Nov/16/2015.
BAJO FUEGO
La tregua
José Antonio
Rivera Rosales
La información es todavía muy escueta pero, de
concretarse, podría generar condiciones para un proceso de pacificación en gran
parte de Guerrero de cara al 2016.
Hace menos de 60 días, un grupo de
personajes singulares se reunieron en algún lugar de la Sierra Madre del Sur,
para tener un primer acercamiento con la problemática que los identifica: la
violencia.
A esa insólita reunión, que probablemente se
llevó a cabo en El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, asistieron
representantes y jefes de diferentes grupos criminales, de autodefensas y de
mandos comunitarios, que buscaban ponerse de acuerdo para comenzar a distender
la violencia en cada una de las respectivas zonas de influencia.
Los participantes, jefes o representantes
autorizados de formaciones criminales, comenzaron a explorar las posibilidades
de pacificar al estado de Guerrero, o a una porción significativa, mediante
acuerdos que privilegiarían una tregua
respecto de los choques armados que han mantenido de manera sistemática en
diferentes puntos geográficos del estado.
De acuerdo con trascendidos confiables,
cruzados con fuentes alternas que confirmaron este peculiar encuentro, habrían participado
representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -con presencia en
parte de la Costa Grande y la frontera con Michoacán-, el Cártel Independiente
de Acapulco (CIDA), Los Rojos, mandos comunitarios y jefes de la autodefensa
armada.
Del encuentro surgieron algunos compromisos
iniciales, como la necesidad de establecer una tregua que permita condiciones
para determinar una ruta a seguir en la pacificación efectiva de las regiones
donde estas formaciones tienen presencia, es decir, en Costa Grande, Acapulco,
Costa Chica y Centro del Estado.
En un primer nivel de entendimiento los
participantes, dicen las fuentes que conocieron de esos acuerdos, identificaron
al puerto de Acapulco como la zona donde se debe privilegiar de inmediato un
proceso de pacificación, ante lo cual ubicaron a ciertos grupos delincuenciales
independientes como el obstáculo a vencer.
Los acuerdos específicos aún se desconocen,
pero el simple intento de pactar una tregua -así sea endeble y pegada con
alfileres-, permitiría explorar espacios de diálogo apenas suficientes, que
posibiliten la intervención de otros actores importantes para afianzar ese
proceso de pacificación -nos referimos, claro, al gobierno y a la Iglesia
Católica-.
Aunque suene a escándalo, más porque la
iniciativa proviene precisamente de los grupos criminales, un primer atisbo de
diálogo entre facciones delincuenciales y mandos de la autodefensa plantea la
oportunidad de que, por interpósita persona, tanto el gobierno como la Iglesia
Católica, incidan para fortalecer ese proyecto de pacificación.
Habrá que recordar que, en fecha reciente,
la jerarquía eclesiástica se mostró favorable al uso de la palabra aún con los
grupos criminales para buscar salidas a la violencia. Aunque no lo dijo
claramente, se entiende que abrió la puerta al diálogo con los delincuentes, lo
que inmediatamente fue rechazado por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Las fuentes consultadas ignoran si en este
proceso de diálogo entre los grupos enfrentados existe alguna intervención
gubernamental, aunque parece claro que existe por lo menos algún interés
oficial en que los acuerdos lleguen a un final feliz.
El factor esperanzador de todo este complejo
entramado lo constituye la participación de dirigencias comunitarias y mandos
de la autodefensa, cuya asistencia al encuentro clandestino es ya un
ingrediente positivo en estos acuerdos iniciales, en los que intervinieron
algunas personas cuyos nombres son conocidos públicamente.
Por el lado contrario, destaca el interés
mostrado por el CJNG y su aliado el Cártel Beltrán Leyva (CBL), dos de los
actores más relevantes en la violencia que ha permeado recientemente en la vida
de los mexicanos y, señaladamente, entre los guerrerenses.
El gran ausente de este primer encuentro es
el Cártel de Sinaloa, enemigo a muerte de los aliados CJNG-CBL, contra el cual
el gobierno mexicano ha desatado una feroz persecución después de la
humillación pública sufrida a raíz de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
Para dejar las cosas más en claro: es una
vertiente de los grandes cárteles, mediante sus expresiones locales, las que
buscan la manera de distender la violencia que ha terminado por diezmar sus
cuadros, muchos de los cuales o han muerto o han sido encarcelados, o han huido
del territorio mexicano.
Así pues, si hay disposición al diálogo con
esta vertiente de los grupos criminales, el gobierno federal tanto como el
estatal debiera aprovechar la oportunidad de buscar un entendimiento permisible
en el marco de la ley, sin que ello les signifique una suerte de capitulación
ante la violencia criminal.
Quedaría pendiente de resolver lo que atañe
a la Zona Norte de Guerrero con el grupo delincuencial Guerreros Unidos (que
antes fue parte del grupo de Arturo Beltrán Leyva), cuya responsabilidad en la
masacre de Iguala está más que probada y, por ello, tiene una deuda histórica
con la justicia, que va mucho más allá de cualquier posibilidad de
entendimiento. Situación parecida existe con la facción criminal conocida como
Los Ardillos, que se ubica en La Montaña Baja de Guerrero, cuyo manejo lo hace
intratable para el gobierno federal.
En el pasado reciente el gobierno federal
buscó una oportunidad de pacificación del territorio mediante acuerdos
indirectos con los cárteles. Una muestra de esos acuerdos ocurrió durante el
gobierno de Felipe Calderón, cuando enviados suyos trataron de pactar con
mandos criminales reconocidos, como lo denunció Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien dijo haber sido
requerido para deponer actitudes violentas.
Antes, en el 2007, enviados secretos del
gobierno trataron de disuadir, mediante terceras personas, a mandos del
Ejército Popular Revolucionario (EPR), para evitar que estallaran más
artefactos explosivos como los que hizo estallar en agosto y septiembre de
2007, que causaron daños a la economía por más de un mil millones de pesos.
Así pues, la oportunidad a la palabra no es,
en modo alguno, una posibilidad remota para ser explorada por los gobiernos
federal y estatal.
Aunque la tregua que fue tema del encuentro
clandestino de Atoyac pudiera ser una oportunidad muy pobre para comenzar la
pacificación del estado, siempre queda el recurso del diálogo extralegal para
garantizar a los guerrerenses una transición a la paz, la tranquilidad y la
armonía social.
Esa es la responsabilidad histórica de
Héctor Astudillo y, en el caso de Acapulco, de Evodio Velázquez. Falta ver si
ambos están a la altura de ese reto formidable.
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