitarios que se quedaron en la original CRAC-PC.
En el caso de la UPOEG, su incursión en el combate a la criminalidad devino en un hecho insoslayable cuando se conocieron abusos contra numerosas familias de Ayutla que estaban sometidas a las atrocidades de grupos criminales. Eso motivó que la UPOEG se diera conocer el 5 de enero de 2013 como un grupo de autodefensa armada.
Con 6 mil hombres en armas, proceder al desarme de los núcleos que integran el llamado Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG se antoja como una locura, porque no responderán los efectivos armados sino las comunidades rurales que les dan legitimidad, que son probablemente cientos de pueblos, chicos y grandes.
A menos que estén decididos enfrentar una revuelta, los gobiernos federal y estatal tendrán que considerar esta condición para convertir una fuerza beligerante, que los comunitarios ya lo son, en un aliado del gobierno así como un eficaz interlocutor con decenas de comunidades de la Costa Chica, la región Centro y La Montaña.
¿Qué es entonces lo que debe hacerse frente a la UPOEG?
Bueno, habrá que preguntarle al diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien ya está haciendo lo conducente que es, además, lo correcto.
Es decir, se trata de hacerle los ajustes pertinentes a la Ley 701 para ofrecerle un cauce legal a los policías ciudadanos de la UPOEG como de otras guardias comunitarias que, antes que todo, tendrán que estar debidamente legitimadas por sus comunidades de origen mediante el voto mayoritario de cada uno de los pueblos.
En este sentido, las guardias comunitarias deben primero responder al interés legítimo de los pueblos que pretenden resguardar. Los grupos de supuestas guardias comunitarias que no cumplan con ese requisito, deberán ser considerados simplemente como grupos de civiles armados al margen de la ley.
Esos ajustes a la Ley 701, que podrían transmutarse como una reforma integral a esa figura legislativa, deben ser sometidos a la consulta de los pueblos, lo que se significa como un proceso lento y arduo, labor que podría encomendarse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que ya tiene la experiencia previa de las consultas a los pueblos originarios de Ayutla para llevar a cabo su próxima elección por la vía de la asamblea.
Esa labor, titánica por donde se le vea, es lo que hace falta para aplicar los ajustes pertinentes a la Ley 701, que ceñiría en la norma a los diversos grupos de policías comunitarias que pululan en el estado de Guerrero. Claro que la responsabilidad recaería en el Congreso local y en el IEPC, que para eso están. De ninguna manera en el Poder Ejecutivo.
Eso evitaría también los choques entre grupos de comunitarios enfrentados por intereses que no se alcanzan a vislumbrar, señaladamente el FUSDEG y la UPOEG, con la consecuente zozobra que causan entre los pueblos involucrados.
Así las cosas, un mecanismo de esta naturaleza serviría para depurar a los grupos de comunitarios que se placean por todo el estado como amos y señores de ciertos territorios, algunos señalados de servir de fachada a grupos criminales.
Sólo las comunidades, en votaciones de asamblea y a mano alzada, en presencia de escrutadores del IEPC y en coordinación con una comisión especial del Congreso, podrían encauzar debidamente este proceso en aras de salvaguardar la gobernabilidad y la paz en el estado de Guerrero.
En lo que corresponde al caso específico de Cacahuatepec, si la Fiscalía General del Estado (FGE) concluye que los comunitarios de la UPOEG son los autores de las muertes en esa comunidad de la zona rural de Acapulco, la dirigencia que encabeza Bruno Plácido deberá entregar a los responsables para ser castigados conforme al mandato de la ley.
Eso servirá como una muestra para los grupos de guardias comunitarias que se asumen como tal, pero cuyo comportamiento más se equipara al de un grupo criminal, con resultados totalmente adversos para la población.
Un “hasta aquí” debe ser aplicado indudablemente para sanear la situación de inseguridad a la que grupos de supuestos comunitarios le han abonado su cuota, pero todo este proceso debe estar soportado en el Congreso y en el IEPC, con pleno apego al convenio 169 de la OIT, ratificada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que estipula el derecho a la consulta de los pueblos tribales.
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