Conspiraciones
AGE mantiene
exigencia de cuentas públicas,
pero
Por
Jorge Romero Rendón
La Auditoría General del Estado (AGE) cerrará con un calendario de
entregas que van del 16 al 29 de febrero, la recepción de la Cuenta Pública anual 2011 y del Tercer Informe
Financiero Cuatrimestral del mismo año, en medio de un ambiente político enrarecido por los diputados salientes del Congreso
local, que recientemente exoneraron sospechosamente a 13 alcaldes que no han
cumplido cumplieron con la rendición de cuentas.
La entrega de cuentas públicas es una obligación ineludible de quienes gobiernan los ayuntamientos, tanto de
los alcaldes como de los síndicos, los tesoreros y los directores de obras
públicas, por lo que todos ellos están sujetos a fiscalización porque manejan
recursos públicos estatales y federales.
En ese marco, el requisito mínimo que deben cumplir todos ellos es
comprobar el buen uso del dinero público, de acuerdo a una metodología contable
que el actual titular de la AGE, Arturo
Latabán López ha promovido en cursos de capacitación. Latabán lleva un año
trabajando codo a codo con los alcaldes y sus funcionarios, por lo que ya nadie
puede llamarse a ignorancia en materia de contabilidad gubernamental.
Y si los 81 presidentes municipales que hay en Guerrero no se han robado
el dinero, son 81 las cuentas públicas que la AGE deberá recibir a partir de
mañana en una calendarización que otorga
todas las facilidades a quienes las presentarán, incluyendo un diagnóstico
preliminar que de inicio le indica a los alcaldes las fallas técnicas que
se les encuentre a sus informes, para que los corrijan antes de su recepción
definitiva.
Sin embargo, el optimismo no tiene cabida en la propia AGE, luego de que
apenas la semana pasada Latabán López
anunció la suspensión provisional de los tesoreros y directores de obras de los
ayuntamientos de Acatepec, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte y Copalillo.
Incluso los alcaldes de los primeros tres ayuntamientos mencionados habían sido
sujetos de una acusación formal de la AGE ante el Congreso local, para
revocarles el mandato ante su negativa de entregar cuentas a la máxima
autoridad fiscalizadora del estado.
Pero
Faustino Soto y sus secuaces abrieron negocio…
De hecho, la AGE había solicitado
al Congreso la revocación del mandato como alcaldes de Marino Miranda de
Teloloapan, Francisco Estrada Campos
de Cutzamala, de Esteban González de
Cochoapa, Roberto Almora de
Alpoyeca, de Leonel Angel Nava de
Quechultenango, y de Manuel Cuevas
de Apaxtla.
Ninguno de ellos ha entregado una sola cuenta pública, pero el Congreso
local, a iniciativa del presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto, los exoneró con el argumento
de que “no hay pruebas contra ellos”.
¿No es suficiente prueba la omisión de su obligación constitucional de
rendir cuentas, agravado por el hecho de tratarse de algunos de los municipios
más pobres de Guerrero?
Para colmo, con la misma mañosa
argumentación, los diputados cancelaron el requerimiento de juicio político que
la AGE había presentado en contra de los alcaldes de Malinaltepec, Coyuca
deBenítez, Cuetzala, Ahuacuotzingo, Marquelia, y de nuevo contra los de
Acatepec y Atlamajalcingo del Monte.
Lo curioso de esas exoneraciones estriba en que algunos de los
incumplidos alcaldes del PRD están siendo favorecidos con precandidaturas a
diputaciones federales de ese partido. El
caso que más llama la atención es el de Marino Miranda, edil perredista de
Teloloapan, quien habría “ganado” la encuesta que ese partido aplicó en el
Distrito 02 de la zona Norte, con cabecera en Iguala, y podría ser designado
candidato del PRD pese a que adeuda varios millones de pesos de cuyo destino se
desconoce el paradero, aunque hay denuncias en aquel municipio acerca del
enriquecimiento acelerado e inexplicable de Marino Miranda.
En ese marco, desafortunadamente es la legislatura de mayoría perredista
la que está poniendo el mal ejemplo, pues ya
se demostró que todo alcalde que desvíe recursos públicos o incluso se los
robe, tendrá garantizada la impunidad desde el Congreso del Estado.
Ojalá
que los esfuerzos de Latabán López por imponer la cultura de la transparencia y
de la rendición de cuentas no se vean alterados por la falta de probidad de
unos legisladores ávidos de negociaciones secretas para cobrarse “comisiones”
en donde las haya para financiar sus precampañas electorales.
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