Gasta Salud en Acapulco más de 1.7 millones en edificio que no usa

Francisco Javier Flores V. La Secretaría de Salud de Guerrero paga desde el año pasado 110 mil pesos mensuales por la renta de un edificio que no utiliza, mientras que en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Hogar Moderno cientos de trabajadores y ciudadanos que acuden como usuarios de los servicios que ahí se otorgan viven con el riesgo latente de sufrir un accidente por las condiciones deplorables de este inmueble afectado por el sismo del pasado 31 de agosto, de 6 grados en la escala de Richter. Con base en la información obtenida por este diario, la dependencia pagó el año pasado al arrendador del edificio –ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc- 330 mil pesos por concepto de los meses de noviembre y diciembre y un mes de depósito, mientras que para este año se firmó el contrato que asciende a un millón 430 mil pesos, correspondiente a los doce meses de renta y un mes de depósito. El inmueble –ubicado casi frente en la confluencia de la calle Humbolt con Cuauhtémoc, donde hace algunos años era el Super 5 y después funcionó un hotel de nombre Sunset In- fue rentado supuestamente para reubicar las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria mientras se decide la rehabilitación o construcción de un nuevo edificio en Hogar Moderno, en donde las cuarteaduras y otros daños causados por el temblor y el mismo paso del tiempo son visibles; sin embargo, extrañamente la jefa jurisdiccional, Elizabeth Godoy Galeana, junto con el delegado administrativo, Alfonso Mendiola Tornez, se niegan a la reubicación, obligando al personal a laborar en condiciones de riesgo y exponiendo a la población. Según la información recabada, el argumento es que para que el inmueble pueda ser ocupado se requiere la reparación de un transformador que sirve para proveerlo de energía eléctrica; esa operación requiere una inversión de alrededor de 25 mil pesos, que al parecer el propietario del edificio José Oliverio Espinoza Mercado no quiere desembolsar. Sin embargo, cabe mencionar que en el contrato de arrendamiento –firmado por el propietario y por el propio secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso y cuya copia obra en poder de la redacción de este periódico- menciona en una de sus cláusulas que el arrendador “hará las reparaciones necesarias para conservar el inmueble en estado satisfactorio de servir para el uso estipulad en el contrato (oficinas administrativas) y conviene que cuando se trate de reparaciones urgentes e indispensables ajenas al uso que no se lleven a cabo en un plazo de ocho días después de recibido el aviso por escrito de el arrendatario, éste quedará autorizado para hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas posteriores”. Otro apartado especifica que “Para el caso de siniestros no imputables a el arrendatario (la Secretaría de Salud) el arrendador (dueño) lo autoriza para llevar a cabo las reparaciones que resulten necesarias, cuyo costo será deducido del importe de las rentas, siempre que a juicio de el arrendatario así convenga a sus intereses. Las partes convienen en que si por cualquiera de las circunstancias anteriores no se puede seguir utilizando el inmueble, el contrato quedará rescindido automáticamente”. Esto, a casi cuatro meses de distancia, no lo ha querido hacer el delegado administrativo de la Jurisdicción Sanitaria, y en contubernio con la jefa jurisdiccional están retrasando el traslado de las oficinas a ese edificio. Mientras tanto, las rentas se siguen pagando religiosamente, afirmó una fuente bien enterada. Se sabe que esta situación es bien conocida por el secretario de Salud, Lázaro Mazón, quien sin embargo no ha querido tomar cartas en el asunto ni mucho menos aplicar correctivos a los responsables por la afinidad que tiene con los involucrados, ya que Elizaberth Godoy pertenece a una conocida familia de restauranteros, mientras que Alfonso Mendiola tiene fuerte respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al ser hijo de una ex diputada local perredista. trasfondoinf@hotmail.com