Julio Zenón Flores
México, 18 de marzo de 2025. En las entrañas de
Jalisco, específicamente en Teuchitlán, se ha destapado una de las peores
atrocidades que uno podría imaginar en un país ya de por sí marcado por la
violencia y la impunidad. El Rancho Izaguirre, aparentemente una finca aislada
en las montañas de Jalisco, ha sido revelado como un infierno de tortura,
exterminio y abuso. Los hallazgos de los colectivos de búsqueda de
desaparecidos en este lugar han desbordado la frontera de la indignación
nacional e internacional, dando cuenta de un centro de exterminio que recuerda,
en su brutalidad, los campos de concentración nazis. Las víctimas, según los
testimonios y pruebas recabadas, son personas reclutadas bajo engaños, forzadas
a entrenar para ser parte del crimen organizado, y luego sacrificadas, como si
fueran piezas descartables de un sistema infernal.
Los hallazgos en el Rancho Izaguirre son tan escalofriantes
que es imposible no pensar en lo que representó Auschwitz, el siniestro campo
de concentración nazi, que sirvió como laboratorio para la perversión humana.
En Teuchitlán, no se trata de una ideología genocida, pero sí de la misma
deshumanización que los criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
aplican en su búsqueda insaciable de poder y control. Al lugar llegaron los
Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes, en un ejercicio doloroso pero
necesario de recuperar a sus seres queridos desaparecidos, descubrieron cientos
de objetos que pertenecieron a víctimas: desde zapatos y documentos de
identidad hasta restos humanos calcinados. Y no se quedó ahí. Tres hornos
crematorios, de esos que uno asocia con los peores escenarios de la historia,
fueron encontrados en el rancho, evidenciando la magnitud del crimen.
Testimonios de sobrevivientes han revelado la magnitud del
horror: torturas, asesinatos, mutilaciones y abusos sexuales, que incluyen
incluso casos de pedofilia. No basta con la descripción de las víctimas, muchos
de los cuales fueron reclutados bajo falsas promesas de empleo, sino que la
metodología con la que el CJNG ejecuta sus crímenes es inquietante. El rancho
no solo era un lugar de muerte, sino también de adiestramiento, donde jóvenes
eran brutalmente entrenados para integrar las filas del cártel. La violencia no
tiene límites: los testimonios apuntan a un sistema que no solo sacrifica
vidas, sino que las convierte en mercancías prescindibles.
A pesar de las evidencias, el CJNG ha tenido la desfachatez
de desmentir su implicación en el centro de exterminio. En un video atribuido
al grupo criminal, se acusa a los colectivos de búsqueda de difundir
información falsa, un movimiento digno de una organización que, en su
impunidad, se ve a sí misma como intocable. “No es nuestro”, aseguran, como si
su responsabilidad no estuviera escrita en cada uno de los rastros dejados en
el rancho.
El hallazgo ha provocado la indignación no solo en Jalisco,
sino en todo México. La presidenta Claudia Sheinbaum, ante la magnitud de los
descubrimientos, ha calificado los hechos como "terribles". Pero más
allá de las condenas de los funcionarios, lo que está claro es que la sociedad
mexicana está cansada de promesas vacías y de una guerra contra el crimen que
parece no tocar nunca el núcleo del problema. El Estado mexicano no solo
enfrenta una guerra contra el narcotráfico, sino contra una estructura de impunidad
que va más allá de los cárteles, infiltrándose en las instituciones que
deberían ser las encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
La descomposición que se vive en Jalisco, y en muchos otros
estados del país, no es solo un reflejo de la guerra entre cárteles. Es la
manifestación de un sistema fallido, donde la justicia parece ser un concepto
distante para las víctimas y, en algunos casos, incluso para los propios
perpetradores. La denuncia internacional ante el hallazgo en Izaguirre solo
resalta el aislamiento de un país que se ha acostumbrado a convivir con la
desaparición forzada como una especie de normalidad.
Un hallazgo como el de Izaguirre no es una anomalía aislada,
es un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta al cuerpo social y
político de México. Los desaparecidos, muchos de los cuales son ciudadanos que
nunca imaginaban que el Estado los abandonaría a su suerte, siguen siendo
invisibles en un sistema que no se atreve a cuestionar a los responsables. Los
colectivos de búsqueda, en su valentía, han logrado destapar lo impensable,
pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién va a hacer justicia por ellos?
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