Por Julio Zenon Flores
La confrontación entre la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha dejado de ser un diferendo técnico-contable para convertirse en un caso paradigmático del uso faccioso del poder público en Guerrero. No es una novedad: la ASE ha sido históricamente un instrumento de presión, más que de fiscalización, al servicio de intereses políticos o económicos. Pero ahora, el escándalo amenaza con abrir una caja de Pandora que compromete no sólo a su actual titular, sino a toda una estructura que ha operado bajo la sombra de la simulación, el chantaje y la selectividad.
Abelina ha hecho lo correcto al negarse a responder a los requerimientos de la ASE sobre 898 millones de pesos del Ramo 33, recursos federales cuya fiscalización compete exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), salvo convenio expreso de colaboración entre ambas instancias. Hasta ahora, dicho convenio no ha sido exhibido. Es decir, la ASE no tiene facultades en ese terreno, y el auditor estatal lo sabe. Sin embargo, insiste en demandar explicaciones, en un afán que más parece una estrategia de presión que una acción legítima de revisión de cuentas.
Aquí no hay, hasta ahora, evidencia de desvío o corrupción. Lo que hay es un problema de competencia institucional que el auditor ha convertido, irresponsablemente, en una persecución mediática. Su insistencia en que la alcaldesa le "compruebe" directamente a él, cuando la ley marca otra ruta, revela una actitud autoritaria, arrogante y posiblemente interesada.
El fondo del conflicto va mucho más allá del caso de Abelina. Se trata de un patrón de conducta que involucra a la ASE como actor central de una red de control político y económico sobre los ayuntamientos. Versiones documentadas —y algunas de ellas en manos de la propia alcaldesa— apuntan a que desde la ASE se ofrecen "soluciones" para solventar observaciones a través de despachos contables que operan en una red de complicidad: tú pagas la iguala, ellos te limpian el camino. A ese nivel ha llegado la descomposición.
Si Abelina realmente tiene pruebas de ese esquema, su deber no es sólo defenderse, sino ir al fondo: exponer al Auditor y exigir su remoción. Pero para lograrlo necesita estrategia, no sólo discurso. Y ahí es donde su equipo ha fallado. En lugar de enfocar los reflectores sobre el Auditor, decidieron confrontar a Félix Salgado Macedonio, como si todo lo que sucede en Guerrero tuviera su firma. Error de cálculo. Salgado no es ajeno a las pugnas internas de Morena, pero tampoco es omnipresente. De hecho, hay actores que se escudan en su nombre para imponer agendas personales, buscar candidaturas o sembrar miedo.
El deslinde del grupo felixista, incluida la gobernadora Evelyn Salgado, ha sido prudente. No conviene escalar un conflicto que tiene una raíz técnica e institucional. El Auditor debe responder solo por sus actos. Pero la alcaldesa también debe aclarar si su ofensiva mediática —lanzada justo antes de una visita presidencial— tiene como objetivo romper la red de protección política del Auditor. Si es así, está apostando alto. Si no, se está desgastando en una batalla mal enfocada.
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