Por
Rodrigo Huerta Pegueros*
Más
de 700 días han transcurrido desde que el gobernador Ángel Heladio Aguirre
Rivero tomó posesión de su mando al frente de la administración pública y
durante este tiempo la situación política, social y económica en la entidad ha
tenido sus altibajos.
El resultado de la gestión gubernamental no es
halagüeño puesto que si bien es cierto que la violencia ya estaba presente
en abril del 2011, no es comparable a la
que se vive hoy día. En el rubro social nada ha mejorado, persiste el abandono,
el hambre, la miseria, la pobreza y la falta de empleos para viejas y nuevas
generaciones.
Los
servicios de salud han sido severamente cuestionados, particularmente en las
regiones indígenas, donde se ha abusado de la condición de etnias; aunado a
esto las injusticias son variadas y de todos los tamaños y tonos y los reclamos
para recuperar la tranquilidad social se amplió a dos terceras partes de la
entidad.
Lo
ofertado durante la toma de posesión no se ha concretado y si en cambio ha
servido como medio de control o de proselitismo político como podría ser la
tarjeta ‘’la cumplidora’’. Los fenómenos naturales que se han registrado durante
este lapso de tiempo y que afectaron a amplias capas de población marginadas,
han servido como pretexto para el clientelismo político-electoral. Como si esto
no fuese suficiente, en materia política las cosas se han enredado aún más y se
ha fallado en el propósito de que sirva para resolver las controversias. Un
ejemplo deñ fracaso en esta materia es lo que aconteció con el conflicto
estudiantil y magisterial de los normalistas de Ayotzinapa quienes fueron reprimidos
y dos de ellos asesinados durante una protesta escenificada en la autopista del
Sol, mientras que un nuevo desencuentro con los maestros pertenecientes a la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) ha
convulsionado al estado y ha producido afectaciones de toda índole.
Sin
embargo, algo que pasará a la historia de esta entidad como un caso inédito, es
el surgimiento de la noche a la mañana, en la mayoría de las regiones de la
entidad, de los grupos armados que se levantaron en contra de la criminalidad
que de alguna manera suplantaba las funciones de los gobiernos estatales y
municipales.
Las
llamadas policías ciudadanas, de autodefensa o comunitarias, se rebelaron y se
opusieron a seguir siendo presas fácil de los narcotraficantes, secuestradores
o extorsionadores e impusieron su propia ley e instalaron retenes, conformaron
tribunales para juzgar a los criminales detenidos y obligaron al gobierno
estatal a negociar con ellos la liberación de los delincuentes, no sin antes
presionar al ejecutivo para que los reconociera oficialmente como parte de la
seguridad pública en sus regiones, lo cual se aceptó sin importarle transgredir
la ley en la materia.
Los
levantados en armas tuvieron a su favor el argumento de la desconfianza del
pueblo hacia las policías municipales o las ministeriales y estatales, las
cuales dijeron, están involucradas con el crimen organizado y la delincuencia
común.
Hasta
estos momento, el gobierno no ha tenido ni la intención menos el poder para
someter a estos grupos ni para disuadirlos a dejar las armas. Este es quizá el
caso mas obvio de una deficiente y mala administración pública estatal que
muestra un fracaso rotundo para dar certeza y seguridad al pueblo de Guerrero.
El
año 2011 fue el que marcó la ruta fallida de esta administración que ha actuado
en forma sui géneris, ya que si bien
surgió como un gobierno representante del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), su actuación ha sido la de una administración priista (PRI). Las
diferencias entre un gobierno democrático y uno tradicional han sido obvias y
los conflictos mayúsculos que lo llevaron a prescindir de varios secretarios de
despacho, miembros del PRD dejó en claro su sello ideológico. ¿Recuerdan la
renuncia fulminante del que fuese ex titular de la Secretaria de Seguridad
Pública estatal, Ramón Almonte Borja y del que fungía como Procurador General
de Justicia estatal, Alberto López Rosas?
Este
manotazo no fue para hacerle justicia a los normalistas asesinados sino mas bien para ‘’salvar el pellejo’’. Antes de esta actuación obligada, el
gobernador ya había destituido a su Secretaría de Desarrollo Social, David
Jiménez Rumbo, quien posteriormente lo culpó de lo sucedido con los
normalistas.
Durante
estos dos años de gobierno, los cuales han transcurrido como en cámara lenta, los
problemas de inseguridad pública se han repetido en forma constante. No hay
región en la entidad que no haya sido sacudido por el crimen organizado.
Los
operativos del llamado Guerrero Seguro han fracasado rotundamente; las demandas
y reclamos para que sean presentados con vida las personas que han
sido desaparecidas en forma violenta (caso ecologistas) tampoco han sido
resueltas y los conflictos cientos de desplazados por parte de grupos
criminales en zonas serradas tampoco han logrado obtener la protección de las
autoridades y menos de que se les haga justicia.
Lo
mismo sucede con las extorsiones a empresarios y amenazas de muerte a políticos,
funcionarios e inversionistas que no han sido investigados y por lo tanto la
zozobra mantiene en un hilo a las víctimas- Igualmente pasa con los secuestros
y asesinatos que se suceden a diario sin que se ponga un freno a los
delincuentes. El estado de derecho en Guerrero es un discurso mas no una
realidad tangible.
Guerrero
en estos dos años de gobierno se ha convertido en un territorio donde prevalece
no solo la impunidad sino también la injusticia jurídica y social. Sin embargo
lo mas grave de todo esto es que el propio gobernador, Ángel Heladio Aguirre
Rivero ha declinado ejercer una de sus mayores atribuciones como es el de ser
garante de la seguridad pública y esta responsabilidad le ha sido solicitada atraerla
al gobierno federal a través del ejército mexicano, la marina y la policía
federal.
Ante
esta panorámica general de lo que acontece en la entidad, diversos grupos
sociales y políticos han calificado como
un gobierno sin rumbo al ejercido en
estos dos años por Aguirre Rivero o como dirían los defensores de los derechos
humanos local, regional, nacional e internacional que han visitado la entidad, Guerrero está en la indefensión y sin
control alguno.
Las
ofertas hechas por el actual gobierno estatal han quedado truncadas o en el
anecdotario político.
El
compromiso de hacer de la entidad un territorio sin analfabetas, seguramente no
se podrá cumplir por razones de índole de desorganización, burocracia y
corrupción, como ha quedado debidamente documentado.
Por
lo que respecta a las finanzas públicas, estas no se han aplicadas en forma transparente y la rendición
de cuentas no aparece como norma ética en esta administración la que ha sido
considerada como una de las administraciones estatales más opacas de la
República Mexicana.
Ha
dos años, de administración, no se sabe
a cuánto asciende la deuda pública, cómo han operado los programas emergentes,
en que forma se han aplicado los recursos extraordinarios recibidos por el
gobierno estatal para atender a la población que ha salido afectada a
consecuencia de os fenómenos naturales como lluvias torrenciales, temblores y
destrucción de vías de comunicación, entre otros.
Por
si fuera poco este desastre gubernamental, el escándalo sobre el nepotismo en
la actual administración estatal y que se reflejó en las nóminas oficiales, se
trató, como siempre, de acallarlo del modo tradicional: comprando conciencias
con los mismos recursos públicos y con discursos demagógicos, comprometiéndose
en separar a las decenas de familiares de la nómina, cuando es vox populi que todavía
continúan percibiendo sueldos los familiares cuestionados.
Pero
por si no tuviésemos suficientes desvíos de recursos económicos, el gobierno
continúa pagando sueldos a los funcionarios que fueron ‘’despedidos’’ en
forma tajante por el caso del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en el
no tan lejano 12 de Diciembre del 2011. Si esto no es corrupción, entonces
podríamos calificarlo como un gran fraude cometido contra el pueblo de Guerrero.
Ante esto, la credibilidad hacia la
administración estatal ha quedado severamente cuestionada y difícilmente esta
entidad podrá salir del estado en que se encuentra hoy postrada.
Desde
el primer año de gobierno se marco el rumbo de esta administración. Ninguno de
los conflictos registrados entonces fueron debidamente solucionados.
La
obra pública que se realiza en la entidad guerrerense no ha logrado tener el
impacto deseado por ser superada por la ineficiencia de quienes integran la
administración y por la concentración de poderes en unas cuantas manos,
particularmente en dos familias quienes son las que deciden sobre los negocios
multimillonarios que se aprueban desde palacio de gobierno.
El
pueblo de Guerrero decidió durante la pasada elección del 2011 por un gobierno
democrático, pero se equivocó. Sufragó a favor de un político que ofrecía
experiencia y fracasó. Creyó en un gobierno de izquierda pero resultó un
fiasco. Aspiró a una administración transparente y el resultado fue todo lo
contrrio. Se apostó por los menos favorecidos o marginados y resultó lo
contrario, se entegó la administración al capital privado foráneo y se apoyó el
discurso de la separación de poderes y el resultado fue adverso, se consolidó
el poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial.
Los
resultados están a la vista.
Los
hechos son contundentes.
Los
registros no dan margen de maniobra para la equivocación sobre la forma burda y
absurda de como se ha conducido este gobierno en los ámbitos político, social,
de justicia y financiero. Y esto es tan solo en los dos primeros años que significa
la mitad de la administración para la que fue electo y que concluirá en el no
tan lejano año del 2015.
Violencia,
hambre, marginación, corrupción, demagogia, injusticia, impunidad,
irresponsabilidad, descontrol, traición y deslealtad, serían unos cuantos
adjetivos que más han sido utilizados por el pueblo de Guerrero al referirse al
gobierno actual y a los resultados de la gestión administrativa del gobernador,
Ángel Heladio Aguirre Rivero.
(PD: Para quienes nos
critiquen por no hablar de las bondades del gobierno, para eso tienen a los
medios de comunicación tradicionales y sus jilgueros y oficinas de comunicación
social.)
Periodista/Analista
Político*
NUEVO
CORREO ELECTRONICO:
Porteno4964@gmail.com
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