EL CONFLICTO EN CAPAMA

EL CONFLICTO EN LA CAPAMA

La marcha de una treintena de seguidores del regidor acapulqueño Genaro Vázquez Flores que culominó con el cierre simbólico de las oficinas centrales de la Comisión de Agua POtable de Acapulco (CAPAMA), en aparente apoyo a algunas personas que mantienen en el exterior una huelga de hambre para demandar su restitución en la nómina de la paramunicipal, es el corolario de una serie de presiones para frenar el intento de recortar gastos en el organismo.

La marcha tuvodos motivos ocultos:

La CAPAMA dejó de financiar a un par de jóvenes que cada quincena eran enviados por el regidor a cobrar por un trabajo que no realizaban para eñ organismo, sino para el PT o para el propio regidor. Uno de esos jóvenes es el encargado del perifoneo del PT.

Una parte de las personas que fueron sacadas de la nómina de CAPAMAA formaron un sindicato en donde la secretaria general es esposa del representante legal y hermada de la secretaria de los asuntos de la mujer. Todos ellos miembros del PT y seguidores por lo tanto del regidor Genaro Vázquez.

Pero el motivo en sí de este movimiento pues, son los recortes en la nómina de la paramunicipal: dejaron fuera al enviado del regidor y a la familia feliz que exige entre otras cosas ser comisionados, es decirm relevados de cualquier actividad, pero cobrando, para dedicarse a sus actividades "sindicales".

Eso demuestra que los despedidos son poco productivos, como la señora de limpieza que entraba a las 9 de la mañana y a las once se salía a almorzar por dos horas y a las 5 de la tarde checaba su hora de salida, pero aún faltan otros de darse de baja, que están siendo protegidos por gente del ayuntamiento.

Hay por ejemplo uno que cobra en CAPAMA pero en realidad es asistente de una regidora; uno que no hace nada y cobra cerca de 20 mi pesos al mes, entre otros, que si la cosa va en serio deben de salir también.



Política Al Margen
Por Jaime Arizmendi

*Compró IFE Inmueble en Seis Veces su Valor; Contralor
*Juicio Político a Lozano Alarcón; PRI

Argonmexico.com / En cuestión de corrupción, sigue la mata dando… Sin haber dejado claro el asunto de los 350 millones de pesos que “ahorró” el año pasado, otra vez el IFE aparece en la escena del manejo indebido del dinero público. Durante el 2008, el organismo comicial adquirió un inmueble en 262.9 millones de pesos, cuando meses antes la misma edificación había sido valuada en una sexta parte: 45 millones 100 mil pesos.
Como reportamos en este espacio el 15 de febrero pasado, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Autoría Superior de la Federación, en reunión de trabajo con el Contralor Interno del IFE, Gregorio Guerrero Pozas, le exigieron devolver la millonaria suma a la Tesorería de la Federación.
La priísta Marcela Guerra Castillo previno que el IFE es un ente fundamental en la transición democrática, y que, de cara a las elecciones del 2012, se requiere un órgano fuerte, decoroso, con autoridad y legitimidad para ser un árbitro imparcial en la organización de las elecciones, por lo que resulta inaceptable cualquier aspecto que empañe su labor.
Pablo Escudero Morales, del Verde Ecologista, enjuició a su vez que “la fortaleza de las instituciones no es una graciosa concesión que aquí podamos hacer. La fortaleza de las instituciones se las da su transparencia, su rendición de cuentas y el estricto apego a la ley y cómo se cumple”.
El petista Mario Alberto Di Costanzo fue más duro y exigió que el IFE devuelva el dinero a la Tesorería. “De lo contrario, se les fincarán responsabilidades a los funcionarios que se nieguen a hacerlo porque han infringido la ley. Ahorita ya la violaron, la pregunta es: ¿va a haber castigo? La ley tiene que aplicarse y así como se aplica a los funcionarios del Ejecutivo Federal, a nosotros no nos debe temblar la mano”, destacó el legislador.
Pese a todo, no se ha concretado qué sucederá con el cuantioso recurso. De vez en vez por ahí se difunde algo en torno al espinoso asunto, pero parece que pasó a la congeladora legislativa.
En tanto, esta semana inició con una denuncia expresada por el Contralor Interno del máximo órgano electoral, don Gregorio Guerrero Pozas, en el sentido de que funcionarios del IFE efectuaron un posible desvío de dinero el año 2008 cuando se adquirió en renta primero, y en compra después en casi seis veces su costo, un inmueble ubicado en la calzada Acoxpa, al sur de la ciudad.
El diario El Universal publicó este lunes el último informe elaborado por Gregorio Guerrero en el cual subraya una serie de inconsistencias desde el 2008, año en que se arrendó dicho edificio de Acoxpa, que luego recibió adecuaciones por más de 40 millones de pesos, cuando el monto autorizado eran 550 mil pesos. Lo peor se registra después cuando el IFE adquiere en compra la misma edificación en 262 millones de pesos.
Ante ello, el consejero Alfredo Figueroa afirmó que el IFE debe estar comprometido con la rendición puntual de cuentas en cada uno de los actos que se llevan a cabo y desde cualquier punto de vista. Lo que se espera es un proceso que concluya las investigaciones por vía de las auditorías y de existir alguna responsabilidad, se inicien las responsabilidades contra quienes se presume sean responsables.
En entrevista en torno al informe de la Contraloría general, Figueroa dijo: “se espera de la Contraloría un proceso que concluya las investigaciones por vía de las auditorías, y de existir alguna responsabilidad, se inicien los procedimientos, contra quienes se presume que son responsables; que se sancione a los responsables de acciones investigadas y concluidas.

El burro ¿hablando de orejas?… El vicecoordinador de la diputación del PRI, Ramón Martel López, reveló este lunes que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Cámara de Diputados devolverá 130 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión del ejercicio fiscal 2009.
Expuso que por acuerdo de todos los coordinadores parlamentarios, se instruyó a la Secretaría General para que regrese el dinero. “Con esto se atiende con agilidad y decisión, pues el buen juez por su casa empieza”.

Solicitudes de juicio político, como llamadas a misa… Aunque rara vez prospera una solicitud de juicio de procedencia, popularmente conocido como Juicio Político, el presidente de la Comisión Especial para Asuntos Mineros, el priísta Miguel Ernesto Pompa Corella dijo que se podría emprender un trámite de estos en contra del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por las graves omisiones en que incurre al no inspeccionar los centros de trabajo.
El sábado último, una explosión de gas metano en una mina de carbón en Coahuila provocó la muerte de un minero y cinco lesionados. Ante ello, lamentó que a pesar de los llamados a Lozano, nada ha hecho por mejorar la seguridad minera. “Es contradictorio, curiosamente hace constantes llamados al diálogo, pero él no escucha.
“El secretario del Trabajo está lejos de actuar por la defensa de los trabajadores, más bien se convierte en vocero de empresas, promotor de intereses empresariales o un fallido interlocutor como en el caso de Mexicana, pues hasta el momento no hay un pronunciamiento de la Secretaría respecto al incidente del sábado pasado en la mina de Coahuila”.
A pesar de que se han registrado varias muertes de mineros por la falta de seguridad e higiene, Lozano Alarcón “parece ser inmune al dolor humano, a su responsabilidad, a su obligación o quizá ya no sepa cuál es su responsabilidad”; por ello, se hará un llamado por escrito al presidente Felipe Calderón y a Javier Lozano para que tomen cartas en el asunto.
Pompa Corella calificó como errática la política federal porque, además de la pérdida de fuentes de trabajo, se han perdido muchas vidas a causa de una política omisa “y por el pobre desempeño de Javier Lozano”. A diferencia de otros países, en México pueden suceder accidentes en las minas y el secretario no se hace presente; eso da cuenta del poco interés que tiene. Si no puedes, renuncia…

jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com