Por JULIO ZENON FLORES
En Guerrero, los procesos de fiscalización siempre deben leerse también como maniobras de reacomodo político. Lo que está enfrentando la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, no es sólo un procedimiento técnico de revisión de cuentas públicas, sino lo que ella misma ha calificado como una "trampa política". Una operación para bajarla de la contienda rumbo a la gubernatura de 2027, o incluso —si se descuida— para destituirla.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) le exige solventar más de 898 millones de pesos del ejercicio 2023, la mayoría correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), parte del Ramo 33 de origen federal. La ASE también ha puesto nuevamente sobre la mesa observaciones del ejercicio 2022, que la alcaldesa asegura haber solventado desde abril de 2024, con acuse de recibo.
Sin embargo, desde el Congreso local, un actor político en particular ha reavivado las dudas: el diputado local Joaquín "Jacko" Badillo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ha insistido en que aún hay pendientes por aclarar del 2022 —unos 30 millones de pesos—, y no ha perdido oportunidad para criticar la administración municipal.
¿Casualidad? Difícil de creer. Badillo ha mostrado interés manifiesto en la presidencia municipal —y más recientemente, en las decisiones de fiscalización contra la alcaldesa—, justo cuando el escenario político para 2027 comienza a configurarse.
La propia Abelina ha denunciado en redes sociales que se trata de una estrategia para debilitarla políticamente, y ha señalado que la ASE no tiene facultades para auditar recursos federales, los cuales, según la Constitución, competen exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De entregar información sensible a la ASE, sostiene, incurriría en una irregularidad.
Con eso, la línea entre auditoría legal y emboscada política se vuelve más difusa.
López Rodríguez no descarta proceder legalmente contra quienes —dice— están difamándola. Pero la presión crece. Si no solventa a tiempo, la ASE, cuyo verdadero jefe es el presidente de la Comisión legislativa de Presupuesto, es decir, Badillo Escamilla, podría abrirle un proceso administrativo que busque su inhabilitación o destitución. Y en el vacío político que eso generaría, no pocos ven a Badillo como el relevo cantado. Es un guion clásico en la política guerrerense: primero te auditan, luego te sustituyen.
¿La fiscalización como herramienta de rendición de cuentas? Ojalá. Pero aquí huele más a ajuste de cuentas político. Y en Guerrero, ese aroma suele ser el prólogo de una guerra interna.
Hay que recordar, si efectivamente se tratara de fuego amigo, que Abelina López no es precisamente "la mona de los cerillos", como se dice coloquialmente en los círculos periodísticos locales para indicar que se sabe defender y que no es ninguna perita en dulce, como lo demostró cuando les ganó la candidatura para su reelección, cuando todos la daban por perdida.
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