Por Julio Zenon Flores
Guerrero, una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado en México, ha experimentado en la última década dos modelos de seguridad diferentes, aunque con resultados igualmente limitados. El primero, impulsado por Héctor Astudillo Flores (2015–2021), estuvo marcado por la lógica militar y la contención. El segundo, bajo la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda , apuesta por la prevención social, la inversión tecnológica y la profesionalización policiaca. Sin embargo, los grupos violentos resisten y se transforman.
Seguridad con botas: el legado de Astudillo
Durante el sexenio de Héctor Astudillo, Guerrero encabezó repetidamente las listas nacionales de homicidios dolosos. Municipios como Acapulco, Chilapa o Iguala fueron epicentros de masacres, ajustes de cuentas y desapariciones. En respuesta, el gobierno estatal centró su estrategia en el despliegue de fuerzas federales: Ejército, Marina y Policía Federal (posteriormente Guardia Nacional) participaron en operativos conjuntos con una Policía Estatal débil, sin profesionalización ni herramientas.
Astudillo presumía la existencia de la Mesa de Coordinación para la Paz, pero en los hechos fue un espacio de gestión más simbólica que efectiva. La violencia bajó ligeramente a partir de 2018, pero más por acomodos entre cárteles que por la eficacia del Estado. Hubo pocos avances en inteligencia, nulo trabajo comunitario y una dependencia casi total del control militar.
Evelyn: tecnología, paz social y narrativa de transformación
Desde su llegada en 2021, Evelyn Salgado ha planteado una estrategia distinta. Su administración ha impulsado una política de seguridad más amplia, que incluye reconstrucción del tejido social, participación comunitaria, inversión tecnológica y modernización institucional. En 2024, el gobierno estatal destinó más de 328 millones de pesos a la reactivación del C5, instalación de 1,100 cámaras de videovigilancia y tendido de fibra óptica para mejorar la reacción operativa.
Además, Evelyn Salgado ha reforzado los mecanismos de control de confianza en las corporaciones: más del 99% de los elementos de seguridad han sido evaluados, y el 70.3% ya cuenta con certificación, con la meta puesta en el 100%. También se han implementado programas como Guerrero por la Paz y Guerreras de Paz, enfocados en barrios vulnerables, así como Ferias de la Paz en municipios prioritarios.
La narrativa oficial insiste en que "la paz se construye desde las comunidades", pero los hechos recientes muestran que la pacificación territorial del Estado sigue siendo frágil. Acapulco registró al menos 12 homicidios durante Semana Santa de 2025; en la Costa Chica, la violencia ha aflorado en comunidades afromexicanas; y el asesinato del alcalde de Chilpancingo en 2024, al acudir sin escoltas a un área dominada por "Los Ardillos", exhibe la intromisión criminal en la política local.
¿Diferencias de forma o de fondo?
Si bien la gestión de Evelyn Salgado ha mostrado voluntad de innovar y atender causas estructurales de la violencia, los resultados siguen siendo insuficientes. La comparación con Astudillo revela que, aunque los medios han cambiado —menos despliegue militar, más inversión social—, el fondo del problema persiste: falta recuperar el control completo en zonas donde los grupos criminales actúan como autoridad de facto, aunque se ha avanzado con algunos golpes contundentes.
Astudillo gobernó con una postura pragmática y de bajo perfil, evitando confrontar abiertamente a los cárteles. Evelyn Salgado, en cambio, promueve una imagen de gobierno progresista, con enfoque comunitario, pero los enfrentamientos entre los mismos grupos criminales y su rastro hemático visible le impide dar una percepción de mayor pacificación..
Conclusión: El reto pendiente
En Guerrero, ni el modelo militarizado ni el comunitario han logrado frenar la la percepción ciudadana de la violencia, alimentada por los constantes enfrentamientos entre las pandillas por los territorios. La ciudadanía sigue atrapada entre la narrativa oficial del cambio y la cruda realidad de balaceras, extorsiones y desplazamientos. El Estado necesita más que cámaras, programas o soldados: requiere reconstruir su legitimidad, proteger a su gente y enfrentar a los poderes fácticos que, elección tras elección, siguen cooptando instituciones y al parecer esa es la ruta actual de la gobernadora.
Es en ese sentido que aún se puede albergar la esperanza de que Guerrero podrá, dejar de ser tierra de guerra y convertirse, por fin, en un territorio de paz.
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