Conspiraciones
no hubo denuncia ni examen ginecológico
Por
Jorge Romero Rendón
El caso de las seis turistas españolas violadas en una casa de Playa Bonfil, municipio de Acapulco, está muy lejos de obtener justicia verdadera, también por problemas de procedimiento legal…
Porque
resulta que después del robo, agresión y violaciones sufridas por las
españolas y sus acompañantes, estos se presentaron ante la autoridad
judicial del puerto. Pero en lugar de recibir la denuncia respectiva, el
responsable llamó a la procuradora de Justicia estatal, Martha
Elba Garzón, quien a su vez decidió enviarles una camioneta para
trasladar a las víctimas a la Ciudad de México, donde fueron atendidas
por la Embajada de España y por autoridades federales, y de allí toda la historia que usted conoce a través de la prensa.
Pero… más allá del escándalo, de las detenciones y demás circo montado para anunciar que el caso había quedado resuelto, resulta
que no hay manera de juzgar a los presuntos culpables por un pequeño
detalle: no se dio ocasión a las españolas de presentar la denuncia ni
se les practicaron exámenes médicos a las violadas para dar fe del hecho
y para obtener las pruebas periciales que de allí pudieran desprenderse.
Así que sin
denuncia formal y sin pruebas ¿a cuenta de qué se mantiene arraigados a
los detenidos –sean culpables o no- y con qué bases los van a juzgar?
Lo
que falta será tarea de los diputados locales que integran la Comisión
Especial para el Seguimiento del Caso de las Españolas Violadas.
Pero por lo pronto es un caso redondo, a la medida de la procuración de justicia que gozamos…
Grupos armados de autodefensa, sin salida legal válida...
Luego de casi dos meses de haberse levantado en armas en unas quince
comunidades de la Montaña y Costa Chica, los grupos civiles de autodefensa
armada se encuentran en un callejón sin
salida legal que les convenga:
Mientras por un lado todos los presuntos delincuentes que vayan
entregando serán liberados porque no se les siguió el procedimiento legal
oficial; por el otro rechazan el decreto
del gobierno estatal que los convertiría en policías auxiliares carentes de
las atribuciones que ellos mismos se han adjudicado.
No podía ser de otra manera,
pues al entrar en negociaciones con las autoridades estatales y federales,
estas están obligadas a respetar y hacer
valer el Estado de Derecho con todas sus ventajas y desventajas. Por eso,
los grupos adheridos tanto al UPOEG como
a la CRAC llevan las de perder si tratan de preservar su independencia y
sus usos y costumbres tradicionales.
A ver: el lunes, cuando una
de las mujeres detenidas y luego entregadas por la autodefensa de Ayutla y
Tecoanapa, Cecilia Matildes Andraca –hija
del exalcalde Adulfo Matildes- obtuvo dos amparos del Juzgado Séptimo de
Distrito, y con ello su libertad, quedó en evidencia que los otros diez entregados y el resto de los
que continúan detenidos saldrán libres tarde o temprano, porque la ley no
reconoce esas aprehensiones y cualquier juez tendrá que reconocer que hubo
errores de procedimiento que lo imposibilitan para ejercer acción penal por más
culpables que pudieran ser.
Es decir, que ningún juez puede
reconocer una detención hecha por civiles armados, ya que solo las
corporaciones policiacas oficiales tienen esa facultad para presentar a
presuntos delincuentes ante el Ministerio Público (MP). Eso o la flagrancia.
De manera que los civiles armados de Ayutla y Tecoanapa verán con
decepción cómo sus detenidos salen
libres y hasta con amparo, a pesar de las promesas que les hicieron de que
los supuestos delincuentes serían juzgados con todo el peso de la ley. Que no
es el caso de los aprehendidos por la Policía
Comunitaria, que sí tiene reconocimiento legal, y que de hecho lleva años
entregando a detenidos a policías y agentes del MP, cuando no les aplica sus
técnicas de reeducación por cuenta propia en el caso de delitos menores.
En el otro caso, los grupos de
autodefensa que negociaron la posibilidad de ser reconocidos por el
gobierno estatal, a través de un decreto del Ejecutivo, se encontraron con que perderán su autonomía y la capacidad que se
han autoadjudicado para detener y juzgar a maleantes, y que sólo tienen la opción de integrarse como
policías auxiliares –previa capacitación oficial-. Por lo que han optado
por rechazar adherirse a esa opción legal.
Al final, el sueño de ciudadanos capaces de ofrecer seguridad y justicia
a sus familias y vecinos, quedará en
mera ensoñación, por dos razones, aparte de lo ya citado arriba:
Primero, porque hay evidencia de que
algunos de esos grupos tienen un carácter paramilitar y el objetivo de ejercer
un control regional favorable a intereses de grupos caciquiles y de delincuentes;
y que otros son herederos de lo que queda de grupos guerrilleros. Todo en
medio de rencillas entre comunidades rurales por problemas de posesión de tierras
y evidencias de que ha habido casos de ajustes de cuentas personales.
Y segundo, porque es muy difícil definir
quién es quién y si vale la pena o no tolerar la existencia de grupos que hagan
justicia por métodos ajenos a lo que prescribe la ley. No les queda más que
entregar a detenidos que serán puestos en libertad, y acogerse al decreto emitido por el gobernador Ángel Aguirre para
convertirse en policías que pudieran dar ejemplo de lo que debe ser un cuerpo
de seguridad al servicio de la sociedad…
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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