La situación por la que atraviesa el ex procurador
de Guerrrero, Alberto López Rosas, es del todo clara. Es desde cualquier ángulo
lógico que se le derive responsabilidad de la muerte de los dos normalistas de
Ayotzinapa, ocurrido el 12 de diciembre pasado en Chilpancingo, como autoridad
que es respecto de los elementos policiaco que acudieron al lugar de los
hechos, y porque según los avances de la investigación, al menos dos de ellos
dispararon y posiblemente causaron la muerte de los estudiantes.
En mi opinión no es asesino, pues no disparó, ni
andaba armado ni pudo llegar al luchar de los hechos; tampoco se le derivaría
como autor intelectual pues quienes le conocemos sabemos que nunca daría una
orden de que mataran a los jóvenes; su responsabilidad es de otra índole. Es
por haber ordenado a sus policías que fueran a un desalojo que no les
correspondia, haber permitido que fueran armados, o quizá no es que lo
permitiera, sino que no se enteró, o quizás no sabía que los desalojos los
hacen los antimotines, no los investigadores.
Aún más, falta ver si supo o no y si lo consintió o
no que sus policías investigadores, torturaran a algunos estudiantes, que a uno
de ellos le pusieran un arma larga en las manos y lo obligaron a disparar para
inculparlo falsamente y si supo o no que sus hombres de confianza, de los que
dijo que no dispararon, lo engañaron, porque hay evidencias de que sí lo
hicieron, como lo comprueba una foto que circula en diferentes medios donde se
ve el casquillo saltar de la recámara del arma del ministerial que López Rosas
dice no disparó. Si lo engañaron sólo sería ingenuo, pero si supo la verdad y
ha sabiendas mintió al decir que no dispararon y si sabía que se cambiaron la
ropa y se lavaron con cierto químico para que la prueba de disparo saliera
negativa, entonces estamos ante un ex procurador que encubre a sus agentes y
por lo tanto obstruye la justicia.
Como abogado el ex procurador sabe que eso tiene una
consecuencia legal y que lo mínimo era que lo cesaran de su cargo, pero además
penalmente ameritaría sanción.
Pero audaz como es, quizo ser más listo que la
autoridad y anunció que iba por su carta de no antecedentes penales para
registrarse como aspirante a un cargo de representación popular. Como no le han
hecho un juicio es posible que le dieran su carta y la usara como arma política
para decir que está libre de ese asunto, limpio, diría él, porque esa palabra
es más contundente, y el PRD lo tendría que registrar y si después le resultara
una acción legal en su contra acusaría persecución política.
En realidad con su anuncio sólo calaba la lealtad de
sus aliados locales y la catadura del actual encargado de despacho de la
Procuraduría de Guerrero, pero no previó la reacción del gobierno federal que
también lleva a cabo su propia investigación de los hechos del 12 de diciembre
y el peso que tuvo la petición en esta semana de un organismo internacional de
derechos humanos para que se dieran avances del caso.
Decir por tanto que es un perseguido político, es
simplemente una cortina de humo, para engañabobos, con el afán de burlar la
justicia en el caso de Ayotzinapa.
Por eso ahora llegó la Siedo a su casa. Quizás en el
gobierno local no lo quieran tocar por lealtad política, pero el gobierno
federal o tiene ese compromiso con él y sí tiene en cambio presiones
internacionales.
Quizá la responsabilidad de López Rosas, no sea
tanta como para que pise la cárcel como sí lo hizo Guillermo Sayas, el responsable
de llevar a la policía a la discoteca New Divine en junio del 2008 en el DF,
donde murieron varios jóvenes por un mal manejo de un operativo, pero si debe
quedar claro que tuvo responsabilidad en los hechos y que por eso fue al menos
cesado, lo que finalmente si le afecta políticamente porque representa el fin de su carrera en ese
terreno, aunque su despacho de abogado ganaría a un bien afamado litigante.
Con la detención de López Rosas, el caso podría
cerrarse, siempre y cuando él no diga a la autoridad investigadora que alguien
con más poder que él, le ordenó enviar a la policía investigadora a un desalojo
a donde no tenía que ir.
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