La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga si entre las víctimas halladas en crematorios clandestinos del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hay personas originarias de Guerrero.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, se abrió una carpeta de investigación ante la posibilidad de que desaparecidos relacionados con trabajos agrícolas sean parte de los restos encontrados en el lugar.
El caso tomó relevancia luego de que un hombre denunciara en entrevista con la periodista Azucena Uresti que fue reclutado en Chilpancingo y llevado sin su consentimiento a dicho rancho, donde más de 50 trabajadores fueron privados de la libertad y explotados por la empresa contratante.
Tras la declaración, la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aceptó que su administración tuvo acuerdos con una empresa para enviar jornaleros a Jalisco, aunque negó cualquier relación con el sitio señalado como campo de exterminio.
El periodista Héctor de Mauleón reveló en su columna que al menos 100 jornaleros fueron reclutados en oficinas municipales de Guerrero con la promesa de obtener una visa de trabajo en Estados Unidos.
Por su parte, el Gobierno de Acapulco se deslindó del reclutamiento y aseguró que únicamente difunde programas orientados al bienestar
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