Es importante lo que diga la CNDH del caso, por tratarse de una instancia externa y sin motivaciones políticas, sin embargo, los avances que presente serán insuficientes, sobre todo debido a que la policía federal entregó apenas este fin de semana sus informes que habían sido demandados desde el mes pasado. Distinto a la versión de los normalistas y del propio gobierno estatal que entregaron sus versiones oportunamente.
La sociedad guerrerense está atenta a lo que informe, sin embargo, la CNDH, pues de ahí se podrán deducir responsabilidades y quizá bajar un poco el tono de crispación interna en el cual una parte de inmaduros aguirristas han iniciado una campaña de odio hacia los normalistas en las redes sociales y a través de abiertas manifestaciones como la realizada en Chilpancingo la semana pasada. Esos aguirristas, con ataques a los estudiantes, sólo ha demostrado que no les preocupa tanto al suerte del gobernador, como la suya propia y de sus empleos, pues de salir del presupuesto estatal, difícilmente podrían vivir de un trabajo digno.
El análisis del caso no puede partir más de un echo incontrovertible: Hubo una manifestación estudiantil en demanda de ser escuchados por el gobernador, esa manifestación bloqueó una importante vía de comunicación. Alguien ordenó que abrieran la vía a la circulación y, los funcionarios encargados de hacer cumplir la orden lo hicieron de una manera tan desafortunada que la situación acabó con dos homicidios de estudiantes y la posterior muerte de un empleado de una gasolinera cercana.
Esos son los hechos, falta analizar el contexto y éste nos indica que el gobernador Ángel Aguirre Rivero no estaba buscando la confrontación ni mucho menos el exterminio de los normalistas, antes al contrario, había mostrado un acercamiento al plantel, había aumentado el subsidio por ración alimenticia, les había donado un autobús y colchones entre otras cosas, lo que demuestra su voluntad de llevar una buena relación con la legendaria escuela normal rural. De ahí se deriva que él no pudo haber ordenado que asesinaran a los estudiantes.
Los antecedentes políticos del entonces procurador de justicia, Alberto López Rosas y del secretario de seguridad pública y protección Civil, Ramón Almonte Borja, indican también que ellos no pudieron haber dado ninguna orden de disparar para matar a los normalistas. Máxime si se considera que ambos estaban pensando en buscar cargos de representación popular.
Del lado de los estudiantes, tampoco es previsible que hubiera quienes estuvieran dispuestos a dejarse morir para llamar la atención a su movimiento, menos aún si estaban ante un gobernador que les podía escuchar, directamente o a través de los líderes de izquierda que tienen acceso directo con el gobernador.
De modo pues que no se puede pensar en otro cosa más que los asesinatos ocurrieron o por un complot de fuerzas ultras -tanto de izquierda que están detrás de los ayotzinapos, como de derecha que siguen detrás del gobernador Aguirre- a las cuales les molestaba una relación civilizada y de respeto entre el gobernador de origen priista y la normal de perfil izquierdista; o bien, por pura impericia de los responsables de las fuerzas policiacas.
Los ultras existen, cualquier analista con dos dedos de frente sabe que detrás de los normalistas rurales hay gente que catalogaría como traidores o reformistas a los alumnos que aceptaran la ayuda del gobierno estatal, llamadas por ellos dádivas, porque eso "mella" el filo revolucionario del estudiantado, formado en el más puro y atrasado maoísmo. Esas fuerzas que instruyen a los estudiantes en tácticas de insurgencia urbana, que les dicen como vestir, como hacer bombas molotov y cómo en un dado caso prender fuego a un camión o -como en este caso- a una gasolinera para cubrir la retirada. Lo viví en carne propia hace años como líder estudiantil de una escuela normal, que se alió con los de la FECSUM para movilizaciones conjuntas en busca de fines comunes, aunque políticamente fuéramos diferentes. Durante el largo recorrido por el país, en movilizaciones, nos enfrentamos a esas fuerzas ultraizquierdistas. A esos ultras, claro que le venían bien un par de mártires para su causa. Muchas de sus acciones parecían en realidad provocaciones para la represión.
Pero del lado de Aguirre también existen los fundamentalistas. Por su origen priista, no faltan los personajes con visión represora que no entiende otra forma de tratar con los movimientos sociales que a golpes, balazos y a fuerza de hacer valer la autoridad. Los hay también analfabetos funcionales, que ignoran todo de la política, pero han medrado de las mieles del presupuesto y ahora se miran lanzando miasma contra los normalistas en las redes sociales y aún encabezando manifestaciones contra las manifestaciones Aguirre los debe tener bien ubicados y si no los tiene, los debe de ubicar, porque si pasa este trago amargo, le van a causar más problemas de los que le ayuden a resolver con su alharaca y supuesta lealtad que igual estaría con otro si el otro fuera gobernador.
Esos ultras, el de derecha y el de izquierda pudieron haber coincidido en este enfrentamiento: Unos incitando a los estudiantes a prender fuego a la gasolinera los otros incitando a los policías a disparar a matar. Quizá no lo sepan o quizá si, pero ambos ultras, los extremos se tocan, dijo una vez el desaparecido líder universitario Rosalío Wences Reza, sirven a los peores intereses del estado de Guerrero, a los caciques que no toleran que Aguirre como gobernador y lo quisieran ver caer, como a los izquierdistas que no toleran un acercamiento de estudiantes con el gobierno, aunque sea de izquierda, como se define el actual de Aguirre Rivero.
La otra línea es más simple: Ni Almonte ni López Rosas, tenían capacidad para ejercer el mando en sus corporaciones. Dejaron la operación de abrir la carretera federal en manos de otra gente, que se puso nerviosa cuando empezaron los policías federales a disparar al aire para disperas a los estudiantes y comenzaron a su vez a accionar las armas. Ni siquiera coordinador _Almonte y Rosas- que sus policías fueran desarmadas, ante lo cual ellos aparecerían como responsables de los hechos sangrientos. No por ordenar la matanza, sino por ineficientes, en tanto que los nombres de quienes dispararon, deberían ser dados a conocer por las autoridades a partir de los videos existentes para que esos paguen con cárcel su crimen.
En ambos casos, el gobernador quedaría exento de responsabilidad, pero obligado a detectar y a echar de su gabinete a los fanáticos que promueven el odio contra los ayotzinapos.
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